Ocho días después de que el Tribunal de Justicia de la UE concluyera que la Ley de Amnistía es compatible con normativa comunitaria, el Tribunal Supremo ha aplicado la medida de gracia a ocho condenados por delitos de desobediencia o de desórdenes públicos.
Así lo ha hecho público la Sala de lo Penal del Supremo en cuatro autos en los que declara extinguida la eventual responsabilidad penal de estas personas, entre las que figura el ex presidente del Parlament catalán Roger Torrent, que fue condenado junto a los miembros de la Mesa Josep Costa i Roselló, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado Herreros por un delito de desobediencia relacionado con el procés.
En concreto por admitir a trámite dos iniciativas parlamentarias, una que reiteraba el derecho a la autodeterminación y otra que reprobaba a la monarquía. Todo ello, a pesar de que el Tribunal Constitucional había anulado con anterioridad resoluciones del Parlament de esta naturaleza y advertido que este tipo de iniciativas no se podían permitir.
En este proceso, los encausados fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en noviembre de 2022. La Fiscalía recurrió esta decisión en casación, aunque la resolución quedó paralizada a la espera de que el Tribunal Constitucional resolviera si la Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2024, era o no constitucional. La última decisión del TS declara extinguida la eventual responsabilidad penal y declara de oficio las costas causadas.
El quinto amnistiado es Maties Serracant, ex alcalde de Sabadell, que fue condenado en mayo de 2023 por poner a disposición recursos municipales para la celebración del referéndum del 1-O.
Los otros tres son individuos vinculados a los desórdenes que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia procés: dos de ellos condenados en 2021 y el tercero, en 2022.