Félix Ulloa, vicepresidente de Bukele: "Puede haber inocentes entre los 91.000 presos, como en cualquier parte del mundo"

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez El Español

La mano derecha del presidente de El Salvador conversa con este periódico sobre la política de seguridad, las denuncias por violación a los derechos humanos y la situación democrática del país más pequeño de Centroamérica.

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"¿Otra entrevista?". La media sonrisa apenas le dura un segundo a Félix Ulloa (Chinameca, 1951) cuando se topa con nuestras cámaras en una de las salas nobles de Casa de América. Vicepresidente de El Salvador desde 2019, cuando Nayib Bukele arrasó en las elecciones presidenciales con un respaldo popular histórico, Ulloa ha hecho escala esta semana en Madrid con un objetivo claro: combatir el relato de los bukelefóbicos, como llama a quienes sostienen que "todo" lo que hace Bukele "está mal".

Pero el abogado no viene solo a librar una batalla semántica. También busca tender puentes económicos con España ahora que su país, asegura, ha "ganado la guerra contra las pandillas". Habla del "milagro de la seguridad", como define los resultados del plan diseñado por Bukele para limpiar de violencia las calles de este pequeño país centroamericano, que hasta hace poco encabezaba los rankings mundiales de homicidios diarios. Hoy, presume, las cifras se han desplomado.

Ese giro —bautizado como el 'modelo Bukele'— ha convertido a El Salvador en objeto de estudio y de polémica. Para algunos, es un ejemplo de mano dura efectiva. Para otros, una advertencia sobre los límites del Estado de derecho. Y es que la piedra angular de esta estrategia es el estado de excepción, una herramienta que permite suspender garantías constitucionales, como la detención sin acusación formal, que pasa de 72 horas a quince días.

Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador: "Puede haber inocentes entre los 91.000 presos"

Decretada en 2022, la medida ha sido prorrogada mes a mes hasta la actualidad. Casi 100.000 personas han sido encarceladas. Unas 8.000 han salido en libertad tras reconocerse como inocentes. Durante este tiempo, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado abusos, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas, cuya máxima representación se encuentra en el famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de alta seguridad.

Según un informe reciente de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario, 470 personas detenidas murieron durante los 45 meses del régimen de excepción, muchas de ellas ingresaron sanas y fallecieron a las pocas semanas, lo que apunta a posibles malos tratos por parte de la institución penitenciaria. "Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios", señala Ulloa durante una tribuna previa organizada por EFE y Casa América.

El respaldo popular a Bukele ha sido clave a la hora de consolidar este modelo. Tras ser electo por mayoría aplastante, en 2021 obtuvo también mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa. Aprovechó ese control para deshacerse de jueces y fiscales críticos, y reformó la Constitución: primero para permitir su reelección y luego para habilitarla de manera indefinida.

Para sus críticos, como el periodista en el exilio Óscar Martínez, autor de Bukele, el Rey desnudo (Cuadernos Anagrama, 2026), "El Salvador no es un país gobernado por una administración ni por un Estado, sino por un hombre: Bukele", a quien considera "un dictador".

Durante 20 minutos, EL ESPAÑOL conversa con Félix Ulloa sobre la estrategia de seguridad de El Salvador, las denuncias por violar los derechos humanos y las críticas a un presidente cuya popularidad y concentración de poder han colocado al pequeño país de apenas seis millones de habitantes en el punto de mira mundial.

¿Sigue El Salvador siendo una democracia plena?

Sí. El Salvador es un modelo de democracia, aunque algunos crean que es incompatible con un liderazgo fuerte. Democracia significa demos (pueblo) y kratos (poder): es el pueblo quien elige a su gobernante y a sus representantes mediante las consultas populares, las elecciones. Bukele fue electo en 2019 con mayoría absoluta y reelegido en 2024. Como ha seguido entregando resultados, se plantea que pueda presentarse a un tercer mandato. En definitiva, es el pueblo quien delega su poder tanto en el presidente como en los diputados.

Se lo preguntaba porque hay numerosos informes que hablan de un retroceso democrático, incluso del fin de la democracia en El Salvador, precisamente por los cambios que los cambios constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida. ¿Qué opina sobre los que consideran a Bukele un dictador?

Primero habría que ver cuáles son esos supuestos retrocesos. Recibimos un país gobernado tras los Acuerdos de Paz de 1992 durante 20 años por ARENA y diez por el FMLN, con corrupción estructural y más de 41.000 asesinatos. ¿Eso era democracia? Entonces, ¿cuál es el retroceso democrático? Y además, ¿quién lo afirma y con qué base?

Le puedo citar uno de los informes, el Freedom in the World de 2025 que sitúa al Salvador en el puesto 47 de 100, habla de retroceso por la corrupción generalizada que socava la democracia y el Estado de derecho.

Están hablando de El Salvador que nosotros recibimos.

Bueno, es de 2025. El año anterior el país ocupaba el puesto 53.

