España destina más de 1.800 millones al año para atender a los inmigrantes irregulares y sólo 60 para impedir su llegada

Inmigrantes llegados en un cayuco a Arrecife, en la isla de Lanzarote, en diciembre de 2024. Europa Press

El Gobierno invierte 20 millones al año para reforzar las fronteras y una cifra similar para luchar contra el tráfico de personas en los países del norte de África.

Las CCAA sufragan más de 600 millones de euros al año para atender a los menores inmigrantes no acompañados.

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Atender a los inmigrantes irregulares le cuesta al Gobierno central y a las comunidades autónomas más de 1.800 millones de euros al año.

En cambio, el Gobierno apenas destina 60 millones anuales (financiados casi íntegramente por la UE) a medidas para impedir la llegada de inmigración ilegal.

Esta última cifra incluye inversiones del Ministerio del Interior para reforzar con medios tecnológicos las fronteras terrestres (algo más de 20 millones el año pasado), la participación en misiones internacionales del Frontex para patrullar las costas (cerca de 20 millones anuales) y la concesión de ayudas a los países del norte de África para luchar contra las redes de tráfico ilegal de personas (con una cifra similar).

El Ministerio de Inclusión, que dirige Elma Saiz, destinó el año pasado 1.116 millones de euros a financiar toda la red de ayuda humanitaria y protección internacional para los inmigrantes irregulares.

Esta cantidad incluye tanto la atención inmediata a los extranjeros que llegan a la costa en patera, como los gastos de los centros de internamiento, con una capacidad de 53.500 plazas.

La partida prevista inicialmente para 2025 ascendía a 659 millones de euros. Sin embargo, al estar aún prorrogados los Presupuestos del Estado de 2022, el Consejo de Ministros se vio obligado a aprobar en noviembre de 2024 una ampliación de crédito, hasta los 979 millones, para poder cubrir las necesidades reales.

A través de la "acción concertada", el Ministerio inyecta buena parte de estos recursos a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Cruz Roja, Cáritas y otras 10 onegés que están acreditadas para ofrecer la acogida integral a los inmigrantes que llegan a las costas y gestionar los Centros de Estancia Temporal (CETI).

Esto incluye también la atención a los extranjeros solicitantes de asilo y protección internacional: tan sólo en 2024, el Gobierno recibió 167.749 solicitudes para acogerse a este régimen.

Por su parte, la empresa pública Trasga asume, con un coste anual que ronda los 96 millones de euros, los servicios de alimentación, seguridad, limpieza y mantenimiento de estos centros, además de coordinar el dispositivo de acogida en las costas, tanto en Canarias como en la Península.

Además de los 979 millones antes citados, el Consejo de Ministros aprobó el 18 de marzo de 2025 una ampliación (dotada con 137 millones de euros) de la declaración de emergencia para "atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas" en patera o cayuco.

Hay más. El Ministerio del Interior adjudicó el año pasado contratos que suman más de 28 millones de euros para adecuar los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Fuerteventura, Hierro y Lanzarote.

En estas instalaciones son internados los inmigrantes que llegan en patera, a la espera que se resuelva su situación administrativa (con expediente de expulsión o solicitud de asilo) o bien sean trasladados a la Península.

El Ministerio que dirige Marlaska tramitó estos contratos por el procedimiento de emergencia, alegando que "la llegada de inmigrantes en situación irregular, especialmente Senegal, Gambia y Mauritania", se había disparado un 126% en 2024.

Está pendiente la adjudicación de otro contrato de 14,8 millones para el servicio de transporte aéreo de "ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales en vuelos no integrados en líneas regulares o comerciales", lo que incluye el traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península.

Por su parte, las comunidades autónomas gastan más de 600 millones de euros para atender a los inmigrantes irregulares.

Tan sólo el Gobierno canario, tuvo que asumir el año pasado un coste 185 millones de euros para mantener a los menores inmigrantes no acompañados (menas) y a los extranjeros demandantes de asilo, hasta que el Gobierno inició su traslado a la Península.

