El presidente del Gobierno ha perdido el apoyo político de su mayoría de investidura, Junts y PNV le piden que disuelva las Cortes, ha extraviado durante toda la legislatura la obligación constitucional de «presentar ante el Congreso» el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado-art. 134-, ha asistido al ingreso en prisión de sus dos secretarios de Organización, ha malogrado el compromiso de regeneración democrática que asumió en su discurso de investidura, ha visto con sorpresa cómo su gran modelo político era imputado en la Audiencia Nacional y es probable que el juez le llame a declarar como testigo en el caso Leire, el nombre de una militante socialista que quiso ser la Mata Hari de las cloacas en defensa de su oscura pandilla del PSOE.
En esta tesitura, la dirección política del país que el texto constitucional atribuye al Gobierno es bastante difícil. Podría decirse, de acuerdo con los usos y costumbres de la democracia parlamentaria española, que cualquier presidente pensaría en disolver las Cortes de forma anticipada y convocar las elecciones. ¿Cualquiera? Menos Pedro Sánchez. Un momento. Incluso el mismo Pedro Sánchez convocó elecciones en 2019 porque la Cámara rechazó sus Presupuestos. Aquel Pedro Sánchez siguió los usos y costumbres de la democracia española. Éste de ahora no está por la labor. En uso legítimo de sus prerrogativas constitucionales, el presidente no quiere disolver aunque se lo pida la corte celestial. Así que por ahí, no hay nada que rascar.
Tampoco el presidente quiere ir a una cuestión de confianza para confirmar que sigue teniendo el respaldo de la mayoría de la Cámara, dado que hay serias dudas de que conserve ese respaldo. La cuestión de confianza sí que es un riesgo máximo. Sin mayoría, tendría que convocar elecciones. Por tanto, Sánchez ha decidido no hacer nada y seguir como si no pasara nada. Ni Puigdemont, ni Aitor Esteban tienen el poder de obligarle a disolver. Sánchez no hace nada porque puede no hacerlo.
Salimos a escándalo diario y el PP, que es la oposición y el primer partido de la Cámara, está «comiendo palomitas», que es la forma más cuqui de decir que «se cueza el PSOE en su propia salsa». Naturalmente, Alberto Núñez Feijóo es muy dueño de seguir comiendo palomitas mientras contempla el hundimiento judicial de su oponente. También él puede esperar y no hacer nada. Al fin y al cabo, el presidente del PP no es el responsable de la inestabilidad del Gobierno, por mucho que se empeñen los dirigentes socialistas. Entre las competencias del líder de la oposición, nunca estuvo ayudar al presidente a dirigir políticamente el país.
Feijóo puede no presentar la moción de censura y habrá quiénes le aplaudan, seguro, para que el foco de la negra corrupción siga sobre Sánchez. Pero también puede darle una vuelta. También puede considerar que aunque no tenga números para salir, quizá la moción sea una obligación moral y/o política en un momento en el que tal vez los ciudadanos estén esperando que alguien haga algo. Feijóo podría hacerlo. Podría arriesgar. Podría incluso ganar la moción, aún perdiéndola en votos. Podría llevar al Congreso el debate parlamentario que merece ahora mismo la crisis de confianza en el Gobierno suscitada por la corrupción.
Hace tiempo que la política española está secuestrada por el tacticismo y por los asesores que se atracan de redes sociales. Y así vamos.