La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inadmisible "por falta de legitimación activa" el recurso de la Diputación de Alicante contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, entre ellas el Tajo y el Segura.
En esta sentencia, con fecha de 22 de abril y contra la que no cabe recurso, el Alto Tribunal ha confirmado que el Decreto es "conforme a Derecho" y ha impuesto las costas a la parte recurrente.
La Diputación de Alicante había interpuesto un recurso contra esta normativa, centrado en la reclamación en los planes hidrológicos del Tajo y del Segura.
"Criterio consolidado"
El Tribunal Supremo se ha remitido a su criterio "consolidado y que es de plena aplicación" en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.
Entre los argumentos contemplados, ha recordado que las entidades locales "no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso- administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía".
En otra de las sentencias citadas, ha apuntado que "admitir la legitimación de un Ayuntamiento para impugnar una disposición general cuyos efectos se extienden a numerosos territorios y personas por el simple hecho de que afecte a concretos intereses de colectivos de ciudadanos de su municipio, supone tanto como reconocerle a las corporaciones locales una acción pública en defensa de la legalidad cuando de disposiciones generales se trate", lo que vulnera la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.
Este recurso de la Diputación de Alicante era uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha.
"Ofensiva judicial y política"
Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado la inadmisión de este recurso y han asegurado que "vuelve a dejar en evidencia la utilización de las instituciones públicas que están haciendo el PP y Vox en el Levante para sostener una ofensiva política y judicial a favor del trasvase Tajo-Segura".
Desde su punto de vista, se trata de "una nueva victoria jurídica y estratégica en defensa del Tajo, de sus caudales ecológicos y de los municipios de Entrepeñas y Buendía". "Con esta, ya son cinco las resoluciones del Tribunal Supremo que desarman una tras otra la estrategia de presión política del Levante contra los planes de cuenca del río Tajo".
"Y la justicia vuelve a ser muy clara: el trasvase no es un derecho adquirido, no es intocable, sino un aprovechamiento que no puede pasar por encima de la salud del propio río Tajo", ha señalado el presidente de los municipios ribereños, Borja Castro.
Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado que "no hacen falta más sentencias ni más jurisprudencia en este asunto" y que lo que requiere la situación actual son "decisiones políticas claras y actuaciones concretas".
En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, ha criticado que Ejecutivo central "ha prometido en numerosas ocasiones acabar con el trasvase Tajo-Segura, pero, sin embargo, está batiendo récord de envíos de agua desde la cabecera del Tajo a otras comunidades autónomas".