Pero no dice qué periodo analiza, porque en este Gobierno la corrupción ha sido el flagelo más combatido, porque el presidente ofreció en su campaña dos cosas: el dinero alcanza cuando nadie roba. Hay cantidad de funcionarios que están presos, otros ya salieron porque devolvieron el dinero.

Félix Ulloa en Casa de América durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez El Español

¿Hay persecución política en El Salvador?

No hay persecución política; hay persecución por corrupción. Incluso miembros del propio partido del presidente han sido capturados o procesados. No sé si ese informe desconoce esos casos o los ignora.

¿No hay riesgo de concentración de poder si un presidente puede perpetuarse?

No. El presidente se elige por voto popular; en la última elección obtuvo 85% en San Salvador y 98% en el exterior. El Legislativo también fue electo mayoritariamente: 53 de 60 diputados son de Nuevas Ideas, elegidos libremente por el pueblo. Nadie los va a presionar para votar en contra.

Esos diputados han aprobado la destitución de jueces y fiscales críticos, y colocado a los más afines.

No se elige gente que viene a bloquear; se elige a quienes van a apoyar y compartir la agenda del pueblo. Esa es la lógica democrática que tenemos, claro. Los diputados eligen a los magistrados de la Corte Suprema cada tres años; los jueces duran nueve años, con renovación de un tercio cada tres años. Así se asegura que el Poder Judicial refleje la voluntad del pueblo.

Con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial bajo influencia oficialista, ¿qué contrapeso o control existe hoy sobre el poder del Ejecutivo?

Cuando un pueblo delega su cuota de poder en un gobernante y éste gobierna bien, se lo ratifica; si gobierna mal y no está de acuerdo, se lo retira. Esos son los mecanismos de la democracia: las elecciones. Y cuando alguien dice: "pero mira, Bukele controla la Asamblea Legislativa o el Órgano Judicial", no es así. El pueblo eligió directamente a cada diputado, y si los eligió para que apoyaran la labor del Ejecutivo, y eso es una decisión soberana del pueblo salvadoreño.

"El régimen de excepción jamás ha afectado una sola libertad pública"

¿No cree que incluso en una democracia liberal se necesitan límites institucionales, aunque a veces contravengan la voluntad del pueblo?

Entonces, si va en contra del pueblo, ya no es democracia, sino una dictadura. En las democracias liberales posteriores a la posguerra se hablaba de sistemas con supuestos controles institucionales, pero en realidad eran los poderes fácticos los que mandaban. En una verdadera democracia, los controles los establece el pueblo. El problema surge cuando las élites hablan en nombre del pueblo o cuando hay caudillos que dicen representarlo: en ese caso, ya no es democracia.

No hay nadie entonces que pueda decirle "no" al presidente Bukele.

¿Por qué querrías que un órgano limite o bloquee las acciones de otro, en este caso el Legislativo o el Ejecutivo, para demostrar que hay democracia? Si ambos están en la misma visión y proyecto, eso es coherencia democrática.

Su Gobierno sostiene haber conseguido el "milagro de la seguridad", ganando la guerra contra las pandillas y reduciendo la tasa de homicidios a niveles históricamente bajos. ¿Qué justifica entonces mantener el estado de excepción, que restringe ciertos derechos y libertades de los ciudadanos, cuatro años después?

El régimen de excepción, desde que se decretó el 27 de marzo de 2022, jamás ha afectado una sola libertad pública, ni una sola. Solo suspende garantías constitucionales para individuos particulares, no para el pueblo salvadoreño. Es decir, las personas normales que no pertenecen a estructuras criminales no sufren este tipo de medidas extraordinarias. Además, cuando al pueblo se le consultó en una encuesta hace una semana si quería que el régimen de excepción continuará, el 97% dijo que sí. Si la mayoría lo quiere, ¿por qué lo va a quitar?

Si ya no hay violencia y, según dice, al pueblo salvadoreño no le afecta, ¿qué función tiene?

Para el imaginario colectivo el régimen de excepción es la protección del Estado de bienestar en que se encuentra. Desde que se decretó el estado de excepción y se empezó a capturar a todos los pandilleros, meterlos a la cárcel y devolver la paz, la felicidad, la seguridad de las comunidades, la gente se siente libre, entonces creen que por el Estado quieren que siga.

¿Cuándo planean restablecer plenamente las garantías constitucionales?

Cuando el pueblo diga que ya no lo quiere, si la excepción quita las garantías suspendidas es para beneficio del pueblo y si el pueblo lo percibe así la va a querer porque se siente seguro.

¿Podría decirme exactamente cuántos detenidos hay en las cárceles salvadoreñas?

Más de 91.000.

¿Y cuántos de ellos ya han sido juzgados?

Miles, porque son juicios colectivos y otros están esperando los procesos. Esos que no han llegado a juicio, sí pasaron la etapa de instrucción. Para estar detenida, una persona necesita que el juez haya decretado la detención provisional. Tras la captura, la policía entrega al Ministerio Público, que tiene 15 días para recabar pruebas y decidir si las remite al juez. Si no hay elementos suficientes, la persona queda libre; si los hay, el juez revisa el caso con defensores, y si la evidencia es sólida, pasa a juicio. El Estado ha nombrado más de 300 abogados de oficio para quienes no pueden pagar.

