Desde su compra hasta su efectividad, pasando por la gestión del servicio. El sistema de pulseras antimaltrato que gestiona el Ministerio de Igualdad tiene "graves deficiencias". Así lo sostiene el Tribunal de Cuentas en un informe publicado este miércoles que analiza los contratos ejecutados en los años 2018, 2021 y 2023 por un importe total de 102,6 millones de euros.
El análisis del sistema de seguimiento por medios telemáticos responde a un compromiso del máximo órgano fiscalizador del sector público para este ejercicio después de que la Fiscalía alertara en su Memoria del año pasado sobre los "múltiples fallos" en estos dispositivos.
Ante esta circunstancia, el Tribunal de Cuentas ha analizado los contratos para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023 (este último vigente hasta mayo de 2026). De los más de 100 millones de euros de gasto público, 42,6 millones correspondían al contrato de 2023, en parte financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Asimismo, se ha analizado un contrato menor relacionado con el objeto de la fiscalización por importe de 12.706,21 euros.
El órgano fiscalizador concluye que "se produjeron graves deficiencias en la ejecución durante prácticamente toda la vigencia del contrato". Según su análisis, "los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización, baterías deficientes y plazos excesivos en las reparaciones".
En concreto, en los contratos de 2018 y 2021 "no se previó un Plan de Transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones". El informe señala que éste plan es "imprescindible, además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario". El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente por lo que hubo de procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de 2023.
Según publicó EL MUNDO, esta fue una de las principales irregularidades que ocasionaron los fallos asociados al último contrato, adjudicado durante la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad. Entonces, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el servicio integral de las pulseras antimaltrato -bajo la condición de elaborar un plan para trasvasar la información relativa a los usuarios de este sistema de una empresa a otra- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Vodafone y Securitas Seguridad pese a haber calificado de "deficiente" y "poco preciso" el plan diseñado por los adjudicatarios.
En esta línea, "en la fase de transición del contrato se produjeron deficiencias que afectaron a la prestación del servicio, principalmente, por los problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes". "Esta situación, derivada de falta de entendimiento entre la adjudicataria saliente y la entrante, se mantuvo hasta diciembre de 2024", lo que propició la intervención de Igualdad.
Asimismo, sobre la fase de ejecución de este contrato (2023-2026), el Tribunal de Cuentas señala que "las memorias presentaron deficiencias que, si bien fueron subsanadas en su mayor parte con posterioridad, como consecuencia de los trabajos de fiscalización, indican una insuficiente supervisión previa".
Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024 momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de igualdad pone en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución.
Por lo general, el Ministerio de Igualdad "no hizo un seguimiento del contrato adecuado" y el Plan se Seguimiento ejecutado "no fue suficiente". Además, pese a los "incumplimientos contractuales advertidos", no fueron impuestas "penalidades, más que en un caso".
"Complejidad técnica"
El órgano fiscalizador también ha detectado una irregularidad durante la preparación de los contratos: "No se utilizó la facultad potestativa de realizar consultas preliminares de mercado en la fase preparatoria, pese a la complejidad técnica y la criticidad del servicio, lo que hubiera constituido una buena práctica".
En esta línea, destaca que "los expedientes se tramitaron con carácter urgente, procedimiento que implica la reducción de los plazos a la mitad, basándose, principalmente, en la necesidad de continuidad del servicio, circunstancia conocida y previsible con antelación suficiente como para haber tramitado un procedimiento abierto ordinario".
Frente a esta realidad recogida en el documento, el Tribunal de Cuentas recomienda "asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización de la mejor tecnología que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas".
También propone "adoptar las medidas necesarias dirigidas a la mejora de la programación de las necesidades con el fin de evitar la tramitación urgente del expediente", así como "revisar y reforzar los mecanismos de control interno previos a la aceptación formal de las memorias".
Por otra parte, considera recomendable "reforzar el nivel de exigencia del Plan de Transición en los pliegos del contrato y prever desde su inicio mecanismos de supervisión continua" y la "ejecución del mecanismo de supervisión y seguimiento y adoptar las medidas contractuales previstas en la LCSP, como la imposición de penalidades económicas ante los incumplimientos que se detecten, de manera proporcional a la gravedad de las deficiencias que sean constatadas".
Por último, propone realizar "verificaciones técnicas periódicas de la seguridad del sistema".
Esta es la primera vez que se fiscalizan los medios telemáticos de seguimiento y prohibición de aproximación (disponibles para su instalación en todo el país desde 2009).