En 4 años habrá 5 millones más de inmigrantes regularizados y reagrupados, según informes a la Dirección de la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión en el Congreso de los Diputados. Europa Press

"Todos los que llegaron como irregulares a Europa están viniendo a España", aseguran mandos policiales.

Los informes de los especialistas en Extranjería calculan que se regularizará al menos a un millón y que cada uno arrastrará a cuatro supuestos familiares.

Aumentará a 14,5 millones los nacidos fuera de España.

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Informes de la Policía Nacional auguran que el número de inmigrantes regularizados fijado por el Gobierno será finalmente muy superior a la cifra estimada en un inicio por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según mandos policiales revelan a EL ESPAÑOL, hay informes escritos sobre este particular que han sido trasladados a las altas instancias del Ministerio del Interior, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Según estos informes, la cifra de personas que serán regularizadas este y los próximos años se irá más al millón y medio largo de personas que a los 500.000 que en un principio señaló Moncloa.

Esos mismos informes redactados por los especialistas policiales en extranjería subrayan que, si la progresión continúa al mismo ritmo que hasta ahora, lo más probable es que en los próximos años ese millón y medio de inmigrantes consigan atraer hacia sí a sus familiares. Eso para la Policía Nacional significaría que, si cada uno se trae a una media de cuatro familiares, nuestro país acogería un número aproximado de 4 o 5 millones de personas.

Esas son las valoraciones realizadas por la Policía Nacional sobre este fenómeno. Los expertos en extranjería sabían desde el primer momento por sus gestiones y su trabajo de inteligencia en esta materia que el dato de los era notablemente inferior a los datos que ellos, por otros informes, manejaban. Las estadísticas que les orientan en este sentido eran ya a principios de año superiores a 800.000.

"Todos los que estaban de irregulares en Europa, se han venido para aquí. Estos habían pasado ya por España para transitar porque habían venido de estos destinos y se habían ido a las colonias que tienen formadas en distintos puntos de Europa: como afganos y pakistaníes en Reino Unido o argelinos y marroquíes en Francia y Bélgica", señalan mandos policiales a este diario.

En la Policía siempre se ha defendido una cifra mayor, de otros 600 o 700.000 que incrementarían la cifra de los 500.000 que el Gobierno señaló hasta el casi millón y medio de personas regularizadas en España.

"El paso del tiempo es fundamental". Según alertan mandos policiales dedicados a la materia, en el transcurso de los próximos tres o cuatro años, van a poder reagrupar a familiares. "Podrán juntar y traerse a padres, parejas, padres de parejas...".

Y ahí, los que en la Policía se dedican a perseguir delitos relativos a este fenómeno dentro del Ministerio del Interior señalan que habrá "al menos" cuatro personas reagrupadas por cada una. Personas que presentarán papeles certificando ser familiares de un inmigrante regularizado en concreto.

Todos estos datos figuran en informes elaborados por la Policía Nacional que llevan meses trabajando en la gestión de este fenómeno. Esa documentación, según los mandos consultados, ha sido elevada a la Dirección General de la Policía y al Ministerio, donde con ellos tiene perfecto conocimiento de la posibilidad de que las regularizaciones se incrementen de forma exponencial, triplicando la cifra que se pensaba en un primer momento cuando se anunció la medida.

Tal y como publicó este periódico, la decisión del Gobierno de una medida así ha propiciado un efecto llamada de tal calibre que están llegando miles de personas de países remotos como Pakistán, Turquía o más cerca, de inmigrantes afincados en la zona de los Balcanes.

Un informe de la Policía Nacional revelaba a principios de año que miles de extranjeros, "en muchos casos con antecedentes penales y policiales", alegaban falsamente haber perdido su pasaporte para conseguir regularizarse en España.

El oficio emitido este martes 10 de febrero. EL ESPAÑOL

El oficio tenía fecha de 10 de febrero, dos semanas después del anuncio de Pedro Sánchez de la intención del Gobierno de proceder a una regularización extraordinaria de medio millón de personas inmigrantes.

Los agentes detectaron un aumento del 866,67% de pakistaníes que aseguran haber perdido su pasaporte en el arranque de este año. En el caso de los argelinos, el incremento es del 356,25%; en marroquíes, del 114%; y en colombianos, del 35%.

El documento, emitido desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, iba firmado por el jefe Central de Operaciones, Alfredo García Miravete, y se dirigía a las Jefaturas Superiores de Policía/Unidades de Coordinación Operativa Territoriales, así como a las Brigadas Provinciales y Locales de Extranjería y Fronteras.

Según la información con la que se cuenta en las unidades de Extranjería, miles de individuos podrían "estar buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

Según el oficio, cuando las plantillas policiales procedían a identificar a esos extranjeros con la documentación supuestamente extraviada, han comprobado que "en muchos casos" tenían "antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países".

Además, han descubierto que muchos de ellos no eran quienes decían ser, al constarles "otras identidades diferentes de la denunciada", o incluso que les constaban "resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor".

"Colapso" por falta de agentes

El proceso que se inició el pasado 16 de abril está a punto de finalizar. El último día que los inmigrantes podrán regularizar su situación en España será el próximo 30 de junio. Según los últimos datos disponibles a mediados de mayo, el Gobierno ya había recibido en ese momento 549.546 solicitudes y se han admitido a trámite 91.505 por el proceso minucioso de revisión de cada caso.

