Las banderas de España, Reino Unido, Gibraltar y la UE, junto a la Verja que marca el paso a la colonia británica. Reuters
Política El Tratado con Gibraltar se hace público a sólo mes y medio de que entre en vigor y sin que el Gobierno informe al CongresoFuentes de la dirección del PP sostienen que "cualquier acuerdo sobre Gibraltar tiene que ser autorizado por las Cortes por razones constitucionales, por principio democrático y por sentido común".
El Gobierno de Picardo aprobó el acuerdo en seis reuniones maratonianas, entregó una copia a la oposición y organizó decenas de briefings con los sectores económicos.
Más información:El tratado con Gibraltar tiene fijado el 10 de abril para entrar en vigor y Moncloa mantiene en secreto su contenido.
Alberto D. Prieto Publicada 26 febrero 2026 02:42hLas claves nuevo Generado con IA
El texto jurídico del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar se hace público este jueves, según informó este periódico hace 10 días y tal como confirmó José Manuel Albares, el lunes a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas.
La Comisión Europea, negociadora oficial del documento con el Gobierno de Londres, lo publica a sólo mes y medio de la entrada en vigor, prevista para el 10 de abril, y sin que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya llevado al Congreso ni esté previsto debate alguno sobre el acuerdo en las Cortes.
La asimetría entre lo que se sabe a uno y otro lado de la Verja es total. En Gibraltar, el Gobierno de Fabian Picardo aprobó el documento hace más de un mes, ha entregado una copia a la oposición y ha mantenido briefings informativos con los sectores implicados.
En España, sin embargo, un texto que pretende cambiar la economía de todo el Campo de Gibraltar, y que implica a Exteriores, Interior, Hacienda, Transportes y Defensa, es una absoluta incógnita.
El Ejecutivo de la colonia británica en suelo español discutió el tratado en seis extensas reuniones de más de tres horas cada una, hasta su aprobación definitiva el 19 de enero. Desde entonces, la oposición del GSD ha reprochado a Londres haber "cedido demasiado" ante las exigencias españolas.
El PP denuncia que el Gobierno le ha marginado del acuerdo de Gibraltar: "Nos hemos enterado porque tenemos redes sociales"Sin embargo, el silencio ha sido la norma en la Península. Fuentes diplomáticas consultadas por este diario no ocultan su indignación: "Es una vergüenza que Sánchez tenga secuestrado el texto".
Desde la oposición, se añade que "hurtar el conocimiento y el debate sobre el acuerdo al PP y al resto de fuerzas políticas del arco parlamentario es una cacicada impropia de un país democrático".
Fuentes de la dirección del Partido Popular, en conversación con este diario, sostienen que "cualquier acuerdo sobre Gibraltar tiene que ser autorizado por las Cortes Generales por razones constitucionales, por principio democrático y por sentido común".
Filtraciones del contenido
Frente a esa acusación, Albares alegó el lunes desde Bruselas que "todos los puntos de ese acuerdo son conocidos". Si bien lo que se conoce son generalidades o filtraciones interesadas.
Según ha publicado la prensa de la Roca, el artículo 2 incluye una cláusula que establece que nada de lo firmado "constituirá base para afirmar o negar la soberanía" sobre Gibraltar.
En cuanto a los controles fronterizos: se elimina la Verja, pero se crea un sistema de "doble entrada" en puerto y aeropuerto (con agentes gibraltareños y guardias de fronteras españoles), para integrar esos puntos en el espacio Schengen.
La oposición de la colonia británica rechaza que los guardias españoles puedan "efectuar arrestos y otras medidas coercitivas" en esas instalaciones.
Los militares británicos podrán entrar y salir de Gibraltar (y del espacio Schengen) sin pasaporte, visado ni controles. Y Londres mantiene el control total de la base naval y el aeródromo militar.
El modelo de unión aduanera se prevé "a medida con la UE", es decir, libre movimiento de mercancías con España, con una transición hacia un nuevo impuesto de transacciones del 15%, que escalará al 17% en 2028.
