A la vuelta de las pasadas vacaciones de verano, Pablo Notario abrió el buzón de su casa, ubicada en la población barcelonesa de Sant Cugat, y encontró una tarjeta sanitaria a nombre de un ciudadano que, por sus apellidos, parecía de origen extranjero. No concedió mayor importancia al episodio, pero al cabo de unos días se topó en el buzón con un documento del censo electoral a nombre de otra persona, también de aparente procedencia foránea. Así que decidió llamar a la policía municipal al sospechar que alguien se había empadronado en su domicilio, en el que únicamente vive con su mujer.
El Ayuntamiento no sólo confirmó sus sospechas, sino que le comunicó que hasta ocho individuos se habían registrado fraudulentamente en su dirección y le remitió el listado antes de darles de baja automáticamente. Todos eran inmigrantes: siete de ellos, de procedencia árabe y otro latina.
«La primera sensación de fue de ignorancia. Me sorprendió la facilidad con la que una persona se puede empadronar en tu casa. No te hace ninguna gracia que hayan domiciliado correos o carnés de salud En ese momento tenía el piso puesto a la venta y temí que quisieran ocupármelo.
Imagen del documento en el que el Ayuntamiento de Sant Cugat da de baja a las ocho personas empadronadas ilegalmente en una viviendaDebieron aprovecharse de eso. Tuvieron que pensar que nadie se daría cuenta porque no habría nadie viviendo allí», relata este arquitecto de 36 años a EL MUNDO y prosigue: «Después, te das cuenta de lo evidente, de que lo triste es que hay una mafia que ha ganado muchísimo dinero con estos inmigrantes; que ha visto una vía para cobrar a esta gente y empadronarlos para que puedan acceder de una forma fácil a servicios sociales».
NO ES UN CASO AISLADO
El de Pablo no fue un caso aislado. El Ayuntamiento de Sant Cugat, de 97.000 habitantes y gobernado por Junts, ha dado de baja del padrón municipal a 4.000 personas en el último año tras comprobar que no residían en el municipio.
Además, ha endurecido el control del registro: aunque el trámite se puede iniciar telemáticamente, ha pasado a ser obligatorio para completarlo acudir físicamente al Ayuntamiento a identificarse en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud. De lo contrario, se activa automáticamente una inspección domiciliaria para corroborar la identidad del empadronado. A ello se suman más inspecciones aleatorias para detectar fraudes y sobreocupación de pisos con mucho movimiento de convivientes empadronados.
En paralelo, el Consistorio ha propuesto aumentar de tres a diez los años mínimos de empadronamiento en la localidad para acceder a un piso social, en un movimiento muy similar al que PP y Vox acaban de plasmar en el pacto de Gobierno de Andalucía, en el que defienden «el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» para «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» con el fin de garantizar «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable». Los populares insisten que «no se filtrará en función del pasaporte».
Tampoco lo hacen en Sant Vicenç de Castellet, una pequeña localidad de 10.000 habitantes situada en el corazón de Cataluña, muy cerca de Manresa, que decidió elaborar hace un año una ordenanza específica contra «el fraude en el empadronamiento». Su alcalde, Dani Mauriz, también de Junts, es tajante: «La normativa dice que quien vive aquí tiene que estar empadronado. Pero, si estás viviendo en Melilla o Murcia, gasta sus recursos y no los de Sant Vicenç de Castellet».
Dani MaurizMauriz describe que han encontrado hasta 15 personas empadronadas en un domicilio, cuando las cédulas de habitabilidad marcan un máximo de seis convivientes. «Gente de aquí y de países diferentes», subraya. «Encontramos de todo. Esta ordenanza quería evitar la discrecionalidad. No inspeccionamos porque viven amarillos o azules. Inspeccionamos porque en aquella vivienda hay registradas 15 personas y queremos contrastar si realmente viven allí», insiste.
¿El resultado? Que en el último año el Ayuntamiento ha dado de baja a 400 personas del padrón. «No es poco», celebra el edil, que reconoce que anteriormente se emitían «volantes exprés de empadronamiento» sin prácticamente ninguna comprobación: «salían con el padrón en la boca». Ahora, además de las inspecciones, se ha activado un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros.
En la población gerundense de Olot, de 39.000 habitantes y también gobernada por Junts, se han dado de baja del padrón a 1.300 personas en el último año tras llevar a cabo 700 inspecciones. Su alcalde, Agustí Arbós, defendió al comunicar las cifras que «se estaba cometiendo fraude y, por tanto, desequilibrando los recursos públicos del Consistorio».
El PP pretende que se lleve a cabo una política similar en Barcelona. Daniel Sirera, presidente de los populares en el Ayuntamiento de la capital catalana, propuso en el pleno municipal del pasado mes de mayo una serie de medidas para combatir los empadronamientos fraudulentos y reforzar las garantías de los propietarios y titulares legítimos de las viviendas.
Entre las iniciativas defendidas figuraba la creación de un sistema de alerta automática que notificara de forma inmediata, mediante SMS, aplicación móvil o correo electrónico, cualquier alta, baja o modificación que afecte al padrón de un inmueble. El objetivo es que los propietarios o titulares puedan conocer al instante cualquier cambio y, en caso de detectar una irregularidad, actuar con rapidez para evitar situaciones de fraude.
