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Feijóo exige Presupuestos cada año a Vox a cambio de incluir algunas de sus propuestas en ayudas sociales y educación

Feijóo exige Presupuestos cada año a Vox a cambio de incluir algunas de sus propuestas en ayudas sociales y educación
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El documento marco del PP ofrece "un shock de oferta" en Vivienda, "ampliar las plantillas" de la Sanidad, "especialmente en Atención Primaria", y más "medios" en seguridad ciudadana. Guardiola pidió la intervención de Génova para "acabar con el discurso de Vox de que hay un PP en Extremadura y otro en Aragón". Nadie cree que haya pacto hasta después de las urnas en CyL. Más información: El documento de Feijóo para negociar con Vox: el PP acepta "ampliar la oferta programática pero no contradecirla".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en la reunión del Comité de Dirección de este lunes, en Madrid. Mudarra

Política PARTIDO POPULAR Feijóo exige Presupuestos cada año a Vox a cambio de incluir algunas de sus propuestas en ayudas sociales y educación

El documento marco del PP ofrece "un shock de oferta" en Vivienda, "ampliar las plantillas" de la Sanidad, "especialmente en Atención Primaria", y más "medios" en seguridad ciudadana.

Guardiola pidió la intervención de Génova para "acabar con el discurso de Vox de que hay un PP en Extremadura y otro en Aragón". Nadie cree que haya pacto hasta después de las urnas en CyL.

Más información:El documento de Feijóo para negociar con Vox: el PP acepta "ampliar la oferta programática pero no contradecirla".

Publicada 24 febrero 2026 02:50h

Las claves nuevo Generado con IA

Alberto Núñez Feijóo marca el campo de juego en el que se moverán las negociaciones del Partido Popular para formar gobiernos autonómicos. El documento se abre a "ampliar la oferta" programática con lo que ofrezca el socio, pero "no a contradecirla".

La iniciativa, recogida en un "documento marco", pretende servir para cualquier tipo de pacto (de coalición o de legislatura) y para las conversaciones con cualquier otra formación. Pero a nadie se le escapa que el mensaje es para Vox, esencialmente.

De ahí que Feijóo marque terreno con las ideas ya más consolidadas de su programa (vivienda, sanidad, conciliación, inmigración), pero acepte posiciones más conservadoras en algunos campos asumibles (natalidad, educación o ayudas sociales).

Y que, para garantizarse la "estabilidad", cuya ausencia provocó la convocatoria anticipada en Extremadura y Aragón, exija el compromiso de aprobar "cuatro Presupuestos" y la creación de un "método de seguimiento" del cumplimiento del pacto.

Sea éste el que sea finalmente, se basará en las ideas establecidas en el texto. Adquiera la forma que adquiera, en coalición o con apoyo externo, las partes asumirán estos compromisos por escrito.

Petición de Guardiola

Y de momento, se "resetea" todo en Mérida y Zaragoza, se empieza "de cero", y se comienza por los contenidos. "Sólo después se hablará de presencia o no de Vox en los gobiernos", coinciden las partes, confirmando implícitamente que esto ya está hablado entre Génova y Bambú.

La decisión la tomaba formalmente el Comité de Dirección del PP este lunes. Pero viene larvándose más de una semana. Y parte de una petición de María Guardiola, "harta" de aparecer ella como "la baronesa roja" de Extremadura, mientras Jorge Azcón era presentado como "el PP dialogante" en Aragón.

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"No podemos aceptar el marco de que hay dos PP", explican fuentes de su entorno. Mientras, deslizan que esto es así, en gran parte porque "lo esencial en lo programático aquí ya está cerrado", aunque la lideresa extremeña da por hecho "que Vox no pretende que haya acuerdo hasta después del 15-M en Castilla y León".

Esto llevará a Guardiola a perder sus dos primeras investiduras, el 3 y el 6 de marzo. Pero la jugada de Génova le da la calma de que "ya no se podrá vender lo que no es".

