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Isabel Díaz Ayuso en un acto en el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal Efe El Tribunal de Cuentas investigará si Ayuso perdonó 71 millones a la sanidad privadaEl caso, denunciado por el PSOE, afecta a Quirón, que mantiene estrechas relaciones comerciales con el novio de la presidenta, y a Ribera Salud
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Martes, 17 de marzo 2026, 14:01 | Actualizado 14:41h.
... empresas privadas que prestan servicio sanitario en la Comunidad de Madrid. El órgano fiscalizador ha acordado formalmente la apertura de una «pieza de acción pública», en la terminología del organismo, tras admitir la denuncia presentada el pasado 20 de febrero por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional, que acusa al Ejecutivo madrileño de un millonario menoscabo en las arcas públicas derivado de la falta de cobro de 71,6 millones de euros a Quirón y Ribera Salud.La investigación es especialmente sensible para Isabel Díaz Ayuso en el plano personal, ya que su pareja Alberto González Amador ha trabajado para el grupo Quirón Salud en asuntos comerciales. Precisamente, la investigación judicial al empresario -que derivó en la acusación por doble delito fiscal, que luego se filtró y que le acabó costando el puesto al exfiscal general Álvaro García Ortiz- se habría producido a través de la mercantil Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, y de una sociedad pantalla de esta: Masterman Sociedad Limitada.
Estas firmas y el novio de la presidenta madrileña están también imputados en otro procedimiento por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por el supuesto pago de un soborno al entonces presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, a cambio de una comisión de dos millones de euros en la compraventa de mascarillas en plena pandemia. Estas irregularidades habrían tenido lugar coincidiendo temporalmente con el periodo en el que la administración autonómica dejó de reclamar las citadas cuantías millonarias a la concesionaria Grupo Quirón.
1.300 millones al año
El sistema de facturación bajo sospecha que ahora va a analizar el Tribunal de Cuentas se fundamenta en el modelo de libre elección de centro, que permite a los usuarios ser atendidos fuera de su zona de referencia. En la región operan cinco hospitales públicos de gestión privada: cuatro de Quirón (Valdemoro, Móstoles, Villalba y la Fundación Jiménez Díaz) y uno de Ribera Salud (Torrejón).
El mecanismo de «balance intercentros» obliga a que cada hospital facture al centro de origen el coste de los pacientes externos. Sin embargo, un documento interno de la Consejería de Sanidad revela que entre 2017 y 2023 la sanidad pública dejó de ingresar 71.653.032 euros por «no encontrar documentación de la actividad clínica», lo que impidió el cobro automático de los servicios. Por el contrario, en el mismo periodo, las empresas privadas ingresaron 1.268 millones facturados al sistema público por este mismo concepto.
La denuncia del PSOE, admitida ahora por el órgano fiscalizador, señala una «presunta responsabilidad contable» por el «deficiente seguimiento y control de la facturación». Según los datos aportados por los socialistas, la administración autonómica habría incurrido en «infracobros, posible prescripción de derechos y posible ocultación de información».
Según la documentación aportada a Cuentas, el impacto económico de estas facturas no reclamadas ha sido creciente, alcanzando su máximo en el último ejercicio cerrado. En 2017, la cifra fue de 10,4 millones de euros; en 2018, de 10 millones; y en 2019, de 10,5 millones. Tras un periodo de ligera reducción entre 2020 y 2022, el saldo negativo para las arcas públicas se elevó hasta los 11,7 millones de euros en 2023. Esta situación se produce mientras la Comunidad de Madrid paga sistemáticamente por encima de lo presupuestado a estas empresas. Entre 2019 y 2024, abonó un sobrecoste de 2.354 millones respecto a lo inicialmente previsto: 2.208 millones destinados a Quirón y 146 millones a Ribera Salud. La factura total en esos seis años para los cinco centros concesionados ascendió a 6.663 millones de euros, una media de 1.300 millones anuales.
«Modelo parasitario»
El organismo fiscalizador, según fuentes cercanas a la investigación recién abierta, va a poner el foco en primer lugar en el Manual de Facturación Intercentros, que es el que establece las normas burocráticas para el cobro de servicios. El propio manual reconoce que los «subsistemas de información» de los hospitales de gestión directa cuentan con «códigos pendientes de normalización», una carencia técnica que ha facilitado que las empresas privadas eludan el pago de los tratamientos asumidos por la red pública madrileña.
Desde el Ministerio de Sanidad, la titular, Mónica García, ha calificado el escenario de «modelo parasitario», denunciando que «la privada factura a la pública para tratar a los pacientes más rentables, pero cuando el flujo es inverso se pierden 71 millones por el camino».
La portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar, ha celebrado este paso para demostrar que el Ejecutivo regional pudo «perdonar» estas cuantías sin la debida justificación. Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha manifestado que «los regalos de Ayuso a Quirón y Ribera Salud no van a quedar impunes», vinculando la pérdida de ingresos públicos con el hecho de que en la región se haya vuelto a «superar el millón de personas en listas de espera».
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