- RANA FOROOHAR
La política energética de la Administración Trump hará que el país esté más enfermo y sea más pobre.
Estados Unidos está una vez más yendo hacia donde ningún país rico ha ido nunca. A principios de este mes, la Casa Blanca culminó un año de derogaciones en torno al cambio climático al revocar la "determinación oficial", que es la norma que permite a la Agencia de Protección Medioambiental limitar las emisiones de ciertos gases por sus consecuencias en la salud.
El presidente Donald Trump ha anunciado esto como una gran noticia para la economía estadounidense, la seguridad energética, el sector de los combustibles fósiles y la gente que trabaja en él, como los mineros del carbón a los que recibió en la Casa Blanca este mes con la firma de una orden ejecutiva que exige al Departamento de Guerra (me duele escribir esto) que use más la energía procedente del carbón. Pero lo cierto es que la guerra de Trump contra la energía limpia hará que Estados Unidos enferme más y se empobrezca más.
Empecemos con el hecho de que el sabotaje de la administración a las deducciones fiscales federales existentes para los vehículos eléctricos, el recobro de ayudas ya financiadas y de los créditos a los proyectos de energía limpia, así como los recortes en los mandatos federales de eficiencia energética están costando a Detroit 50.000 millones de dólares. Esa es la cantidad del deterioro del valor que están asumiendo los tres grandes fabricantes de coches -GM, Ford y Stellantis- ya que están siendo desincentivados para transitar hacia los coches eléctricos.
Pero esa cifra, aunque alta, no captura ni de lejos todos los costes de los cambios de postura de los gobiernos federales tanto en la demanda como en la inversión en empresas de transporte, que es la mayor fuente de emisiones de gases invernadero en EEUU.
La BlueGreen Alliance, una asociación de sindicatos laborales y grupos medioambientales, difundió una investigación el año pasado en la que se calcula que revocar las ayudas fiscales para el transporte con energía verde pone en riesgo más de 2 millones de puestos de trabajo en lugares como Arizona, Kentucky, Michigan, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental, que estaban empezando a beneficiarse de un boom de inversión en la fabricación relacionada con la energía verde.
Ese boom ya está empezando a estallar. Los empleos en las fábricas han caído desde que Trump llegó al poder. La firma de investigación Rhodium Group estima que el plan de inversión de 22.000 millones de dólares en coches eléctricos, baterías y minerales fundamentales se ha esfumado.
Mientras tanto, los trabajadores en estados dependientes de los combustibles fósiles que habían sido traspasados a empleos en el sector de la tecnología limpia están siendo despedidos. Este pasado diciembre, por ejemplo, Ford cerró una planta de baterías en Kentucky, un estado dependiente del carbón, despidiendo a 1.600 trabajadores en un lugar donde el gobierno local y estatal habían gastado 250 millones de dólares para atraer nuevos negocios.
Algunos trabajadores podrían verse obligados a volver a las minas de carbón, pero no estarán protegidos por la norma sobre la exposición al polvo de sílice aprobada por la administración Biden. Se trataba de un esfuerzo por erradicar la enfermedad pulmonar padecida por una quinta parte de los mineros veteranos debido al uso de una maquinaria más potente necesaria para llegar al carbón en minas maduras ya que cada vez es más difícil extraer el polvo de sílice. La administración Trump pausó la aplicación de esa norma en mitad de la reestructuración de numerosas agencias federales, lo que resultó en miles de despidos.
Mientras la Casa Blanca alaba el dinero ahorrado de los recortes en la regulación, los defensores de la sanidad pública y medioambiental están preocupados por los cientos de miles de muertes prematuras vinculadas al cambio climático en la era de la pre- regulación a la que parece que estamos volviendo.
Los ciudadanos de Mississippi preocupados por la contaminación de una entrada de petróleo venezolano que se espera golpee a una refinería de Chevron en su comunidad, están pidiendo a la compañía petrolífera que compre sus casas. Mientras China sirve paneles solares baratos a los mercados emergentes, Estados Unidos se está convirtiendo en uno de ellos.
Estos costes inmediatos que he enumerado son solo el principio. Para la industria estadounidense del automóvil, el estancamiento es ahora el mejor resultado posible. Aunque obtengamos una derogación post 2028 de las derogaciones de Trump, esto dejará a Estados Unidos por detrás de China, que posee claramente el futuro de la energía limpia.
Las batallas legales de todo esto ya han empezado. La falta de certidumbre resultante de las acciones legales es en sí misma un impedimento enorme para la inversión extranjera, no solo en el sector del transporte, sino en la cadena de suministro a la que sirve.
Uno se pregunta qué prima de riesgo habría que poner sobre una nación con menos interés en los sectores de altos crecimiento, además de un agua y un aire más sucios, especialmente en un momento en el que el sector de los seguros quiere incrementar los costes causados por los desastres relacionados con el clima a las empresas, los bancos y los propios gobiernos.
Me pregunto si la completa abdicación de Estados Unidos de cualquier responsabilidad resultante del calentamiento global regresará algún día para pegar un mordisco en forma de aranceles vengativos o sanciones financieras a Estados Unidos por parte de otros países. ¿Qué puede impedir a un grupo de naciones con pérdidas económicas récord relacionadas con el clima penalizar a Estados Unidos, igual que Estados Unidos ha penalizado a otras nacionales por apoyar el terrorismo? Los costes -tanto humanos como económicos- ya son muy altos.
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