España se encuentra ante una oportunidad histórica. En los despachos de las grandes tecnológicas —desde Amazon (AWS) hasta Microsoft o Google— el mapa de la península ibérica brilla con luz propia. La ubicación geográfica y el despliegue de fibra óptica han convertido al país en el candidato ideal para ser la gran "nube" del sur de Europa. Sin embargo, hay un peaje: estos centros de datos (CPD) consumen electricidad a un ritmo industrial.
Solo la Comunidad de Madrid se juega inversiones por valor de 23.400 millones de euros vinculadas a estos proyectos, mientras que regiones como Aragón ven cómo la demanda de estos centros amenaza con absorber la mitad de toda la energía que se produce en la comunidad. Pero hasta ahora, España tenía una barrera de entrada: una regulación eléctrica pensada para fundiciones de acero, no para servidores. Para no perder el tren de la inversión, el Gobierno ha decidido mover ficha y cambiar las reglas del juego.
Un cambio de reglas en el BOE. El Ministerio de Industria y Turismo ha activado la maquinaria legislativa. El objetivo es permitir que los centros de datos puedan acceder al Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, una categoría que hasta ahora estaba reservada a la gran industria pesada y que permite recibir compensaciones millonarias en la factura de la luz. De hecho, el primer paso ya es oficial. A través de una resolución de la Secretaría de Estado de Industria publicada el pasado mes de enero, el Gobierno ha eliminado de un plumazo y con carácter de urgencia el principal obstáculo técnico para la campaña de 2026: el requisito de las "horas valle".
La normativa anterior obligaba a las empresas a consumir al menos el 46% de su electricidad durante las horas más baratas (generalmente de noche) para recibir ayudas. Esto, que funciona para una fábrica que puede poner turnos nocturnos, es imposible para un centro de datos que opera 24/7. La nueva resolución da por cumplido este requisito para todos los solicitantes este año, una "amnistía técnica" diseñada para facilitar la entrada de nuevos actores.
Sin embargo, no es un parche aislado. En paralelo, el Ministerio ha sometido a consulta pública un Proyecto de Real Decreto para reformar el Estatuto de forma estructural. El texto, cuyo trámite de audiencia ya ha recogido las alegaciones del sector, reconoce explícitamente que la normativa actual ha quedado 'desalineada' y necesita adaptarse para reforzar la competitividad de las empresas frente a los altos precios energéticos.
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Durante siglos el precio ha sido una señal de calidad. La IA generativa está rompiendo esa regla en decenas de sectores
El fin de la tiranía de la noche. Para entender la importancia de esta medida, hay que mirar al cielo. La norma antigua exigía consumir de noche porque, históricamente, era cuando la luz era barata. Pero la explosión de la energía solar en España ha cambiado el paradigma: ahora, las horas más baratas suelen darse al mediodía, cuando el sol brilla con fuerza, generando lo que los expertos llaman la "curva de pato" en los precios.
Mantener la obligación de consumir de noche no solo era una barrera burocrática para los centros de datos, sino un sinsentido económico y ecológico en la España de 2026. Al eliminar este requisito, el Gobierno no solo ayuda a las tecnológicas, sino que adapta la ley a la realidad de un sistema eléctrico dominado por las renovables.
Menos burocracia y más compensación. El plan del Gobierno para seducir a los centros de datos no consiste en pagarles la luz directamente, sino en blindarles ante los costes indirectos. La reforma plantea dos vías de actuación: dinero y simplificación.
Compensación de cargos ocultos: El nuevo Estatuto permitirá subvencionar costes que engordan la factura pero que no son consumo de energía, como las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Según fuentes del sector, este cargo ronda los 2 euros por megavatio hora y tiene tendencia a subir. Aliviar esta carga es vital para que los números de las tecnológicas salgan en verde.Facilidades administrativas: Se ha suavizado el examen de entrada. Junto a la eliminación de las horas valle, el BOE ha fijado un nuevo ratio técnico (cociente entre consumo y valor añadido) de 0,61 kWh/€ para 2026. Además, se eliminan requisitos farragosos como la exigencia de contratos de renovación a largo plazo muy específicos, que generaban una carga administrativa desproporcionada.
