Al descontar los 10.500 millones del plan de rearme, el alza del gasto se modera al 4,5%
"El crecimiento económico y la responsabilidad fiscal nos permiten cumplir con las reglas fiscales europeas", reivindicó ayer el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anticipando las conclusiones del informe de progreso del Plan Fiscal estructural que remitirá el jueves a la Comisión Europea. Luego aclaró que, para lograrlo, España ha pedido a Bruselas una bula sobre el gasto en Defensa.
En concreto, siguiendo la estela de otros 17 Estados miembros, España acabó solicitando a la Unión Europea activar la llamada cláusula de escape de las reglas fiscales prevista para descontar el incremento de gasto en Defensa del cómputo comunitario. El mecanismo fue una concesión dirigida a dar oxígeno presupuestario a los países europeos para alimentar sus planes de rearme nacionales. España, en su caso, ha aprovechado para descontarse del incremento del gasto público registrado los 10.500 millones de euros del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con el que se alcanzó el compromiso del 2% exigido por sus socios de la OTAN.
La decisión, detallan fuentes gubernamentales, se tomó una vez conocidos los datos oficiales de déficit de 2025 publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a cierre del mes de marzo, que apuntaban a un agujero presupuestario del 2,39% (2,18% una vez descontado el impacto de las ayudas por la dana).
Como resultado, "usando todos los mecanismos de flexibilidad existente", matizó Cuerpo, "el gasto computable a efecto de las reglas fiscales europeas crece un 4,5% en el año 2025 en línea con el máximo permitido" por la UE.
"Seguimos cumpliendo con nuestros compromisos con Europa, consolidando nuestras finanzas públicas, reduciendo nuestro déficit y deuda y cumpliendo la regla de gasto que es el principal compromiso en materia de gasto en Europa", defendió Cuerpo, acompañado del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, junto al que remitirá a Bruselas el Informe de Progreso anual del Plan Fiscal Estructural que todos los países deben entregar a más tardar este jueves.
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