Desde el domingo, la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol.

En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos).

Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más.#GuerraContraPandillaspic.twitter.com/03MbAEzMPY

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2022

¿Cuánto tiempo puede pasar desde la detención hasta que se inicie un juicio?

Eso lo determinan los 11 jueces que solo juzgan a las pandillas.

En el último año se han liberado a 8.000 inocentes detenidos…

Bueno, se les ha declarado inocentes, yo no sé si eran inocentes. O sea, presentaron pruebas de arraigo, de trabajo, de estudio, y los habían agarrado por una mala información o por un error, fueron liberados.

¿Podrían liberarse más personas inocentes?

Eso lo deciden los jueces. Yo soy del Ejecutivo, pero podrían haber inocentes entre esos presos, como en cualquier parte del mundo, donde hubo personas que fueron condenadas a muerte y fusiladas y eran inocentes.

Félix Ulloa durante su entrevista con EL ESPAÑOL.

Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos incluso contra menores. ¿Se vulnera los derechos humanos de los presos?

No, no. Yo no sé cuál es la fuente de esos informes porque ellos nunca han ido a una cárcel. Cuando lograron presentar los casos que los documentaron, lo llevamos a la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra y fue el Gobierno y fue demostrando caso por caso que no eran ciertos.

Los informes cuentan con entrevistas, fotografías…

Insisto, la única institución que va a las cárceles, que tiene mandato para ir a la cárcel por un voto con el Gobierno, se llama Comité Internacional de la Cruz Roja y ellos sí hacen informes de lo que observan de lo que ven y nos han hecho críticas y hemos tomado sus críticas, porque son instituciones serias. No son las organizaciones estas, que toman lo que un señor me dijo o la prensa o el medio tal o una ONG de oposición.

Dice que no han ido a las cárceles, ¿se lo han solicitado?

¿Estos niños? no sé, no sé.

En los últimos años su Gobierno ha organizado visitas de influencers al CECOT, la cárcel de máxima seguridad. Hay muchos medios que lo han criticado como una estrategia de imagen, como una propaganda. ¿Cuál es el objetivo real de estas visitas y qué busca transmitir el Gobierno con ellas?

La verdad es que no lo sé porque eso pertenece al sistema carcelario. No sé quién ha ido. Cuando me llegan solicitudes yo se las paso al Ministerio de Justicia o a quien esté a cargo de las cárceles. Lo que sí me dijeron era que no pasara caso por caso, que reuniera un grupo, porque si no todos los días tendríamos ahí a alguien, y ni que eso fuera un zoológico .

"Los padres son los últimos en enterarse de que sus hijos son miembros de una mara"

En el último año Estados Unidos ha deportado a El Salvador a centenares de migrantes. A cambio, según varios informes, de millones de dólares. ¿No teme que estos acuerdos transformen al país en un destino permanente para presos extranjeros?

No, no, no, porque era solo un caso. Estados Unidos capturó a un grupo de miembros del Tren de Aragua y tenía planeado deportarlos a Venezuela, pero ese país no los quiso recibir. Entonces solicitaron alojamiento carcelario en El Salvador y se les dijo que sí, con gusto, aunque nosotros no podíamos mantenerlos indefinidamente, así que se fijó un precio por tenerlos aquí. Cuando Estados Unidos se puso de acuerdo con Venezuela y este país liberó a presos políticos que tenían bajo bandera estadounidense, Estados Unidos dijo: "Bueno, dádmelos a mí, que los voy a mandar allá".

¿O sea que fue algo excepcional?

Sí, no hay un flujo de presos que está llegando, ni deportados, ni nada.

En los últimos días han surgido testimonios de familiares de presos que denuncian que los juicios masivos de centenares de personas podrían vulnerar los derechos de los reclusos. ¿Qué le diría, por ejemplo, a una madre que está solicitando un juicio justo para su hijo?

Primero, le diría que mire si su hijo cometió o no cometió delito, si era miembro de una mara o no. Porque los últimos que se dan cuenta de que sus hijos eran de una mara son las madres o los padres, la casa. Entonces le diría que vaya y averigüe. Los juicios son públicos, hay defensores; que busque uno, que lleve el expediente y que le expliquen: "Mire, su hijo pertenece a esta mara". Quizá no era quien disparaba o quien mataba, ni uno de los jefes, pero podía ser quien cobraba la extorsión. Y eso también implica responsabilidad. Aquí no se juzga caso por caso de manera aislada, porque no puede haber 90.000 procesos individuales: eso tomaría cien años y requeriría millones de jueces. Se juzga a la estructura y se sanciona según el grado de responsabilidad que cada individuo haya tenido dentro de esa estructura.

¿Juzgarlos de manera masiva no vulnera algunas de sus garantías fundamentales como individuos?

Eso es lo que decía, porque por eso preguntaba si alguno de ustedes [en la conferencia previa] tenía formación de abogado, porque si no lo tenés no lo vas a entender.

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