El presidente del Gobierno y el ministro de Economía, el pasado miércoles en el Congreso.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN España pagará muy caro el desgobierno de los fondos europeos Publicada 6 mayo 2026 02:40hEl informe del Tribunal de Cuentas conocido hoy sobre la gestión de los NextGenerationEU supone el primer gran toque de atención institucional sobre la deficiente gestión de los fondos europeos por el Gobierno.
El organismo fiscalizador ha cuestionado que el Ejecutivo utilizase 2.389 millones de euros de estos recursos para sufragar el pago de pensiones y complementos mínimos en 2024.
Moncloa justificó este movimiento contable como una solución técnica ante la prórroga presupuestaria. Pero el Tribunal de Cuentas es claro: los fondos europeos están diseñados para la transformación estructural del país, no para cubrir gastos corrientes del Estado.
La realidad de los fondos europeos en España está atravesada por el marcado contraste entre la adjudicación de las partidas y su ejecución real.
Mientras el Gobierno presume de liderar el cumplimiento de hitos y objetivos sobre el papel, los análisis del Banco de España y diversos think tanks señalan una divergencia alarmante entre el dinero asignado y el que realmente llega al tejido productivo.
Y el problema sólo se agravará en los meses venideros, porque nuestro país entra ahora en una fase crítica.
La Comisión Europea se ha negado a autorizar una prórroga de un año más para poder gastar los fondos, tal como solicitó España.
Eso implica que el Gobierno dispone de apenas cuatro semanas para presentar a Bruselas cambios de última hora en el Plan de Recuperación con los que intentar enmendar el bajo nivel de ejecución de las inversiones. Aunque lo esperable es que se trate de una cirugía para flexibilizar hitos imposibles de cumplir, e intentar evitar así el bloqueo de los desembolsos finales.
La negativa de Úrsula von der Leyen a ampliar el plazo más allá de la fecha límite de agosto de 2026 ha obligado al Gobierno a aterrizar en una realidad pavorosa: España podría perder al menos 20.000 millones de euros,
Cabe recordar que no es la primera vez que la gestión española genera dudas en Bruselas. El año pasado ya se produjo un bloqueo parcial de fondos debido al incumplimiento de objetivos intermedios.
Aquel aviso debería haber servido para agilizar unos procesos que, lejos de simplificarse, han seguido atrapados en un laberinto administrativo que penaliza especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Y a esa lentitud se suma una opacidad difícil de justificar.
A pesar de los constantes anuncios oficiales, seguimos sin tener constancia tangible de los resultados de esos macroproyectos estratégicos (PERTE) en los que se iba a invertir el grueso de los fondos.
En este contexto, resulta incomprensible que el Gobierno se siga negando a crear una autoridad independiente para fiscalizar el reparto y ejecución de las ayudas, tal como le ha solicitado el PP.
Si la morosidad de la ejecución de las inversiones se explica en gran medida por la fragmentación política del país y la ausencia de cogobernanza entre las distintas administraciones, no se entiende el empecinamiento en un modelo de gestión unilateral, centralizada y poco transparente.
A menos, claro, que lo que se pretenda sea una bula para la discrecionalidad y el uso indebido de los fondos, como el ya denunciado en el caso de las pensiones.
La causa principal de este estancamiento cabe rastrearla en la falta de agilidad administrativa en la resolución de unas convocatorias farragosas, que disuaden a muchas pymes de solicitar las ayudas. A día de hoy, todavía está por ver cuántos de esos fondos seremos capaces de ejecutar realmente, y cómo se estructurarán.
Este descontrol en la gestión de los fondos NextGenerationEU resulta inaceptable cuando hay tanto dinero en juego.
España no puede permitirse el lujo de desperdiciar una oportunidad histórica de paliar las debilidades estructurales de su economía por permanecer enfangada en un modelo burocrático anquilosado y poco competitivo. Especialmente en el marco de una situación económica mucho menos boyante de lo que presume el Gobierno.