Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política y miembro del Greco
«Extender la acusación de 'lawfare' contra los jueces muestra una deleznable cultura política»El experto en corrupción, que publica libro junto al magistrado Joaquim Bosch, pide unas administraciones blindadas y proteger a los denunciantes
Regala esta noticia Añádenos en Google Fernando Jiménez es uno de los mayores expertos en Europa en la lucha contra la corrupción. (Inma G. Pardo) 13/07/2026 Actualizado a las 00:17h.Son apenas un centenar de páginas en un formato muy manejable. Pero encierran la descripción de un mal perpetuado en el país desde el siglo ... XIX –los ilícitos de arraigo político que corroen las instituciones– y las recetas para combatirlo con mayor compromiso y acierto. El magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia Fernando Jiménez han escrito 'La corrupción en España: un problema enquistado' con un acusado sentido de la oportunidad. Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, explica en esta entrevista, entre otras cosas, por qué «la corrupción es un crimen sin cadáver».
–Lo dijo Emilio Lamo de Espinosa ya hace tiempo. Como no hay una víctima directa, sino que somos perjudicados todos los ciudadanos, es muy difícil que alguien active la persecución de la corrupción. Y luego, como al sindicato de beneficiarios le es más fácil coordinarse, pues esto es casi como luchar contra el hambre.
–Hacen un descorazonador recorrido por los principales casos de las últimas décadas. Con afectación a todos los partidos con poder y, por tanto, con acceso al dinero.
–Las estructuras de poder se establecen sobre una base clientelar: si tú repartes beneficios, sabes que vas a estar en el poder bastante tiempo. Y esa tentación de jugar al clientelismo la han tenido todos. La tradición viene del siglo XIX, de no haber construido una Administración pública imparcial, no manejada por los partidos. Algo que en la mayoría de los países europeos no ocurre. Así que lo que tenemos es un problema estructural que exige soluciones que hasta el momento no se han puesto encima de la mesa.
–Ahora estamos viviendo el apogeo de causas que salpican al entorno del presidente Sánchez y al PSOE. ¿Diría que este es el trance histórico con mayor carga de presunta corrupción o no se diferencia de otros precedentes?
–Aquí, además de la corrupción económica, es que hay una corrupción institucional fortísima. Que también la hemos tenido en otros momentos, pero nunca habíamos llegado al punto de vender una determinada decisión pública a cambio de los siete votos que hacían falta para una investidura.
–¿La amnistía es corrupción?
–Es una corrupción institucional brutal. Hemos tenido otras corrupciones institucionales, sobre todo en lo que tiene que ver con financiación de partidos. Pero formar un Gobierno gracias a los votos que se consiguen vendiendo una decisión pública que en ningún momento se había admitido que se iba a hacer es el colmo. No hay mayor traición institucional.
–¿La 'trama Kitchen' que se juzga ahora también entra en ese cajón?
–Claro, todo este manejo de la Policía para tapar casos de corrupción es horrible. Y tiene que ver con la degradación de la Administración pública, con su colonización política, que se pone al servicio del partido que esté al frente del Gobierno. Por eso los niveles de desconfianza hacia los partidos, hacia las principales instituciones políticas, son mucho más intensos que en el resto de países europeos.
–¿Es creíble que ni Mariano Rajoy antes ni Sánchez después supieran nada?
–Yo no lo sé, pero dada la estructura de poder de los partidos en España, donde es muy difícil que se mueva algo sin que el líder lo conozca, es bastante inverosímil.
–Llegan a remontarse a Aristóteles para advertir de que el veneno de la corrupción no se limita a conductas individuales perseguidas penalmente, sino que carcome los principios básicos del sistema institucional.
–Es que si solo luchamos desde el punto de vista penal... Eso tiene sentido en los países nórdicos, donde la corrupción está muy acotada. Pero en España, donde tiene un fuerte carácter institucional y son factores estructurales los que la explican, abordarla desde el punto exclusivamente penal o del laboratorio jurídico no sirve. Tenemos que acortar los incentivos perversos. La clave es hacer que nuestras administraciones públicas tengan una lógica profesional de funcionamiento y no una partidista.
–Denunciar sigue conllevando un elevado coste personal. Desde esa perspectiva, ¿se entiende el beneficio penal otorgado por el Supremo en el 'caso mascarillas' a un personaje tan vidrioso como Víctor de Aldama?
–Sí, está clarísimo desde el punto de vista de técnica criminalística o penal que hay que incentivar al delator. Son redes cuya información está dentro y, si quieres que alguien hable, lo tienes que incentivar de alguna manera. Hay todo tipo de informantes. Gente que está dentro y en un momento dado habla, tipo Aldama. Otras veces es un funcionario o una empleada pública que conoce el asunto porque ha tenido que tomar una determinada decisión y opta por denunciar la irregularidad. Aquí sí que hay un comportamiento cien por cien cívico. Pero a esta gente se la machaca, porque el mensaje que se quiere enviar es que como se te ocurra hablar, lo vas a pasar fatal. Y, efectivamente, lo pasan fatal. Recuerdo el caso de una ingeniera de Acuamed que lleva ya doce juicios contra ella por haber hecho lo correcto. Esto, ¿quién lo aguanta? Denunciantes de corrupción han acabado con sus familias rotas.
