Atención a inmigrantes en sus trámites para acogerse a la regularización masiva, el pasado abril en el Puerto del Almería. EP
Política CRISIS MIGRATORIA España incumple 8 de las 9 medidas para aplicar el Pacto de Migración y Asilo de la UE a 24 horas de que entre en vigorEl Gobierno presumió en diciembre de 2023 del éxito del acuerdo. En diciembre de 2024, de ser el primer país con un Plan de Implementación. Pero en diciembre de 2025 ya votó en contra del Reglamento de Retornos.
Más información:El Gobierno declara que la regularización sea secreto de Estado: todo informe técnico y policial pasa a ser 'reservado'.
Alberto D. Prieto Publicada 11 junio 2026 02:10h Las clavesLas claves Generado con IA
Este viernes 12 de junio entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Pero a 24 horas de la fecha, España incumple 8 de las 9 medidas que el propio Gobierno se comprometió a tener operativas antes de esa fecha.
El incumplimiento no es interpretable: lo acredita el Plan Nacional de Implementación (PNI) que el Gobierno remitió a Bruselas en diciembre de 2024. Ese documento fijó una tabla de hitos a 6, 12 y 18 meses. Pasados esos 18 meses, exactamente ahora, en junio de 2026, casi ninguno de esos hitos están cumplidos.
El PEMA es el mayor cambio en la política migratoria europea desde la crisis de 2015.
Regula el cribado biométrico en frontera, los procedimientos de asilo acelerados, el retorno de quienes no tienen derecho a quedarse y el reparto solidario de responsabilidades entre los Veintisiete. Su aplicación efectiva es obligatoria para todos los Estados miembros desde este mismo viernes. No hay margen.
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva año y medio exhibiendo un argumento: España fue el primer país de la UE en entregar a la Comisión Europea su Plan Nacional de Implementación, en diciembre de 2024.
La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenes"España lidera la elaboración del Plan de Implementación del Pacto", proclamó Moncloa en marzo de 2025. La ministra Elma Saiz lo refrendó así: "La aplicación del Pacto de Migración y Asilo debe ser una prioridad para España".
Sin embargo, ese liderazgo se basaba únicamente en haber entregado el papel el primero. El contenido del plan —que estructuró la implementación en nueve pilares— revela ahora que casi ninguno se ha materializado.
La paradoja es más aguda si se recuerda el origen del propio Pacto europeo: se negoció y cerró durante el segundo semestre de 2023, bajo la Presidencia española del Consejo de la UE.
Sánchez lo vendió como un éxito de su diplomacia europea: un acuerdo "humanista" que cerraba décadas de negociación sin resultado. El Gobierno español fue corresponsable de cada artículo del texto.
De coautor a disidente
Lo que ocurrió después desmonta ese relato. El giro conservador del Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024 endureció el desarrollo reglamentario del Pacto más allá de lo que España había aceptado. Y el Gobierno de Sánchez pasó de coautor a disidente.
El episodio más revelador llegó en el Consejo de Ministros de Interior de la UE del 8 de diciembre de 2025: España fue el único país de los Veintisiete que votó en contra de la orientación general sobre el nuevo Reglamento de Retornos.
Desde el Grupo Popular Europeo, la reacción fue contundente.
"Es profundamente lamentable que los socialistas en el Parlamento Europeo no apoyen un enfoque equilibrado y pragmático sobre los retornos, especialmente cuando sus propios gobiernos ya habían acordado esas medidas", señalan documentos internos del PPE a los que ha accedido este diario. "Europa necesita responsabilidad, no juegos políticos."
El eurodiputado Javier Zarzalejos, presidente de la comisión LIBE del Parlamento Europeo, añadió el diagnóstico más preciso: "Cuando de cada 100 órdenes de retorno o de expulsión solamente se ejecutan 20, algo está fallando. Y en España el porcentaje es mucho más bajo: no llega al 10%".
El dato exacto que recoge EL ESPAÑOL: en España se ejecuta el 9,7% de las órdenes de retorno, frente a ese 20% de media europea.
El saldo es desconcertante: el mismo Gobierno que negoció el Pacto, que proclamó liderarlo y que lo firmó como éxito propio es hoy el único que votó en contra de uno de sus reglamentos de desarrollo. Y el que llega al día de su entrada en vigor con ocho de sus nueve pilares sin implementar.
Los nueve pilares
- 1. Nueva Ley de Asilo: NO
La nueva Ley de Asilo no está aprobada. El Plan Nacional de Implementación preveía que a los 12 meses estuviera aprobada en Consejo de Ministros y remitida a las Cortes.
Pasados 18 meses debería haber sido aprobada por el Parlamento. Pero a 11 de junio de 2026, no está ni enviada al Congreso: el Gobierno sigue aplicando la Ley 12/2009, una norma de hace 17 años que no incorpora ninguno de los reglamentos del PEMA.
- 2. Reforma Ley de Extranjería y Reglamento: PARCIAL
El nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) entró en vigor el 20 de mayo de 2025. Es la única medida que puede considerarse ejecutada.
Sin embargo, ese reglamento no adapta la Ley de Extranjería al PEMA en materia de asilo, cribado o retorno: esos cambios dependen de la nueva Ley de Asilo, que no existe.
- 3. Coordinación Interior-Inclusión: NO
El PNI exigía elaborar a los 12 meses los protocolos operativos entre la Dirección General de Acogida y la Dirección General de Protección Internacional.