La pieza que falta en el puzle. A pesar de la alfombra roja desplegada por el Ministerio, el sector mantiene la cautela. Desde SpainDC, la asociación que agrupa a los centros de datos en España, valoran la eliminación del requisito de las horas valle como un "avance relevante", pero advierten de que la fiesta no ha hecho más que empezar y ellos aún no tienen la invitación oficial en la mano.
El problema es burocrático, pero letal: el CNAE (Código Nacional de Actividad Económica). Para ser consumidor electrointensivo, tu actividad debe aparecer en una lista cerrada de sectores elegibles. Si el Gobierno reforma los requisitos técnicos pero no incluye expresamente el código de "Proceso de datos" (6311) en esa lista, la reforma será papel mojado para ellos.
"Para los data centers es una premisa la inclusión del CNAE. Sin ello, la certificación sigue sin estar a nuestro alcance", advierten desde la patronal al Periódico de la Energía. A esto se suma la tensión subterránea por la capacidad de la red: no basta con que la energía sea barata, tiene que haber "enchufes" disponibles. La Red Eléctrica está saturada en puntos clave, y el sector reclama inversiones urgentes para que los megavatios prometidos lleguen realmente a los servidores.
Una seducción en fase de pruebas. España ha lanzado un mensaje claro a los mercados internacionales: quiere ser el gran almacén de datos de Europa y está dispuesta a modificar sus leyes sagradas de industria para conseguirlo. La resolución del BOE para 2026 es la prueba de fe, un salvoconducto temporal para evitar la fuga de inversiones.
Sin embargo, el éxito definitivo de la estrategia depende de la letra pequeña que se escriba en los próximos meses. Si la reforma estructural del Real Decreto termina incluyendo a los centros de datos en el listado oficial de sectores beneficiarios, España habrá completado su transformación: de país de sol y playa, a país de sol y datos.
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España quiere convertirse en un "búnker" para los centros de datos con un atractivo muy claro: energía barata
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Alba Otero
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España quiere convertirse en un "búnker" para los centros de datos con un atractivo muy claro: energía barata
El fin de la 'tiranía de la noche': la energía solar tumba el viejo requisito de las horas valle
Una 'amnistía técnica' exprés para salvar la inversión de 2026 mientras llega la ley definitiva
España se encuentra ante una oportunidad histórica. En los despachos de las grandes tecnológicas —desde Amazon (AWS) hasta Microsoft o Google— el mapa de la península ibérica brilla con luz propia. La ubicación geográfica y el despliegue de fibra óptica han convertido al país en el candidato ideal para ser la gran "nube" del sur de Europa. Sin embargo, hay un peaje: estos centros de datos (CPD) consumen electricidad a un ritmo industrial.
Solo la Comunidad de Madrid se juega inversiones por valor de 23.400 millones de euros vinculadas a estos proyectos, mientras que regiones como Aragón ven cómo la demanda de estos centros amenaza con absorber la mitad de toda la energía que se produce en la comunidad. Pero hasta ahora, España tenía una barrera de entrada: una regulación eléctrica pensada para fundiciones de acero, no para servidores. Para no perder el tren de la inversión, el Gobierno ha decidido mover ficha y cambiar las reglas del juego.
Un cambio de reglas en el BOE. El Ministerio de Industria y Turismo ha activado la maquinaria legislativa. El objetivo es permitir que los centros de datos puedan acceder al Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, una categoría que hasta ahora estaba reservada a la gran industria pesada y que permite recibir compensaciones millonarias en la factura de la luz. De hecho, el primer paso ya es oficial. A través de una resolución de la Secretaría de Estado de Industria publicada el pasado mes de enero, el Gobierno ha eliminado de un plumazo y con carácter de urgencia el principal obstáculo técnico para la campaña de 2026: el requisito de las "horas valle".
La normativa anterior obligaba a las empresas a consumir al menos el 46% de su electricidad durante las horas más baratas (generalmente de noche) para recibir ayudas. Esto, que funciona para una fábrica que puede poner turnos nocturnos, es imposible para un centro de datos que opera 24/7. La nueva resolución da por cumplido este requisito para todos los solicitantes este año, una "amnistía técnica" diseñada para facilitar la entrada de nuevos actores.