Así, los previos ventajosos en tabaco y alcohol desaparecerán, al aplicarse los tipos mínimos de impuestos especiales de la UE.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el comisario Maros Sefcovic; el viceprimer ministro británico, David Lammy; y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, el día del acuerdo. MAEC
En cuando al orden jurídico, operará la jurisdicción del TJUE: aunque sea considerado territorio británico, la colonia de Gibraltar quedará sujeta a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Por las redes sociales"
Albares reivindica "transparencia" en la negociación, frente a las críticas por haber permitido al menos tres reuniones con Picardo a la mesa, sentado "de igual a igual" con el Gobierno de España.
El ministro alegó haber informado "personalmente tanto a los representantes del Campo de Gibraltar —todos sus alcaldes, la Junta de Andalucía, la Diputación— como a los actores socioeconómicos" y haber rendido cuentas "en un pleno monográfico en el Congreso".
Sin embargo, en aquella comparecencia de octubre de 2025 Albares no mostró el documento, bajo estricto secreto mientras era revisado por letrados de Bruselas y Londres. El PP denunció haber conocido el pacto "por las redes sociales".
Es más, las fuentes citadas en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo insisten ahora en que "Gibraltar y Reino Unido no pueden ser premiados por el Brexit". Y que, con tanto oscurantismo, "hay muchas cuestiones por aclarar".
ONU: "Pendiente de descolonización"
Dos meses después, se anunció el acuerdo político definitivo, el 17 de diciembre. Y hasta ahora, ni los grupos parlamentarios ni la opinión pública han tenido acceso al articulado.
En la Roca, el proceso ha sido el opuesto. El líder de la oposición, Keith Azopardi, recibió una copia íntegra del texto el 10 de febrero, en una reunión de cinco horas "bajo estrictas condiciones de confidencialidad".
El Gobierno de Picardo organizó además numerosas reuniones informativas con la Cámara de Comercio, las patronales, el sector financiero y los operadores turísticos.
Acuerdo final por Gibraltar: la UE, Madrid y Londres cierran el tratado para fijar la relación tras el Brexit de la colonia con la UEFuentes de Bruselas señalan que, "en la mejor de las coyunturas posibles", el Gobierno de España ha renunciado, "a la reivindicación histórica sobre la soberanía del Peñón, que conforme a Naciones Unidas sigue siendo un territorio no autónomo, pendiente de descolonización".
A juicio de este experto, "se perpetúa una colonia en territorio europeo, en este caso español".
Además, esta misma fuente critica que "se permite a los ciudadanos y sociedades gibraltareños disfrutar de un régimen injustificado de ventajas fiscales".
Y por otro lado, no sólo "se desmantela la Verja construida en 1909 por el Reino Unido en territorio usurpado del istmo", sino que se hace "a cambio de un fantasmagórico espacio de prosperidad común".
Calendario acelerado
El calendario es una carrera contra reloj. El Parlamento de Gibraltar debatirá una moción la primera semana de marzo para pedir al Reino Unido que ratifique el acuerdo.
En Westminster, el tratado seguirá el procedimiento de la reforma constitucional de 2010, que ofrece 21 días hábiles para el escrutinio.
La Eurocámara necesita acceder al texto antes del pleno del 9 al 12 de marzo en Estrasburgo. Si no, la última ventana sería el minipleno del 25 y 26 de marzo en Bruselas. Fuentes europeas advierten del "cortísimo plazo" para su estudio.
El sector empresarial gibraltareño, pese a apoyar el tratado, ha expresado "frustración, preocupación e ira", según la prensa de la Roca.
La Federación de Pequeñas Empresas y la Cámara de Comercio han enviado una carta abierta con cinco demandas urgentes, entre ellas "ayudas fiscales de transición" y protección de la "identidad comercial británica".
En España, la incógnita sigue abierta. Moncloa no ha aclarado si someterá el acuerdo a un debate formal o se limitará a "tomar razón" de un pacto negociado por la Comisión, pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy negoció que España tendría "siempre la última palabra" sobre cualquier acuerdo relativo a Gibraltar.
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