Porque ni Vox puede "pedir cosas distintas en cada territorio" ni el acuerdo de contenidos será "distinto en Aragón y Extremadura", ya que Feijóo protegerá a su lideresa extremeña, protagonista del mejor resultado del PP en su historia.

No más "chantajes"

Y es que el político gallego ha tenido que rectificar del todo su estrategia de dar libertad de acción a sus barones, obligado por las circunstancias y el tipo de socio que le toca enfrente. Una filosofía importada de sus 14 años al frente de la Xunta en Galicia.

Es decir, después de que hayan pasado más de dos meses desde que los resultados de las autonómicas en Extremadura arrojaran una victoria histórica (43% del voto) pero insuficiente, y de que las urnas de Aragón arrojaran un triunfo agridulce (1,2 puntos y dos escaños de caída), mientras Vox duplicaba representación en ambos territorios.

El PP ha pasado de aspirar a ser más independiente del "chantaje" de Vox a incluir en sus 'tablas de la ley' negociadora las normas y salvaguardas para que no puede haber más extorsiones politiqueras. Si los populares sumen que Vox es "el aliado natural", exigirán que los de Santiago Abascal asuman su "responsabilidad".

Por ello, la idea ya lanzada por Feijóo en la Junta Directiva Nacional del lunes posterior al 8-F aragonés, ésa de que el mandato de los ciudadanos es "que la mayoría se entienda" y pacte "con proporcionalidad", se traduce ahora en contenidos.

Guiños asumibles

En el capítulo de ayudas sociales, el documento fija un giro de tono pero dentro del marco competencial autonómico. Feijóo asume una retórica de distinción entre "personas necesitadas" y "aprovechadas" y promete no "perpetuar un sistema de subsidios" en el que se trabaja "para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo".

Ese planteamiento es un guiño asumible con el discurso de Vox sobre los incentivos y los abusos en las prestaciones, pero lo modula a través de la defensa de la "dignidad" y la "solidaridad activa" hacia los más vulnerables.

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El texto se compromete también con un mensaje duro contra la okupación de viviendas: la califica de "anomalía" y promete "desalojo exprés", empadronamiento nulo de los ocupas y "seguridad jurídica plena" para propietarios e inquilinos.

Feijóo incorpora además un bloque específico sobre infancia y educación, donde asume postulados muy cercanos al ideario cultural conservador.

"Los niños merecen una infancia protegida", se lee, tanto de "contenidos dañinos" como de "intervenciones" que no respeten su maduración y de intentos de usar aulas y servicios públicos para "imponer una visión ideológica del mundo".

El PP se promete impedir que las aulas se conviertan en "espacios de adoctrinamiento ideológico" y promete proteger la "libertad de pensamiento" de alumnos y familias. Defiende que sean los padres quienes decidan la educación y la formación moral de sus hijos "conforme a la Constitución".

El documento proclama que los padres son los "primeros garantes" del derecho de los menores y que las instituciones deben estar "a su servicio". Y reclama un sistema educativo "exigente", basado en la cultura del esfuerzo y la excelencia, que combata la "mediocridad" y el "aprobado general".

La natalidad y la familia aparecen como otro eje donde Feijóo abre la puerta a posiciones que pueden sonar conservadoras pero son compartidas con Vox de siempre.

El texto sitúa la natalidad "en el centro de la agenda política" y define la familia como "primera red de apoyo, de cuidados y de transmisión de valores", insustituible por la intervención del Estado.

El PP promete medidas fiscales y de servicios sociales desde las comunidades para ayudar a las familias a "tener los hijos que deseen". Plantea "prestigiar la maternidad" y reivindicar el "papel fundamental" del padre, eliminando trabas que penalicen a ambos en acceso y mantenimiento del empleo.

Inmigración y seguridad

En inmigración, el documento mantiene su diagnóstico y su exigencia al Gobierno central, en un tono cercano al discurso de Vox, pero marcando distancias clave en el contenido.

Habla de "pérdida de control de la política migratoria", de una inmigración irregular en "niveles intolerables" y de regularizaciones masivas que convierten la irregularidad "en un derecho".

