España ha suscrito un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para mostrar su "profunda preocupación y rechazo" frente a "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela". En él sostienen que las actuaciones para llevar a cabo la detención de Nicolás Maduro en la operación militar diseñada por EEUU "contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
"Constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", sostienen de forma pactada el Gobierno de Pedro Sánchez y cinco países americanos que han mantenido una posición de tibieza respecto a la vulneración de derechos por parte del régimen bolivariano. Según fuentes de Moncloa, la declaración de condena ha sido una decisión "colegiada" entre todos.
En su comunicado, los seis ejecutivos reclaman que la situación "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional". En este sentido recalcan que "solo un proceso político inclusivo y liderado por las y los venezolanos puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".
"Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional", señalan los gobiernos de Sánchez, Lula da Silva, Gabriel Boric (en funciones), Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi, todos situados ideológicamente a la izquierda.
Además, piden al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a los estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes "a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional". También manifiestan su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos", lo que, inciden, "resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".