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Golpe de Estado del 23-F. El guardia civil, Antonio Tejero, pistola en mano, interrumpe el pleno del Congreso de los Diputados. R. C. Estas son las claves de la ley de secretos oficiales para sustituir la del franquismoEl Gobierno desclasifica ahora el 23-F después de haber tentado a los socios con hacerlo para poder aprobar la reforma trabada desde 2022
Paula De las Heras y Lourdes Pérez
Madrid
Martes, 24 de febrero 2026, 00:43
... de julio a fin de intentar persuadir a sus socios de que refrenden la nueva ley de información clasificada. O lo que es lo mismo, la reforma de la norma que regula los secretos oficiales vigente desde 1968, aún bajo la dictadura de Francisco Franco. El anzuelo al que se acogió Bolaños fue que de acuerdo a ese nuevo texto legal, que fija como límite para mantener los dosieres más protegidos 45 años -prorrogables 15 más de manera motivada-, la documentación relativa al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 podría desclasificarse este 2026.Noticias relacionadas
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Bolaños compareció en julio tras el Consejo de Ministros que volvió a dar luz verde al proyecto legislativo, aprobado por primera vez en agosto de 2022 y que decayó al precipitar Sánchez el final de su segundo mandato con la convocatoria de las elecciones generales el 23 de julio de 2023. «Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales», prometió el presidente a Aitor Esteban hace ahora un año, cuando el portavoz del PNV en el Congreso durante dos décadas abandonó su escaño para liderar el partido. Los peneuvistas se han mostrado especialmente incisivos con los distintos gobiernos para intentar actualizar la ley franquista, cuya adecuación a los estándares democráticos siguen considerando insuficiente al igual que otros grupos como Podemos.
Estas son las claves de la iniciativa gubernamental, que vuelve a la actualidad después de que el Ejecutivo haya optado por dar un golpe de efecto actuando al margen de su aprobación para sacar a la superficie la información 'top secret' del 23-F.
Fin de la norma franquista del 68
La ley de información clasificada –su denominación oficial– refrendada de nuevo por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio forma parte de las reformas comprometidas en el Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre de 2024..
Desclasificación automática, salvo que afecte a la seguridad nacional
Por primera vez, se establecen unos plazos determinados para la desclasificación automática de la información bajo secreto, que variarán en función del grado de reserva asignado. Ese automatismo tiene un límite: que se valore que existe un bien superior relativo a la seguridad nacional o a la defensa.
Cuatro niveles de clasificación y 60 años como máximo de blindaje
Se regulan cuatro categorías de información clasificada: 'alto secreto', 'secreto', 'confidencial' y 'restringido'. La clasificación será «excepcional» y «motivada». A cada categoría se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros –es decir, el tope es 60– y el mínimo, de cuatro sin posibilidad de alargarlo.
La violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
El proyecto estipula que la información relativa a esos delitos no podrá ser objeto de clasificación. Según el ministro Bolaños, será lo primero que se desclasifique cuando la norma entre en vigor.
Sanciones de hasta 2,5 millones por revelar secretos
La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. El anterior régimen solo contemplaba la vía penal. El derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones.
La Autoridad Nacional para la Protección de la Información
Será de nueva creación y quedará adscrita al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero será la ministra de Defensa quien ejercerá las funciones de esta autoridad en lo relativo al intercambio y protección de información clasificada que tengan que ver con la OTAN.
Posibilidad de recurrir la clasificación ante el Supremo
Cualquier declaración de documentación clasificada podrá ser impugnada por quien tenga un interés personal o un interés profesional, como los periodistas. El pleito se resolverá ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal.
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