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El PP sostiene que eso es "injusto" con quien sigue las vías legales y con los ciudadanos que ven "deteriorarse convivencia" y servicios públicos. Por eso, defiende que quien venga a trabajar y respetar las leyes "debe ser bienvenido", y quien viva de la delincuencia "debe ser expulsado".

El texto exige al Gobierno que controle las fronteras, ejecute las expulsiones y cuente con las Comunidades Autónomas antes de imponer decisiones con consecuencias que no asume. Es decir, rechaza la regularización masiva en ciernes, aunque las CCAA no tengan voz en ello.

La seguridad y la lucha "contra todas las violencias" forman otro bloque de sintonía con las prioridades de Vox, pero en clave institucional. El PP dice compartir la "preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana" y apunta al crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad cotidiana.

Reivindica que esos problemas se combaten no con "discursos", sino con "medios", con presencia y con leyes que se cumplan. Por eso, promete máxima coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reclamar una "respuesta penal a la altura".

En violencia, el texto fija un mínimo común múltiplo amplio. La condena debe ser "inequívoca" y los acuerdos rechazarán expresamente la violencia "política, terrorista, machista, doméstica o de cualquier clase".

El PP se compromete a combatirlas con "todos los recursos e intensidad" posibles, y a revisar partidas que se hayan demostrado "inútiles o contradictorias" con ese objetivo.

Sanidad y vivienda

En sanidad, Feijóo ofrece una respuesta a los asuntos que preocupan a los votantes que busca el PP. Define la sanidad pública como "pilar esencial del bienestar compartido", y promete reforzar la planificación de profesionales.

El documento compromete a ampliar plantillas allí donde más falta hacen y a aliviar la sobrecarga de los equipos, "especialmente en Atención Primaria". Promete una "atención equitativa en todo el territorio" y un refuerzo de la prevención y la salud mental.

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La condición es clara: sin planificación, equilibrio territorial y condiciones laborales dignas "no hay confianza en la sanidad pública".

En vivienda, el PP eleva a categoría nacional la receta que ya venían aplicando varios gobiernos autonómicos del partido. "La vivienda es hoy la frontera" entre poder o no construir un proyecto de vida, retrata el texto, que denuncia que jóvenes y clases medias están siendo expulsados del mercado.

Acusa al Ejecutivo de responder con intervencionismo y una Ley de Vivienda que ha provocado "menos oferta y precios más altos". Frente a ello, los populares proclaman que España "necesita construir, no intervenir".

Se comprometen a impulsar desde las autonomías un "shock de oferta": más construcción, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible.

Además, prometen facilitar el acceso de los jóvenes a la propiedad con bajadas de impuestos y ayudas fiscales autonómicas. Lo mismo que en otros sectores económicos, como la energía y el campo, donde se acentúa la crítica al "infierno fiscal" del Gobierno.

Sostiene que los españoles "pagan demasiado para lo que reciben" y que trabajadores, autónomos y familias están "asfixiados". Feijóo promete bajar impuestos a familias, trabajadores y emprendedores, con el único límite de garantizar los servicios esenciales.

La fiscalidad, remacha, debe "premiar el trabajo", recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro. En paralelo, el PP promete reducir burocracia que asfixia a autónomos y pequeños empresarios, simplificar trámites y no poner "ni una traba más" de las necesarias.

El documento incluye un compromiso expreso con agricultores, ganaderos y pescadores, a los que quiere defender de la "sobrerregulación" y de políticas que encarecen costes y ponen en riesgo su viabilidad.

Garantías

Lo que Feijóo exige a Vox, a cambio de esa apertura programática, es una respuesta "solidaria y colegiada" ante las decisiones y de su ejecución presupuestaria, al margen de quién ocupe cada cartera.

Todo acuerdo deberá contribuir a una gobernabilidad eficaz y a la seguridad jurídica, "evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política".

Ahí se enmarca la exigencia central: el compromiso de aprobar "cuatro Presupuestos" en la legislatura y la creación de un método de seguimiento del pacto. La idea es blindar la estabilidad institucional y evitar gobiernos instalados en la "incertidumbre permanente".

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