El informe -en plena tormenta por el 'caso ZP' y rescate a Plus Ultra- advierte de que Economía aprobó extensiones sin revisar expedientes y que las validaciones automáticas «no fueron suficientes para asegurar todos los requisitos»
Regala esta noticia Añádenos en Google Fachada de la sede del ICO (Instituto de Crédito Oficial), en el Paseo del Prado de Madrid. (Eduardo Parra) 29/05/2026 Actualizado a las 13:23h.«No se realizaba revisión alguna del contenido de esa documentación»; las validaciones automáticas «no fueron suficientes para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos»; ... en 69 extensiones millonarias «no se había cumplido este procedimiento de autorización previa por el ICO»; las dilaciones produjeron «efectos indeseados»; el organismo se vio obligado reclamar avales «indebidamente abonados» por no haber revisado antes las operaciones...
rescate del Plus Ultra durante la pandemia a través de la SEPI que ha costado la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, el Tribunal de Cuentas ha puesto cifras a la trastienda de las líneas de avales ICO Covid, el mayor escudo público activado durante la pandemia para sostener la liquidez de empresas y autónomos, junto -precisamente- al fondo de rescate Fasee de la SEPI.El informe, aprobado el 28 de mayo de 2026, concluye que el instrumento fue eficaz para la supervivencia empresarial, pero detecta innumerables fallos de gestión, control, seguimiento y calidad de datos en una medida que movilizó más de 140.736 millones de euros de financiación, con más de 107.020 millones avalados. «Los avales que finalmente podría tener que afrontar el ICO» rondan los 6.800 millones y -asegura el documento- una vez descontada la dotación prevista del fondo, «la diferencia, unos 3.800 millones de euros», sería el coste que «finalmente podría tener esta medida para el Estado», zanja el supervisor.
El ICO omitió controles previos en 69 extensiones a grandes beneficiarios, con 288 millones financiados y casi 200 avalados
La fiscalización de esta entidad dependiente del Ministerio de Economía se centra en las líneas gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial entre 2020 y 2022 y analiza cumplimiento normativo y evolución de las operaciones. El balance tiene dos caras. Por un lado, el Tribunal sostiene que los avales «constituyeron un instrumento eficaz de apoyo financiero para la supervivencia empresarial y mejora de la liquidez». Por otro, advierte de que esa eficacia convivió con «debilidades» en los sistemas de control y con incidencias en Banc@ico, la herramienta utilizada para gestionarlas.
El principal reproche se concentra en las extensiones de los préstamos avalados. Las entidades financieras comunicaban las modificaciones al ICO a través de Banc@ico y la aplicación verificaba de forma automática que la documentación requerida estuviera cargada. Pero el Tribunal subraya que esas comprobaciones se quedaban en la superficie: «No se realizaba revisión alguna del contenido de esa documentación». Esa carencia impedía comprobar requisitos como la morosidad del deudor, procedimientos concursales, mantenimiento de actividad, determinadas condenas o prohibición de repartir dividendos.
«No fueron suficientes»
El informe es tajante: las validaciones automáticas «no fueron suficientes para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de las extensiones de las operaciones». El ICO, añade, solo rechazó las solicitudes que no adjuntaron la documentación requerida o no pagaron la comisión adicional. La recomendación del Tribunal es que, para futuras líneas, se establezca «algún control complementario» que alcance al registro de las modificaciones y «a la revisión del contenido de la documentación exigida y cargada».
La falta de control -afirma el TC- impidió revisar requisitos como la morosidad, procedimientos concursales, mantenimiento de actividad, condenas o prohibición de repartir dividendos
El problema se agrava en las operaciones de mayor volumen. Para los beneficiarios con financiación individual o acumulada superior a 50 millones de euros, el ICO había previsto una verificación documental previa. Sin embargo, el Tribunal detectó 69 extensiones correspondientes a nueve beneficiarios, con 288,2 millones de financiación y 199,6 millones de aval, en las que «no se había cumplido este procedimiento de autorización previa por el ICO». Eran operaciones que, por importe, exigían un control reforzado.
La revisión también localizó datos anómalos en la aplicación. El Tribunal señala que Banc@ico seguía acumulando errores e incongruencias pese a las correcciones realizadas tras una fiscalización anterior. Detectó 11.176 beneficiarios con fondos propios negativos y, en algunos casos, cifras distintas para el mismo NIF y ejercicio; 64 operaciones cuya fecha coincidía con la constitución de la empresa; 709 anteriores a esa constitución; empresas mal clasificadas; errores en interés, TAE o comisiones; y operaciones con importes «incongruentes o carentes de sentido económico».
Incidencias absurdas
Algunas incidencias rozan lo absurdo administrativo. El informe cita operaciones con importes de crédito y aval inferiores a un euro y una operación de un euro, avalada por 80 céntimos, con una extensión de vencimiento hasta diciembre de 2026. También recoge 502 cuotas impagadas en las que se abonaron avales inferiores a un euro, incluso de cero o de un céntimo, y extensiones con capital vivo inferior a diez euros. Para el Tribunal, esos datos revelan que la base no era fiable.
La fase de impagos añade otro flanco. A partir de octubre de 2021, el aumento de comunicaciones provocó retrasos en la verificación de operaciones. Esas dilaciones, afirma el Tribunal, produjeron «efectos indeseados», como el abono de avales en operaciones que después fueron invalidadas. El ICO tuvo que reclamar a las entidades financieras esos importes «indebidamente abonados» porque la revisión no se había completado antes del pago. Al cierre de los trabajos, aún no se había revisado todo lo comunicado desde abril de 2024.
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