–Es demoledor.
–El mensaje es 'mira para otro lado'. Y la mayor parte de la gente mira para otro lado. ¿Tenemos que convertir a los empleados públicos, a los funcionarios, en héroes? Pues no haría falta si estuviéramos luchando realmente en serio contra la corrupción. Y la protección del informante es un aspecto esencial. Lo aprendimos hace mucho con los italianos en la lucha contra la mafia.
«La punta del iceberg»
–¿Hay impunidad?
–Los casos que llegan a investigación judicial son siempre la punta del iceberg, hay mucha más corrupción. Entonces, impunidad hay. Ahora bien, ¿la hay en los casos que están investigados judicialmente? Bueno, algunos son difíciles de demostrar, pero que haya impunidad… acaban de condenar a 24 años a Ábalos. Pero es verdad que en conversaciones de corruptos grabadas por la Policía, se les escucha decir que es muy improbable que te pillen; que si te pillan, la condena no es muy alta; e incluso que aunque te condenen, el resto de la red puede no verse afectada. Así que una cierta impunidad sí que hay.
–¿Y existe 'lawfare'?
–Lo que no existe es tanto 'lawfare' como se habla. Que hay algún juez que pone por delante intereses particulares antes que el interés general, alguno hay; ahí está el caso clarísimo de Salvador Alba [el magistrado condenado a prisión por conspirar contra la excargo de Podemos Victoria Rosell]; un juez que utiliza torticeramente sus poderes. Pero no es lo frecuente. Tenemos una Judicatura que está muy bien considerada a nivel internacional, que cumple los estándares. Lo que tenemos, de nuevo, son unos niveles de colonización política que no tienen en otros países europeos; en concreto, todo el mangoneo del Consejo General del Poder Judicial. Que no es un órgano jurisdiccional, pero es un órgano de gobierno que nombra a los jueces que forman parte de los altos tribunales, los que juzgan a los aforados. Y en España hay una cantidad de aforados impresentable.
–¿Podemos extraer alguna conclusión de que los ataques a los jueces menudeen, precisamente, ante las causas por corrupción?
–Es un momento en el que los jueces hacen su trabajo y afectan a la credibilidad de los principales partidos, de los principales líderes políticos. Son campañas de defensa a lo bruto, demoledoras porque atacan pilares esenciales del Estado de derecho. Nos lo dicen la UE y el Consejo de Europa: que la crítica a los jueces puede estar justificada en un determinado momento, pero que una crítica de un representante político no debería producirse; un ministro debería contenerse, porque es un poder del Estado que está criticando a otro poder del Estado. Extender las acusaciones de 'lawfare' contra los jueces demuestra un nivel deleznable de cultura política. Es para hacérselo mirar.
–Uno de los motivos de esperanza que citan en el libro es la concienciación de la ciudadanía. Pero si eso es realmente así, estas prácticas estarían en vías de erradicación, ¿no? Y no lo están.
–Se lo matizo. Que los datos de rechazo son más altos en España y Portugal que en el resto de países de la UE está clarísimo, lo plasma sistemáticamente el Eurobarómetro especial sobre corrupción. Estamos bien pertrechados para aprovechar que hubiera un líder político que quisiera realmente tomarse en serio la lucha contra la corrupción; serían reformas populares en España. Como la ley que prohibió fumar en los bares o el carné por puntos. Si protegemos muy bien a los denunciantes de corrupción, si impulsamos una ley de financiación de partidos que controle adecuadamente sus gastos reales, si nos tomamos en serio la independencia de la Administración pública…, se mandaría el mensaje de que hasta aquí hemos llegado. Y eso cambiaría las cosas. Ahora, ese nivel de hartazgo con la corrupción no quiere decir que los españoles sean ciudadanos críticos. Porque luego son muy pasivos. Es decir, tienen este hartazgo pero entienden que están en un entorno muy corrupto y mirarán para otro lado. Por eso esto no va de cambiar un partido por otro, esto va de hacer reformas institucionales.
–¿Tiene perdido ya José Luis Rodríguez Zapatero lo que pueda decir sobre las joyas incautadas en su despacho?
–Es un caso bastante bastante grave, dado además el tipo de regímenes políticos con los que ha colaborado el expresidente: Venezuela, países del Golfo, China…; países que no parecen un dechado de cultura democrática. Y luego está la hipocresía de estar presumiendo de ser desprendido como socialista y descubrir que se trata de un tipo avaricioso que ha ido rapiñando todo lo que podía. Eso es demoledor para su figura; y la prueba está en los niveles de depresión que tienen los líderes de la izquierda, para los cuales era un referente moral.
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