El Tribunal de Cuentas fiscalizará la la contratación y el control de las pulseras antimaltrato, cuyos "múltiples fallos" fueron denunciados en septiembre de 2025 por la Fiscalía General del Estado en su Memoria para 2024. Se trata de una iniciativa propia a instancia del máximo órgano fiscalizador del sector público, y que consta en su Programa de Fiscalización 2026, presentado ante los medios en un encuentro informativo con su presidenta, Enriqueta Chicano, previo al Encuentro de Alto Nivel de nueve Presidentas de las entidades fiscalizadoras superiores de la Unión Europea, que tendrá lugar este martes.
Este itinerario, aprobado por el Pleno el 18 de diciembre del año pasado, también prevé auditar las subvenciones para la mejora integral del servicio de teleasistencia para víctimas de violencia machista, así como la creación y puesta en funcionamiento de los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual. El periodo de aprobación de las tres fiscalizaciones está previsto, de forma orientativa, entre 2026 y 2027.
A pesar de haber sido el año con menos asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas (46), la violencia de género y los mecanismos del Estado para evitarla fueron uno de los temas centrales de la última mitad de 2025. Y su gestión -desde el escándalo de los fallos en las pulseras, que volvieron a reportar disfunciones a mediados de noviembre, hasta el terremoto interno por la gestión de denuncias de acoso sexual en el PSOE- le ha costado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, una caída pronunciada en la última valoración de ministros elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO.
La delicadeza de la materia ha llevado al Tribunal de Cuentas a considerar como "áreas de riesgo" a los tres objetos a fiscalizar este 2026. En esta línea, será también la primera vez que se fiscalicen los medios telemáticos de seguimiento y prohibición de aproximación (disponibles para su instalación en todo el país desde 2009). El Tribunal se une así a la acción de la Unión Europea, que ya a mediados de noviembre del año pasado avisó de que examinaría el funcionamiento de las pulseras antimaltrato, una medida financiada con los fondos Next Generation.
Cabe destacar que el órgano de fiscalización aún no ha diseñado las directivas técnicas para proceder con sus auditorías. Si bien el Tribunal tiende a acercar lo máximo posible al presente el intervalo de tiempo a fiscalizar, fuentes del Tribunal de Cuentas indican que la rendición de cuentas de las instituciones fiscalizadas, que suele dilatarse aproximadamente un año, dificulta que los informes estén al pie de la actualidad.
Mujeres en el control externo en la UE
Estas fiscalizaciones específicas se encuadran dentro de los esfuerzos del Tribunal por incluir la igualdad -además de la sostenibilidad y la transparencia- como objetivo transversal, un trabajo desempeñado desde 2015. En esta línea, el porcentaje de informes con análisis de igualdad ha aumentado casi un 20% en los últimos tres años, pasando de un 51% en 2022 a un 70,6% en 2025.
Así, el Tribunal de Cuentas de España ha organizado, al alimón con el de Portugal, ha organizado un encuentro que tendrá lugar este martes y que "visibiliza un cambio institucional relevante" porque "por primera vez existe una presencia creciente de mujeres en las máximas responsabilidades del control externo en la Unión Europea", según han explicado fuentes del organismo.
Además de la igualdad dentro de las instituciones, se abordará las formas de fiscalización de la misma en los diferentes países o la presupuestación con enfoque de género, entre otras cuestiones.