El Gobierno inició el pasado mes de agosto el traslado de 4.000 menores no acompañados de Canarias a la Península: ahora las CCCA deben hacerse cargo de su mantenimiento, mientras que la Administración central es la responsable de los demandantes de protección internacional.

Tan sólo en el ejercicio 2024, el Gobierno regional de Madrid destinó 62 millones de euros para la atención de 2.400 menas alojados en centros de la comunidad y abrir nuevas instalaciones. El coste asumido por la Generalitat catalana fue de 115 millones.

Ahora, todas las CCAA de la Península tendrán que incrementar estas partidas, una vez iniciado el reparto de los menores no acompañados procedentes de Canarias.

Todas estas cantidades, que suman más de 1.800 millones de euros anuales, se destinan exclusivamente a la atención de los inmigrantes que llegan en patera, los menas y los que solicitan acogerse a la protección internacional (por ejemplo, alegando que si regresan a su país serían perseguidos por motivos ideológicos o religiosos).

Pero la citada cifra no incluye los gastos que generan (por ejemplo, en atención sanitaria y otros servicios), el 90% de los más de dos millones de inmigrantes irregulares llegados en los dos últimos años, que entraron a España a través de los aeropuertos (como turistas o con un visado temporal).

Frente a estas partidas, el Gobierno apenas destina 60 millones de euros anuales para impedir la llegada de inmigrantes irregulares.

El Ministerio del Interior adjudicó el año pasado contratos que suman algo más de 20 millones de euros para reforzar la seguridad de las fronteras.

Entre ellos, un contrato de 9,3 millones para el mantenimiento del control del paso de personas y mercancías y el servicio de vigilancia en las fronteras (adjudicado en marzo de 2025).

Y otro contrato de 4,5 millones para el "servicio de mantenimiento integral" de los perímetros fronterizos de España con Marruecos en Ceuta y Melilla (adjudicado en noviembre del mismo año).

En el ejercicio anterior, 2024, Interior había destinado 4,1 millones de euros para suministrar al Reino de Marruecos 20 sistemas de vigilancia de vídeo, con el fin de reforzar la seguridad de su frontera con España.

Por otro lado, España recibe cada año cerca de 20 millones de euros de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), para costear la participación de medios (agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, así como patrulleras, helicópteros y aviones) en las misiones internacionales de vigilancia de la costa.

Se trata, por un lado, de la operación Minerva, que incluye controles en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho (entre el 15 de junio y el 15 de septiembre), cuando se registra un intenso flujo de pasajeros entre la Península y el norte de África.

La operación Índalo se desarrolla en la costa española desde Alicante a Cádiz, con el respaldo de patrulleras de la Armada y medios del Ejército del Aire, para detectar la llegada de pateras.

Y la operación Hera se centra, también con la participación de agentes de distintas nacionalidades, en las aguas próximas a Canarias, donde se ha concentrado la mayor crisis migratoria de los últimos años.

Por último, el Gobierno español aporta una suma que ronda los 20 millones de euros anuales (también financiados por la UE) en ayudas a los países del norte de África para reforzar sus fronteras y luchar contra las redes de inmigración ilegal.

Estas ayudas se canalizan a través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), adscrita a la Secretaría de Estado de Cooperación del Ministerio de Exteriores.

Mediante este mecanismo de cooperación europeo, España ha suministrado desde 2018 equipos, vehículos, sistemas de vigilancia por importe de 164 millones de euros a Marruecos, Mauritania y Senegal.

A través de la fundación FIAP, España también ha participado en programas como A-TIPSOM (con presencia de agentes de la Policía Nacional) para luchar contra la trata de personas y la inmigración irregular en Nigeria. Ha supuesto una inversión de 8,3 millones de euros entre 2018 y 2024.

La aportación española también se ha realizado de forma plurianual en programas como el de seguridad fronteriza en Ghana (algo menos de un millón de euros anuales) o la creación de equipos cooperativos conjuntos para luchar contra la inmigración irregular en Mauritania (1,1 millones en 2023 y 1,2 millones en 2024).

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