No consta publicación oficial en el BOE ni nota de prensa que acredite su aprobación.
Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de Extranjería- 4. Adaptación capacidades de acogida: NO
El sistema estatal de acogida atendió a más de 124.000 personas en 2025. Pero no está adaptado a los nuevos procedimientos del Pacto.
No existe nueva infraestructura habilitada para la llamada "ficción de no entrada", es decir, la obligación de los Estados miembros de no dar por "llegados a territorio europeo" a los irregulares hasta pasados siete días de cribado legal.
Tampoco hay instalaciones para el procedimiento fronterizo acelerado en las costas canarias, los puertos andaluces ni en los aeropuertos.
- 5. Planificación de plazas de acogida: NO
El Gobierno ha aprobado financiación vía Fondo de Contingencia —286,7 millones en marzo de 2026— y publicado una resolución de planificación general.
Sin embargo, la orden se dio hace apenas dos meses, sin tiempo a cumplir. Y además, no consta un plan específico de necesidades de plazas vinculado a los nuevos procedimientos fronterizos del PEMA.
- 6. Plan de contingencia de acogida: NO
El PNI fijaba su aprobación a los 12 meses. Pasados seis más y cumplido el plazo, el propio resumen ejecutivo reconoce que los planes de contingencia "se están elaborando". No hay aprobación formal y sí constan quejas por su ausencia de gobiernos regionales, como el vasco, esta misma semana.
- 7. Contratación de personal: NO
Interior ha convocado en 2026 la mayor Oferta Pública de Empleo de su historia: 2.854 plazas para Policía Nacional y 3.240 para Guardia Civil. Pero ninguna está vinculada explícitamente al PEMA ni a las nuevas unidades de cribado fronterizo.
La Oficina de Asilo y Refugio no cuenta con una convocatoria específica publicada de cara al 12 de junio.
El Gobierno de Sánchez incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva- 8. Designación de representantes: NO CONSTA
El PNI preveía que hace ya un año se habría nombrado al nuevo personal representante ante los Foros de solidaridad de la UE. No existe comunicación oficial española ni comunitaria que acredite la designación formal de representantes conforme al nuevo marco del PEMA.
- 9. Solicitud de cofinanciación europea: SÍ
Es el único pilar ejecutado sin reservas. España tiene operativo su programa nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), con una dotación de 482,3 millones de euros para el período 2021-2027.
Consecuencias políticas
El desfase entre el discurso y la realidad tiene tres dimensiones que se retroalimentan.
La primera es legislativa. Sin nueva Ley de Asilo, los operadores jurídicos aplican desde este viernes una norma de 2009 a reglamentos europeos de 2024, de obligado cumplimiento, pues operan como derecho nacional.
Las lagunas tendrán que llenarse con interpretación directa del derecho europeo, lo que exige formación urgente de funcionarios y jueces que tampoco consta que se haya completado.
La segunda es de infraestructuras. El PEMA impone la citada "ficción de no entrada": durante el cribado y el procedimiento fronterizo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio europeo.
Para aplicar eso hacen falta instalaciones específicas que no existen: ni en los aeropuertos, ni en los CATE de Canarias, ni en los puertos del sur peninsular.
La tercera dimensión es política, y es la más difícil de resolver.
Trece primeros ministros afearán a Sánchez en Bruselas la regularización masiva por "obviar" el Pacto MigratorioEl Gobierno tramitó simultáneamente —y con deliberada coincidencia temporal— una regularización masiva para cientos de miles de personas en situación irregular en España, justo antes de que entrara en vigor el Pacto que exige acelerarles el retorno.
La medida llegó a generar una reacción diplomática sin precedentes: el grupo del ECR de Giorgia Meloni envió una carta personal a Ursula von der Leyen alertando de que la regularización "socava la credibilidad del control migratorio europeo" y se convertirá "en una desventaja permanente para todos los Estados miembros".
En febrero, el comisario de Migración, Magnus Brunner, ya había lanzado públicamente la advertencia más directa que se recuerda desde Bruselas hacia un Gobierno europeo: "Los inmigrantes irregulares deben abandonar la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles".
Doble agenda
La consecuencia es una doble agenda que choca de frente. Mientras la Policía Nacional debe preparar protocolos de screening y biometría que Bruselas exige desde este viernes, el Gobierno la usa para procesar 1,2 millones de solicitudes de una regularización que Bruselas califica de "masiva y prácticamente indiscriminada".
El Real Instituto Elcano identifica a España como "la excepción más clara" en el giro restrictivo europeo.
Las consecuencias jurídicas del incumplimiento son concretas y próximas: por un lado, posibles procedimientos ante el TJUE por aplicación defectuosa de reglamentos directamente aplicables. Por otro, litigación interna de solicitantes atrapados entre el derecho español de 2009 y el europeo de 2026.
Finalmente, tensión constitucional entre las garantías procesales españolas y los plazos de 14 días que impone la Orden de Retorno Europea.
España negoció el Pacto, lo firmó, se lo apuntó como logro y luego regularizó a cientos de miles de personas justo antes de que ese mismo Pacto les exigiera marcharse. Este viernes, 12 de junio, puede comenzar otra crisis migratoria, en este caso política y administrativa tras año y medio de vida de un Plan de Implementación que se quedó en sus 43 horas de papel.
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