El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al dirigente de ERC y ex consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y al ex líder de ICV, Joan Herrera, como cooperadores necesarios de un presunto delito de prevaricación por el que está siendo investigado también en el Tribunal Supremo quien fue alcalde de Altafulla (Tarragona) y ahora diputado en el Congreso, Fèlix Alonso Cantorné. Este último es representante de los Comunes en la Cámara Baja y ex primer edil de la localidad tarraconense.
La sala Civil y Penal del TSJC ha acordado asumir la competencia para la instrucción de una causa iniciada en la plaza 4 del Tribunal de Instancia de El Vendrell (Tarragona) por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas por parte del Ayuntamiento de Altafulla. El Supremo ha abierto otra investigación por la misma causa que atañe al mencionado alcalde de la localidad.
En concreto, el TSJC investiga los contratos menores que el Consistorio de la localidad acordó y firmó, entre 2017 y 2019, con Sinergia, una consultora de la que Elena y Joan Herrera (ex dirigente de Iniciativa) eran los principales responsables. En ese momento, Elena no ocupaba ningún cargo político: había roto el carné del PSC en 2014 y en 2021, tras un progresivo acercamiento a ERC, fue nombrado consejero del Govern de Pere Aragonès. Actualmente, es diputado de los republicanos en el Parlament. Herrera, por su parte, fue diputado en la Cámara catalana hasta 2015, cuando se retiró de la política activa.
La investigación constata que Sinergia recibió pagos mensuales de 1.300 euros (más IVA) durante más de un año -en 13 facturas, más otras 9 fuera de contrato- por un supuesto "contrato de asesoramiento jurídico externo". Según la ley, los contratos no pueden largarse más de un año. Sin embargo, consta que la consultora emitió un total de 22 facturas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, por un importe total de 25.000 euros más 5.259,80 euros de IVA, que superaron el precio del contrato que era de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA.
Asimismo, se investiga a la adjudicación a Sinergia, también mediante la figura del contrato menor, de los pliegos para la planificación del Casal municipal de La Violeta, por la que la consultora cobró 5.000 euros sin IVA, si bien "se trataba de una de las tareas que habitualmente eran realizadas por el personal municipal".
"Existen indicios sólidos de que la infracción del ordenamiento jurídico, en concreto de la legislación en materia de contratación pública, ha sido suficiente como para justificar una investigación judicial por un presunto delito de prevaricación administrativa", sostiene en TSJC en consonancia con la posición del Tribunal Supremo en un auto consultado por este periódico.
"Si bien la autoría material del presunto delito de prevaricación administrativa solo sería posible atribuírsela, presuntamente y en su caso, a quien fue alcalde del municipio de Altafulla entre los años 2011 a 2019 -Fèlix Alonso Cantorné- (...) "también concurren los elementos descritos" como supuestos "cooperadores necesarios del indicado delito de prevaricación" en Elena y Herrera puesto que, "como administradores de la mercantil Sinergia EDM, se prestaron presuntamente a otorgar de forma directa, sin publicidad ni licitación alguna y sin los informes preceptivos o en contra de ellos" la prórroga de un contrato "calificándolo de menor, por servicios de asesoramiento".
Considera el tribunal que se habría hecho un uso indebido de la prórroga y de la figura del contrato menor, que se habría actuado en contra de los informes desfavorables de la interventora municipal y en ausencia de los informes necesarios del Secretario del Ayuntamiento, y que se habría contratado a empresas dirigidas por personas que "supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar En Comú Podem)".