Las expectativas es que se llegue casi a triplicar la estimación del Gobierno inicial, y se llegue a 1,2 y 1,5 millones de personas en total.

Todos ellos tenían que encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia de forma ininterrumpida de, al menos, cinco meses en el momento en que presenten la solicitud. Un requisito al que se añade el de no tener antecedentes penales.

Para demostrarlo necesitan un contrato de trabajo, tener hijos menores a su cargo, ser solicitantes de asilo internacional o, en su defecto, obtener un certificado de vulnerabilidad emitido por servicios sociales.

A partir de ahí, todas las personas que cumplan con estos requisitos pasarán a ser admitidos en este proceso que, como se lleva advirtiendo meses, está "colapsando las oficinas" que realizan este trámite burocrático ante la gran magnitud de solicitudes sin "los recursos de personal" necesarios para llevarla a cabo: "Es una chapuza desde el principio", cuentan fuentes policiales a EL ESPAÑOL. Un caos que se está viviendo ante la falta de previsión del Ejecutivo de Sánchez que infraestimó el número de solicitudes que podían realizarse.

Este exceso de trabajo para la elaboración de los TIES -Tarjeta de Identificación de Extranjeros- y para obtener la documentación necesaria tiene que pasar por Policía Nacional. Ahora mismo, el cuerpo está saturado y esto ha obligado a "tomar medidas extraordinarias en las comisarías para poder cubrir este servicio", aseguran.

Ahora lo que pasa es que los agentes "van a tener que atender fuera del horario habitual, por las tardes y sábados". Por este servicio pagarán a los agentes 25 euros la hora, algo que dista mucho de los 10 euros habituales para cualquier otro servicio.

"Esto está generando enfrentamientos y mal ambiente entre nosotros", cuenta Ibon Domínguez de JUPOL a EL ESPAÑOL. Y, es que, "solo se va a ofertar a quienes estén ya elaborando documentación, no a todo el cuerpo" anteponiendo este proceso a, por ejemplo, los servicios de patrulla ciudadana en las calles donde están peor pagados.

Lo que preocupa es que "esta falta de policías" haga que no estén "preparados para elaborar más de 1 millón de tarjetas y, a la vez, renovar DNI o pasaportes".

5 millones en 2030

Aunque este trámite tiene que resolverse como plazo máximo legal de 3 meses, es decir, tendría estar gestionado el próximo 30 de septiembre como fecha límite, este proceso va a prolongarse de forma considerable en el tiempo.

No por la regularización, sino por las puertas que esta abre al proceso de reagrupación familiar recogido en la Ley de Extranjería que "hará que se regularice al doble de población", aseguran a EL ESPAÑOL.

Esto supone en las estimaciones más optimistas que, en total, de este proceso se regularice la situación de 5 millones de personas.

La Ley de Extranjería contempla que una vez que una persona es reconocida legalmente como residente en España puede reagrupar a sus familiares que pueden ser el cónyuge, los hijos, los menores o los ascendientes.

Por esto ha hecho saltar las alarmas entre la policía porque advierten que "no hará falta que sean sus familiares, bastará decir que lo son". Esto hará que "montarán un negocio con dinero a cambio de obtener esos papeles".

Pero más allá de las posibles tramas ilegales de mercadeo con estos documentos que pueden dirimirse del proceso, resulta fundamental ponerlo en perspectiva de una forma visual.

Tan solo dos provincias tienen más de 5 millones de habitantes actualmente en España: Madrid con 7.113.886 habitantes y Barcelona con 5.959.941. Si se compara por Comunidades Autónomas, solo superan esa cifra Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.

Lo que supone que el efecto secundario de la regularización, que es la reagrupación, va a tener un fuerte impacto en la demografía y en la configuración de la socioeconómica de España.

"Esto va a generar un efecto llamada -sin criminalizar a los extranjeros- que se lleva mucho tiempo avisando, por donde más extranjeros entran de forma ilegal es por el aeropuerto de Barajas". Por eso, este proceso lo que va a traer es que "vengan porque en España es más sencillo que en otros países", aseguran a EL ESPAÑOL. Los mandos consultados concuerdan con esta tesis.

Un aumento de población significante en un corto periodo de tiempo "va a agravar el problema de escasez de recursos que hay ahora mismo en España" y esto habla de "sanidad pública y de que se agrave -todavía más- la crisis de vivienda".

Pero no solo eso, sino que también "va a aumentar la criminalidad no porque los que vengan vayan a delinquir, sino porque a mayor población, mayor índice de criminalidad existe", explica Domínguez.

Este aumento demográfico resulta algo casi excepcional que en pocos momentos de la historia de España. El antecedente más reciente está tan solo en la década que transcurre entre 1998 y 2008 donde se produjo un 'boom' migratorio en el que se absorbió a 6 millones de habitantes en diez años.

En comparación, ahora se estaría realizando de manera acelerada y con unos periodos de tiempo que se reducirían a menos de la mitad.

Así, este proceso de regularización queda muy lejos de las estimaciones con las que el Gobierno de Sánchez aprobó el Real Decreto para tramitarlo y pasa a quintuplicarla si se tiene en cuenta el conjunto de la realidad que arrastra consigo al sumar la reagrupación familiar que está contemplada en la ley y que se llevará a cabo en los próximos años dejando 5 millones de personas más en una situación legal en España.

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