Sin embargo, no es un parche aislado. En paralelo, el Ministerio ha sometido a consulta pública un Proyecto de Real Decreto para reformar el Estatuto de forma estructural. El texto, cuyo trámite de audiencia ya ha recogido las alegaciones del sector, reconoce explícitamente que la normativa actual ha quedado 'desalineada' y necesita adaptarse para reforzar la competitividad de las empresas frente a los altos precios energéticos.
El fin de la tiranía de la noche. Para entender la importancia de esta medida, hay que mirar al cielo. La norma antigua exigía consumir de noche porque, históricamente, era cuando la luz era barata. Pero la explosión de la energía solar en España ha cambiado el paradigma: ahora, las horas más baratas suelen darse al mediodía, cuando el sol brilla con fuerza, generando lo que los expertos llaman la "curva de pato" en los precios.
Mantener la obligación de consumir de noche no solo era una barrera burocrática para los centros de datos, sino un sinsentido económico y ecológico en la España de 2026. Al eliminar este requisito, el Gobierno no solo ayuda a las tecnológicas, sino que adapta la ley a la realidad de un sistema eléctrico dominado por las renovables.
Menos burocracia y más compensación. El plan del Gobierno para seducir a los centros de datos no consiste en pagarles la luz directamente, sino en blindarles ante los costes indirectos. La reforma plantea dos vías de actuación: dinero y simplificación.
Compensación de cargos ocultos: El nuevo Estatuto permitirá subvencionar costes que engordan la factura pero que no son consumo de energía, como las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Según fuentes del sector, este cargo ronda los 2 euros por megavatio hora y tiene tendencia a subir. Aliviar esta carga es vital para que los números de las tecnológicas salgan en verde.
Facilidades administrativas: Se ha suavizado el examen de entrada. Junto a la eliminación de las horas valle, el BOE ha fijado un nuevo ratio técnico (cociente entre consumo y valor añadido) de 0,61 kWh/€ para 2026. Además, se eliminan requisitos farragosos como la exigencia de contratos de renovación a largo plazo muy específicos, que generaban una carga administrativa desproporcionada.
La pieza que falta en el puzle. A pesar de la alfombra roja desplegada por el Ministerio, el sector mantiene la cautela. Desde SpainDC, la asociación que agrupa a los centros de datos en España, valoran la eliminación del requisito de las horas valle como un "avance relevante", pero advierten de que la fiesta no ha hecho más que empezar y ellos aún no tienen la invitación oficial en la mano.
El problema es burocrático, pero letal: el CNAE (Código Nacional de Actividad Económica). Para ser consumidor electrointensivo, tu actividad debe aparecer en una lista cerrada de sectores elegibles. Si el Gobierno reforma los requisitos técnicos pero no incluye expresamente el código de "Proceso de datos" (6311) en esa lista, la reforma será papel mojado para ellos.
"Para los data centers es una premisa la inclusión del CNAE. Sin ello, la certificación sigue sin estar a nuestro alcance", advierten desde la patronal al Periódico de la Energía. A esto se suma la tensión subterránea por la capacidad de la red: no basta con que la energía sea barata, tiene que haber "enchufes" disponibles. La Red Eléctrica está saturada en puntos clave, y el sector reclama inversiones urgentes para que los megavatios prometidos lleguen realmente a los servidores.
Una seducción en fase de pruebas. España ha lanzado un mensaje claro a los mercados internacionales: quiere ser el gran almacén de datos de Europa y está dispuesta a modificar sus leyes sagradas de industria para conseguirlo. La resolución del BOE para 2026 es la prueba de fe, un salvoconducto temporal para evitar la fuga de inversiones.
Sin embargo, el éxito definitivo de la estrategia depende de la letra pequeña que se escriba en los próximos meses. Si la reforma estructural del Real Decreto termina incluyendo a los centros de datos en el listado oficial de sectores beneficiarios, España habrá completado su transformación: de país de sol y playa, a país de sol y datos.