Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum Reuters
Política España y México lideran una petición de 14 países para que ni EEUU ni Rusia tengan veto en la ONU sobre Irán o UcraniaLa carta, suscrita por España y otros trece Estados, reclama aplicar una norma “olvidada” de la ONU que obliga a abstenerse a quien esté implicado en una guerra, según explican a este diario fuentes diplomáticas involucradas en ella.
Los firmantes buscan traducir en hechos el compromiso del Pacto del Futuro y cerrar la puerta a vetos como los de Rusia en Ucrania o los de EEUU e Israel en Irán, presentando la iniciativa como mera aplicación de la Carta.
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Alberto D. Prieto Publicada 28 marzo 2026 13:02h Actualizada 28 marzo 2026 13:47hLas claves nuevo Generado con IA
España ha puesto su firma al pie de una carta que desafía uno de los pilares del poder de las grandes potencias en la ONU: su capacidad de vetar resoluciones sobre sus propias guerras. La misiva, suscrita por otros trece países, propone una resolución de la Asamblea General para que se cumpla, por fin, el artículo 27.3 de la Carta, que obliga al Estado implicado en un conflicto a abstenerse de votar en el Consejo de Seguridad.
En plena escalada del choque de Estados Unidos e Israel con Irán y con la guerra de Ucrania atascada en el Consejo por los vetos de Moscú, la coalición quiere cerrar el paso a que los cinco miembros permanentes sigan usando esa prerrogativa en asuntos en los que son parte interesada. "Esta carta forma parte de un esfuerzo diplomático para exigir el cumplimiento efectivo de esa norma”, explica a EL ESPAÑOL uno de los firmantes.
La iniciativa no supone en realidad una reforma radical del sistema, sino la "mera aplicación” de una cláusula que lleva casi 80 años en la Carta de San Francisco y casi nunca se ha respetado. “Es para cumplir con la Carta, algo que siempre se ha debido hacer”, subraya la misma fuente, que insiste en que el objetivo es operacionalizar una obligación jurídica existente, no reescribir las reglas.
Robles pide a la ONU que exija a Israel el cese de los ataques en Líbano por la seguridad de los militares españolesPero el significado político es enorme. Y desafiante con Washington precisamente en este momento.
Porque el efecto político sería sísmico: si la Asamblea General respalda esta lectura estricta, Rusia no podría votar resoluciones sobre Ucrania, ni Estados Unidos —ni sus aliados— sobre operaciones como la que mantiene con Israel en territorio iraní. Tampoco China, otro miembro permanente, sobre escenarios en los que esté directa o indirectamente implicada... como quizá la misma invasión de Ucrania, ante la que Pekín ha firmado una “amistad eterna” con Moscú.
La carta recuerda que los líderes mundiales ya se comprometieron en el Pacto del Futuro, posterior al ataque de Vladímir Putin contra Kiev, a “implementar y respetar plenamente” todas las disposiciones de la Carta en lo relativo a la toma de decisiones en el Consejo. Ese documento sirve ahora como anclaje político: "La intro habla de cumplir con la Carta, no es una ocurrencia coyuntural”, apunta un impulsor de la iniciativa.
Desde la perspectiva de los firmantes, no se trata sólo de contener el veto, sino de reforzar el principio de que nadie puede ser juez y parte en la misma causa. En las palabras de la Fuente citada, la norma del 27.3 es “especialmente relevante cuando los miembros permanentes utilizan su veto en asuntos en los que son parte interesada”.
Fragmento de la carta firmada.
Al mismo tiempo, los promotores cuidan el encuadre para no presentar la ofensiva como una rebelión de medianas potencias contra los miembros permanentes. Subrayan que la resolución que proponen se limita a fijar dos supuestos mínimos —uso ilegal de la fuerza y disputas territoriales— sin excluir que el artículo 27.3 pueda aplicarse en otros casos posteriores.
La letra pequeña del artículo 27.3
El artículo 27.3 de la Carta establece que, en cuestiones que no sean de procedimiento, las decisiones del Consejo requieren nueve votos afirmativos, “incluidos los votos de los miembros permanentes”. Añade a renglón seguido que, en las decisiones adoptadas en virtud del Capítulo VI —solución pacífica de controversias— y del artículo 52, “una parte en una controversia se abstendrá de votar”.
En la práctica, esa obligación de abstención casi nunca se ha aplicado de forma estricta. Miembros permanentes han votado —y vetado— resoluciones sobre conflictos en los que estaban claramente implicados, desde las guerras árabe‑israelíes hasta Crimea, Siria o Gaza. La carta de los 14 quiere convertir una frase olvidada en una norma operativa, respaldada por la Asamblea.
Feijóo alienta que la UE incluya una 'cláusula de defensa mutua' como la OTAN y construya su escudo contra misiles y dronesPara ello, la resolución que adjuntan propone que los Estados miembros reconozcan al menos dos categorías de actos que hacen de un país “parte en la disputa”: la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, en violación del artículo 2.4, y la existencia de una disputa territorial entre dos Estados.
