- DAVID CASALS Barcelona
- Rechazo rotundo del sector inmobiliario catalán a las nuevas restricciones a grandes tenedores
- Illa y En Comú pactan los Presupuestos de 2026 a cambio de limitar las "compras especulativas"
El límite a los grandes tenedores para acometer nuevas adquisiciones enoja al sector privado. La justicia tumbará la reforma legislativa acordada con En Comú, augura Foment del Treball.
Rechazo rotundo del empresariado catalán a las nuevas medidas intervencionistas en vivienda acordadas por el Govern de Salvador Illa (PSC) y el referente autonómico de Sumar, En Comú Podem, y que impedirán a los grandes tenedores ampliar su parque inmobiliario salvo dos excepciones.
Este veto es abiertamente "filocomunista", proclamó este viernes Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball. De esta forma, la organización empresarial más antigua de Cataluña se sumó al rechazo de entidades sectoriales como la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona o la Cámara de la Propiedad Urbana de la capital catalana, entre otras voces.
El cambio normativo se tramitará por la vía rápida en el Parlament para que entre en vigor en verano. Cuando esté en vigor, los pequeños propietarios podrán adquirir hasta cuatro viviendas, siempre en la localidad donde viven. Las segundas residencias deberán estar en otro término municipal y no la podrán poner en alquiler turístico o de temporada.
En cuanto a los grandes tenedores, sólo podrán adquirir edificios enteros y con la obligación de alquilar las viviendas conforme al índice de precios de la Generalitat.
Ante estas restricciones, el veredicto del sector privado es unánime: lo único que se logrará es tensionar todavía más el mercado en un momento de alta demanda y donde anteriores intervenciones han desplomado los pisos en alquiler disponibles y también las promociones build to rent. Conviene recordar que, en Cataluña, se considera gran tenedor a las personas físicas o jurídicas que tienen cinco viviendas o más; en otras autonomías, el umbral es de 10.
El modelo del Gobierno
Cataluña es el referente que deberían emular el resto de autonomías, según el Gobierno del PSOE y Sumar. La comunidad fue pionera en topar los alquileres por ley a finales de 2020, aunque el Tribunal Constitucional anuló la medida en 2022 por invasión de competencias estatales.
Un año después, la ley nacional de vivienda que aprobó el Congreso concedió a varias comunidades esta posibilidad, pero sólo Cataluña la desarrolló en 271 municipios que declaró como "zona tensionada" en 2024. En estas localidades reside el 90% de la población y se aplicará el límite a los grandes tenedores si los plenos así lo acuerdan.
El cambio regulatorio "no llegará a buen puerto, porque la tumbarán los tribunales", dijo Sánchez Llibre a Catalunya Ràdio. Pese a que la norma se acabe anulando, tendrá un coste reputacional. "Tengo mucha preocupación por la imagen de Cataluña a nivel internacional por implementar una serie de políticas que considero filocomunistas", destacó.
Josep Sánchez Llibre consideró que, con la reforma, el PSC de Salvador Illa permite que se vulnere un "derecho fundamental", como es la propiedad privada, a cambio de conseguir el apoyo de En Comú Podem a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Se trata de la segunda gran discrepancia que mantiene el líder empresarial con el Govern desde principios de año. En enero se mostró muy crítico con las bases de la reforma de la financiación autonómica, que vio insuficientes.
En cualquier caso, la aprobación de las cuentas sigue sin estar garantizada, ya que la negociación con ERC todavía no ha arrancado formalmente. Los de Oriol Junqueras ponen sobre la mesa dos demandas vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE): más inversión ante la crisis ferroviaria del último mes y el traspaso del IRPF a la Hacienda catalana. Sobre esta última cuestión, Illa señaló ayer que su compromiso es "total".
"Compras especulativas"
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona recalcó públicamente su "disposición" a impulsar todos los trámites necesarios para que el límite a las "compras especulativas" se aplique. El consistorio está liderado por el también socialista Jaume Collboni, cuyos socios prioritarios son comunes y republicanos, tal como ocurre en el Parlament.
Para el sector, la entrada en vigor de este límite desincentivará todavía más la rehabilitación de un parque de viviendas muy envejecido. Pese a su necesaria puesta al día, los proyectos de actualización se desplomaron después de que, en 2018, se obligase a los promotores a ceder al parque público el 30% de los pisos remodelados. Este requisito debe cumplirlo la obra nueva, también en mínimos.
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