- ANDRÉS STUMPF Bruselas
El país establece criterios más flexibles para la participación de terceros países en sectores críticos para la economía europea.
Made in Europe, sí, pero no tan estricto como desea Bruselas. Ese es el concepto que resume la posición adoptada por el Gobierno de España respecto a la Ley de Aceleración Industrial (IAA), la regulación propuesta a comienzos de año por la Comisión Europea para reindustrializar el bloque comunitario a través de restricciones a terceros países.
Los ministros de Industria se han citado hoy en la capital europea para discutir esta legislación clave en el futuro de la actividad económica del continente. Aunque todos coinciden en la necesidad de reforzar la llamada preferencia europea —que se fabrique en Europa y a través de firmas comunitarias— el grado de proteccionismo que se desea adoptar genera un choque entre las posturas más estrictas, como la francesa, y la que representan España o Alemania.
"Somos partidarios de reforzar el espacio europeo como un ámbito de producción industrial porque nuestra estrategia básica es la reindustrialización, pero a la vez añadimos una visión pragmática de que en muchas cadenas de valor podemos contar con otras áreas y otros países del mundo", ha señalado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu a su llegada a la cita con sus homólogos comunitarios.
El debate es clave. La Comisión Europea plantea dejar fuera de los sectores críticos a China y otros países que se cierran a la participación de empresas europeas en igualdad de condiciones en su territorio. Pero esa relación con el gigante asiático es especialmente delicada, pues España ha desarrollado sólidos vínculos comerciales e industriales y es receptora de inversiones millonarias.
"La ola que viene de China en España no la vemos para nada solo como un riesgo y una amenaza, sino que la vemos como una oportunidad y una colaboración necesaria", aseguran fuentes de Industria.
Dos modelos diferentes
La gran diferencia entre el modelo propuesto por España y la legislación que Bruselas ha puesto sobre la mesa es el mecanismo de exclusión de terceros países. Las dos iniciativas reconocen la prioridad de los veintisiete Estados miembros de la UE, pero, a partir de ahí, para contar con terceros países la Comisión Europea exige una reciprocidad total de acceso de las empresas europeas a su economía y a sus productos, por ejemplo, a través de concesiones y licitaciones. Si eso no se cumple, las empresas del país en cuestión no podrán acceder a ayudas públicas en ninguno de los sectores blindados por la regulación.
España, en cambio, plantea una separación más flexible en tres capas. En la primera estarían los Veintisiete y en la segunda los terceros países con reciprocidad efectiva en el comercio y la industria respecto a las empresas europeas. La tercera capa estaría formada por los países con acuerdos de libre comercio o pactos aduaneros, así como aquellos países con materias primas o componentes clave de los que carece la UE.
Y es en esa última acepción en la que entraría China. El gigante asiático se ha convertido en un proveedor de recursos indispensables como las tierras raras, de las que controla aproximadamente un 90% de la producción. Además, también domina la producción de paneles fotovoltaicos y tiene una cuota de mercado cada vez más elevada en el terreno de la automoción.
Para España, un mínimo del 40% de la producción en sectores críticos debería ser europea, el 30% podría proceder de socios confiables y el margen restante debería cubrirse con los países que pertenecen a la capa tres, especialmente durante un periodo de latencia que permita madurar a la industria europea.
Fuentes de Industria explican que el modelo estricto que promueve la Comisión Europea puede provocar problemas en las cadenas de suministro si un producto depende de un componente que Europa todavía no fabrica o no lo hace en cantidad suficiente. La expulsión de ese productor del acceso a las ventajas públicas puede ser contraproducente y generar problemas con socios comerciales.
El problema es que la dependencia frente a China es precisamente lo que esta legislación busca evitar al entender que el país asiático no es un socio confiable y está convirtiendo estas necesidades europeas de suministro en vulnerabilidades que explotar para sus fines geopolíticos.
Flexibilidad
Más allá de China, la flexibilidad que plantea España podría beneficiar a muchos países. Frente al enfoque binario de la Comisión Europea -un país cumple o no con la reciprocidad- el documento del Ministerio de Industria propone que el análisis se lleve a cabo por sectores. De esta forma, un país podría ser capa 2 para los automóviles si tiene políticas de reciprocidad con la UE en ese ámbito, pero ser capa 3 en el resto de sectores en lugar de quedar eximido de cualquier actividad económica en el continente.
"El enfoque rígido impide a la Comisión actuar de forma quirúrgica y corre el riesgo de hacer ineficaz el instrumento de la IAA, debido al elevado coste político y económico de excluir a todo un país por la falta de reciprocidad en un solo producto", asegura el documento español.
A cambio de esa flexibilidad adicional, España plantea que la Ley de Aceleración Industrial tenga un alcance mucho más amplio del previsto por la Comisión Europea.La propuesta original del Ejecutivo comunitario cubre únicamente un grupo limitado de sectores estratégicos (industria electrointensiva como acero o cemento, tecnologías vinculadas a la transición verde y automoción), lo que representa aproximadamente el 15% de la producción manufacturera europea.
España añadiría a esos segmentos los sectores de alta tecnología como semiconductores, actividades de Inteligencia Artificial, tecnologías cuánticas, biotecnología y sector farmacéutico y aeroespacial además de otros vitales para la actividad económica europea como el sector químico, el marítimo y el ferroviario.
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