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El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Senado en Madrid. EP El Supremo rebaja a 39.000 euros las costas procesales a García Ortiz tras su condenaLa Letrada de la Administración de Justicia admite de forma parcial la impugnación del ex fiscal general tras una primera tasación de 80.000 euros del abogado de González Amador
Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo
Viernes, 27 de marzo 2026, 12:02
Álvaro García Ortiz, para rebajar las ... costas procesales que le impuso la Sala por su condena por un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. el abono de 80.000 euros por los costes de los servicios jurídicos de las acusaciones personadas, pero éste recurrió y la Letrada de la Administración de Justicia del Supremo ha resuelto ahora reducir a más de la mitad, 39.000 euros, la tasación definitiva de las costas.La primera cantidad fue impugnada tanto por el abogado del Estado, en defensa de García Ortiz, como por la Fiscalía, y se hizo tanto por considerarlas «indebidas como excesivas». La estimación parcial del recurso, con la consiguiente reducción del importe tanto de la minuta del abogado de González Amador como del procurador, se debe a la exclusión aceptada por la letrada de la imposición de las costas de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa, y que sólo cabría imponer de haber mediado mala fe o temeridad.
Asimismo, el decreto conocido este vieres acuerda continuar la tramitación de la impugnación realizada por García Ortiz y la Fiscalía frente a la tasación de costas por excesivas, con remisión de las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española, para que se emita por el mismo el preceptivo informe del artículo 246.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, designe a otro Colegio de la Abogacía para la realización conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerció la acusación popular en la causa contra García Ortiz, que fue castigado a dos años inhabilitación para ejercer como fiscal general por estos hechos.
El órgano juzgador cifró en un primer momento en 79.942 euros las cargas del proceso judicial. En detalle, esta cuantía incluye la minuta del abogado de González Amador, que asciende hasta los 64.778 euros, a los que hay que sumarle 13.603 euros de IVA más 1.560 euros de los honorarios profesionales de la procuradora. La cifra total es casi cinco veces mayor que la multa y la indemnización impuesta a García Ortiz en la sentencia: 17.200 euros en concepto de indemnización y multa, que fue abonado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras una colecta, según comunicó el colectivo al que perteneció el condenado.
250 euros por sesión y 750 cada recurso
El letrado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito previo en el que esgrimió «una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal» para justificar sus honorarios. En concreto, manifestó que «nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró».
Y añadió para calcular las costas a una «pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento», el aforamiento de García Ortiz, la «destrucción» de archivos o la posición de la Fiscalía, favorable a la absolución del que fuera su máximo responsable. Por todo esto, el letrado avisó de «la falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas» y apuntó que ajustará sus honorarios en función de «los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid».
Por ejemplo, Rodríguez Ramos tasó en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios de las sesiones del juicio, cerca de una veintena, o en 750 euros cada uno de los recursos de apelación aportados al tribunal.
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