España se ha vuelto a quedar totalmente sola en la UE en cuestión de migración. Y ni siquiera la crisis e invasión de Ceuta ha hecho que el Gobierno haya cambiado su posición. Este jueves, en Luxemburgo, la UE ha aprobado el reglamento que permitirá acelerar la devolución de inmigrantes y que, además, da encaje legal para que los países desarrollen los centros de retorno creados a imagen y semejanza de los centros Meloni. La medida ha salido adelante por una abrumadora mayoría y sólo se ha producido una abstención, la de Bélgica, y un voto en contra: el español.
España se ha mostrado en contra de la medida durante todo el proceso de adopción de la misma, y tras su negativa de hoy ha vuelto a subrayar sus argumentos habituales. "La renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno" que supone el texto; "las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno"; o "la falta de proporcionalidad de determinadas medidas".
Y a todo ello ha añadido el factor Ceuta, afirmando que "los acontecimientos recientes" en la ciudad autónoma "han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos que permitan garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores". "Sin embargo, el presente Reglamento no recoge medidas para hacer frente a estas circunstancias excepcionales", añaden desde el Ejecutivo español.
Consultadas por qué medidas serían del agrado de España en este ámbito, fuentes diplomáticas señalan que sería necesario reducir los plazos en los procedimientos. Pero, en cualquier caso, no deja de ser llamativo que un reglamento que previsiblemente sí ayudaría a evitar o mitigar situaciones como las de Ceuta no convenza en absoluto al Gobierno español.
La posición de España ha sido conocida sólo a través de un documento que el Ejecutivo ha distribuido ya que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado hacer cualquier tipo de declaración. Ni a la entrada ni a la salida a pesar de lo relevante y trascendental de la cuestión.
"Esta importante regulación acelerará los procedimientos de retorno de aquellos que no tienen derecho legal a permanecer en la UE, completará el Pacto de Migración y Asilo y contribuirá a su implementación efectiva, al tiempo que se respetan los Derechos Fundamentales", ha señalado, por su parte, el ministro de Justicia e Interior irlandés y presidencia de turno del Consejo de la UE, Jim O'Callaghan.
Y mientras España sigue rechazando cualquier medida sobre inmigración, cinco países ya están negociando la puesta en marcha de un primer centro de deportación. Se trata de Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos. "Son soluciones innovadoras que ahora van a quedar blindadas legalmente, completamente, a nivel jurídico", ha señalado sobre esta cuestión el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, según recoge Europa Press.