La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha analizado el decreto de creación de 500 plazas judiciales por parte del Ministerio de Justicia que dirige el socialista Félix Bolaños. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por EL MUNDO indican que se ha considerado positivo el incremento de la plantilla judicial ya que España tiene un déficit claro de jueces respecto a los países de su entorno.
Además, el Tribunal Supremo ha respaldado la tesis de su presidenta, la magistrada Isabel Perelló, de que la implementación de la plantilla judicial debe hacerse de forma planificada. Tras analizar el decreto del Ejecutivo, la presidenta dijo en el acto de entrega de despachos en Barcelona, ante el Rey Felipe VI, que se debía hacer "una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional" para aumentar la plantilla judicial en España. Fue un claro reproche a cómo estaba actuando el Ministerio de Justicia. Bolaños respondió entonces criticando que Perelló hubiera hecho un "discurso político".
Aunque en líneas generales la Sala de Gobierno del Supremo ha recibido como una buena noticia las nuevas 500 plazas judiciales, los magistrados han vuelto a resaltar la necesidad de reforzar la Sala de lo Social del Alto Tribunal.
En el decreto del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo ha previsto la creación dos plazas de magistrado en la Sala Primera o de lo Civil y otra plaza en la Sala Segunda o de lo Penal. Fuentes de este órgano explican que el tribunal solicitó dos plazas en la Sala Civil y otras dos en la Sala Cuarta o de lo Social mientras en ningún momento se reclamó un refuerzo en la Sala que enjuicia a los aforados -la Sala Penal-.
La Sala de Gobierno no se opone a la ampliación de la Sala que juzga a los aforados pero sí ha querido dejar constancia de que resulta "mucho más apremiante" para el tribunal reforzar la Sala de lo Social que preside la magistrada Concepción Ureste.
La razón es que en los últimos tiempos, esta Sala ha constatado como año tras año, se ha ido incrementando el número de asuntos ingresados por lo que la pendencia es muy alta y el tiempo que lleva dar respuesta a los recursos de los ciudadanos elevado. Además, se da la circunstancia de que la Sala de lo Social fue una de las más castigadas por el bloqueo que sufrió durante años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al ver cómo su plantilla quedaba mermada mientras el número de asuntos que ingresaban no dejaba de crecer. En la actualidad, este órgano está integrado por 13 magistrados.
En el Supremo ha llamado poderosamente la atención que el Ministerio de Justicia haya optado por ampliar la plantilla de la Sala Segunda y, en cambio, haya ignorado las dos plazas solicitadas por la Sala de Gobierno para la Sala Cuarta.
Fuentes consultadas enmarcan esta decisión en el deseo del Ejecutivo de forzar un vuelco ideológico en la Sala que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que juzgará próximamente al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.
Este informe de la Sala de Gobierno del TS responde a la petición que fue cursada por el órgano de gobierno de los jueces sobre las nuevas 500 plazas judiciales.
Tras un desencuentro inicial entre Perelló y Bolaños, el Ministerio y el CGPJ llegaron al acuerdo de que 375 plazas de ese medio millar serán de jueces por oposición mientras que 125 plazas podrán ofertarse en la próxima convocatoria del concurso para el acceso a la carrera judicial de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional, el conocido como cuarto turno.
De acuerdo con el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de magistrado podrá ser provista por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio profesional, que superen el curso de formación previsto en la misma norma.
Por otro lado, el Pleno del órgano que preside Perelló ha aconsejado llevar a cabo una reforma legal que "permita acortar los plazos de incorporación" de nuevos jueces y cubrir así con mayor rapidez las plazas ofertadas. Será la Comisión de Escuela Judicial el órgano encargado de elaborar una propuesta para la reforma de los artículos de la LOPJ que regulan el funcionamiento de la escuela y, en su caso, del plan para el curso de selección, obligatorio tras superar la oposición. Su duración actual es de dos años. La reforma propuesta por el CGPJ deberá producirse "sin merma de los estándares formativos".