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Un grupo de inversores liderados por la alemana DCM Energy ganan un laudo que engrosa la factura renovable de España, que ya acumula 28 laudos con una deuda total de 2.300 millones de euros.
Nuevo revés para España por la saga derivada del recorte a las primas de las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, ha dictado un laudo que obliga al Estado a indemnizar con 23,9 millones de euros más intereses a un grupo de inversores liderados por el fondo alemán DCM Energy.
Los demandantes llevaron a cabo inversiones en varias plantas fotovoltaicas en suelo español, que se vieron castigadas por la posterior retirada de las subvenciones a las energías renovables. En 2017 presentaron una demanda de arbitraje ante el Ciadi al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), en la que reclamaban inicialmente 55,9 millones de euros como compensación.
Finalmente, el tribunal del Ciadi ha resuelto el procedimiento estableciendo una indemnización de 23,9 millones, a la que se suman intereses de demora y condenas en costas que elevan la cifra por encima de los 27 millones de euros. Los inversores han contado con el asesoramiento de Gómez-Acebo & Pombo y del bufete estadounidense King & Spalding, mientras que España ha sido defendida por la Abogacía del Estado.
A diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de estos procedimientos, España no ha presentado una solicitud de anulación ante la resolución, por lo que los inversores han acudido de inmediato a los tribunales estadounidenses para buscar la ejecución del laudo. Lo han hecho presentando una demanda ante la Corte de EEUU para el Distrito de Columbia, un tribunal que precisamente en el último año ha reconocido la validez de varios laudos que condenaban a España a pagar unos 690 millones de euros.
Acumulación de deudas
La factura renovable contra España sigue aumentando a medida que se continúan resolviendo procedimientos de arbitraje derivados de esta controversia. Aunque la Abogacía del Estado ha logrado reducir en buena medida el importe de las indemnizaciones que reclamaban originalmente los inversores afectados, la suma de las 28 resoluciones adversas que ha recibido España ya asciende a más de 2.300 millones de euros, si se suman los intereses y condenas en costas.
Cada vez más inversores recurren a los tribunales de Justicia de terceros países para cobrar sus laudos. Jueces de EEUU, Reino Unido, Australia y Bélgica ya han confirmado la validez de los laudos y han dado luz verde al embargo de activos españolas.
La vía del Mundial
Algunos de los acreedores que tienen entre ceja y ceja el cobro de estos laudos, como el fondo Blasket, han puesto el foco en el Mundial de fútbol que se disputa ahora mismo en Estados Unidos. Sus acciones buscan el embargo de los flujos comerciales asociados a la participación de la Selección española: pagos a proveedores como Adidas, reservas hoteleras, contratos logísticos e incluso la sede de entrenamiento en Chattanooga (Tennessee).
Fuentes cercanas a los acreedores aseguran que, en los últimos días, el Gobierno de España ha rechazado una propuesta para suspender las acciones de ejecución ligadas al Mundial a cambio de depositar una fianza ante los tribunales de Estados Unidos y entablar negociaciones orientadas a resolver la disputa.
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