Cuando un miembro del Consejo incurra en uno de esos supuestos y el Consejo examine precisamente ese conflicto, debería abstenerse de votar. Y, según el texto, se invita al propio Consejo a informar a la Asamblea sobre cómo aplica esta obligación, abriendo la puerta a un control político de sus prácticas.
De Ucrania a Irán, pasando por Gaza
La oportunidad temporal de la iniciativa no es casual. Llega justo cuando se cumple un mes de la guerra abierta que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, tras los ataques cruzados que han llevado el conflicto regional a un nuevo nivel. En ese teatro, Israel no es miembro del Consejo, pero su principal valedor, Washington, sí lo es y usa su veto para blindar a su aliado.
En el caso de Ucrania, Rusia ha vetado sistemáticamente cualquier resolución que cuestione su invasión, bloqueando la acción del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales. China, aunque sin llegar al veto, se ha abstenido o ha maniobrado diplomáticamente para evitar resoluciones que pudieran interpretarse como un alineamiento con Occidente.
Los 14 países no impulsaron esta misma iniciativa en 2022, cuando los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana. El clima político era otro, y muchas capitales dudaban aún de hasta dónde llegaría la ruptura con Moscú. Hoy, con la guerra enquistada y con un nuevo foco crítico en Irán, los firmantes ven más campo para cuestionar abiertamente la impunidad del veto.
En la práctica, la aplicación estricta del 27.3 afectaría tanto a Rusia en Ucrania como a Estados Unidos en los expedientes ligados a su campaña junto a Israel en Irán, e incluso a China si se abrieran debates de fondo sobre sus contenciosos en el mar de China Meridional o sobre Taiwán. Es, por tanto, un mensaje a los tres grandes rivales estratégicos que se disputan el siglo XXI.
Quiénes son los 14 y qué buscan
La firma española aparece junto a Austria, Bulgaria, Cabo Verde, Estonia, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Noruega, Eslovenia, Suecia, Suiza y Timor‑Leste. Es una coalición híbrida de europeos pro‑multilateralismo, pequeños Estados muy activos en reformas del Consejo y países del Sur Global con credenciales de derecho internacional.
Fragmento de la carta firmada.
Todos ellos comparten un interés: reducir la distancia entre el texto de la Carta y la práctica real del Consejo, dominado por el veto y por la lógica de bloques. Para un país pequeño como Liechtenstein o Luxemburgo, o para medianas potencias como España o México, fortalecer las reglas es una manera de ganar peso frente a las capacidades militares o económicas de los gigantes.
La carta presenta la propuesta como un paso “sencillo” para corregir la falta de implementación del 27.3, pero su efecto acumulado se sumaría a otras iniciativas recientes, como la resolución impulsada por Liechtenstein que obliga a convocar la Asamblea cada vez que se usa un veto. Se trata de ir encerrando al Consejo en una red de obligaciones políticas y jurídicas.
La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenesEn ese marco, la presencia de la firma de Héctor Gómez, exministro de Industria y hoy embajador de España ante Naciones Unidas, encaja con la línea marcada por La Moncloa: utilizar perfiles políticos de confianza para una política exterior que no se limita a gestionar el día a día, sino que busca abrir debates de fondo sobre la arquitectura del sistema internacional.
La "voz propia” de Sánchez y el eje BRICS
No es la primera vez que el Gobierno defiende una política exterior “con voz propia”, alejada de los seguidismos automáticos de Washington o de las capitales del núcleo duro de la UE. La hoja de ruta de Exteriores, descrita por este diario como una “diplomacia autónoma”, aspira a que España sea “un actor global con voz e identidad propia, alejados de seguidismos y firmes con nuestros intereses y valores”.
En ese diseño, España ha estrechado lazos con potencias emergentes como Brasil, India o Sudáfrica, fundadores junto a Rusia y China de los BRICS, apoyando su empeño de reformar el Consejo de Seguridad “para adaptarlo a los nuevos equilibrios globales” y a un mundo multipolar.
Como explicaba este periódico al analizar esa estrategia, la apuesta de Sánchez se presenta como la de un orden internacional “más inclusivo”, que reconoce que el sistema actual sigue anclado en las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial mientras el eje del poder se desplaza hacia el Este y el Sur.
Fragmento de la carta firmada.
“España afronta retos globales que exigen escuchar y tener en cuenta las posiciones de otros actores sin los que no se pueden abordar esos desafíos”, resumía Exteriores al presentar su plan para dotar al país de una voz propia y aprovechar oportunidades en crisis como Ucrania o Oriente Próximo.
En ese contexto, alinearse con los países que quieren que la ONU funcione más por reglas que por vetos es coherente con la narrativa de “coherencia entre valores y acciones” que el ministro José Manuel Albares ha defendido en múltiples foros, desde el reconocimiento de Palestina hasta la crítica al bloqueo del Consejo en Gaza.
La nueva carta sobre el artículo 27.3 no derriba de un día para otro el muro del veto, pero suma un ladrillo más a la presión sobre los P5. Y coloca a España, de nuevo, en el grupo de los que prefieren arriesgarse a chocar con sus aliados antes que seguir callando ante un sistema que, a juicio de La Moncloa, ya no refleja el mundo que pretende gobernar.