«Es una medida de puro sentido común. Aporta más transparencia a la administración, refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos y ofrece una mayor tranquilidad a los propietarios. Los ayuntamientos ganarían credibilidad y los vecinos tendrían una herramienta eficaz para proteger sus viviendas frente a posibles empadronamientos irregulares», señala Sirera a este periódico.
Actualmente, muchos ciudadanos desconocen que existen personas empadronadas en sus viviendas hasta que realizan una consulta expresa o reciben alguna notificación administrativa. «No puede ser que un propietario descubra de la noche a la mañana que tiene siete personas empadronadas en su domicilio sin saber quiénes son y que, además, para corregir esa situación, tenga que enfrentarse a un auténtico laberinto burocrático. La consulta del padrón y los mecanismos de aviso deben ser mucho más ágiles, accesibles y eficaces».
Sirera considera que la lucha contra el fraude en el padrón debe compatibilizar el derecho de las personas a empadronarse cuando les corresponde con la obligación de las administraciones de impedir usos fraudulentos del registro municipal, especialmente cuando pueden servir para acceder indebidamente a prestaciones, ayudas o servicios públicos.
El presidente del PP de Barcelona lamenta que el gobierno municipal del PSC, encabezado por Jaume Collboni, rechazara esta propuesta al considerar que el sistema de alertas supondría «un atajo» que podría vulnerar determinadas garantías administrativas.
Fuentes del Gobierno barcelonés admiten que, a raíz de denuncias y de diligencia incoadas por el Consistorio, la Guardia Urbana y la Policía Nacional, «se han incoado 4.000 expedientes de baja padronal y constan cientos de direcciones bloqueadas preventivamente en el sistema informático para que los nuevos intentos de inscripciones deban ser solicitados por instancia para ser resueltos».
Sin embargo, tratan de quitarle hierro al fenómeno al aducir que únicamente han recibido 141 denuncias de «propietarios o inquilinos ilegítimos» porque «terceras personas han falsificado documentación para acreditar la disponibilidad de sus viviendas». «Si se confirmaran los casos, la presunta falsificación afectaría al 0,02% del parque residencial de Barcelona», alegan las fuentes del Ejecutivo socialista, que también señalan que «42 ciudadanos han denunciado suplantación de identidad (en el sentido de que se han realizado inscripciones padronales sin su consentimiento», lo que en relación con todo el padrón de Barcelona supone un 0,002% de incidencia. Asimismo, precisa que la unidad especializada de la Policía Nacional contra el Fraude (UCRIF) les ha comunicado la reciente detención de 22 personas pro falsificación de los trámites de empadronamiento.
¿Pero a qué derechos sociales da acceso estar empadronado? ¿Qué explica esta práctica fraudulenta tan extendida? Responde la abogada Marie Mateo Valenzuela, especializada en Extranjería. «Es la puerta de entrada para la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso al sistema público de salud, a cursos de formación organizados por ayuntamientos, a la escolarización de los menores o al acceso a ayudas sociales, becas de comedor y otras prestaciones municipales y autonómicas», precisa, al tiempo que señala su valor para trámites tan básicos como «la apertura de una cuenta bancaria en algunos supuestos o la acreditación de la permanencia en España para numerosos procedimientos de extranjería incluida la regularización extraordinaria que finalizó el pasado 30 de junio».
MANERAS DE COMBATIR EL FRAUDE
La letrada considera «positivo que las administraciones combatan el fraude, porque los empadronamientos falsos perjudican tanto al sistema como a los propios extranjeros que actúan de buena fe». No obstante, señala que «también es necesario encontrar un equilibrio porque cada ayuntamiento aplica criterios diferentes». «Sería conveniente avanzar hacia criterios homogéneos en todos los ayuntamientos, reforzando los controles contra el fraude, pero sin dificultar el acceso al padrón a quienes realmente residen en España», valora.
La clave, indica, es «reforzar los controles en la fase previa del empadronamiento, exigiendo documentación que acredite realmente la ocupación del inmueble, como justificantes de suministros o del pago efectivo del alquiler», además de «centrar la mayor parte de los esfuerzos en perseguir a las organizaciones criminales que se lucran con estas prácticas».
«El problema ha evolucionado. Hace unos años, se manipulaban directamente los certificados de empadronamiento; actualmente, suelen falsificar la documentación que sirve de base para obtener un empadronamiento aparentemente válido», relata y cuenta cómo abogados han sido citados «como investigados o testigos bajo la sospecha de haber participado en empadronamientos irregulares, cuando nuestra intervención se limita a asesorar sobre la documentación que exige la normativa y no tenemos capacidad para verificar la autenticidad de todos los documentos que aporta un cliente».
«Actualmente, muchas personas extranjeras residen en habitaciones alquiladas cuyos titulares no quieren empadronarlas por miedo a perder determinadas ayudas o prestaciones públicas. Esta realidad dificulta el acceso al padrón y favorece la aparición de mafias que ofrecen soluciones ilegales. Sería deseable agilizar procedimientos como el empadronamiento sin domicilio fijo, reduciendo significativamente sus plazos (hoy se puede demorar hasta de ocho meses), para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder rápidamente a sus derechos sin verse obligadas a recurrir a intermediarios fraudulentos», completa.