- JAVIER AYUSO
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Ayer, durante el VII FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN, le pregunté a Alberto Núñez Feijóo en un aparte tras su intervención, ¿cuál es el plan? Al presidente del PP le salió el espíritu gallego y respondió: "Esperar". Y volvió a explicar que no era el momento de tomar decisiones apresuradas ni de presentar una moción de censura que solo beneficiaría a Pedro Sánchez.
Tiene razón; es el momento de darse una pausa a la espera de la declaración del próximo 2 de junio, como imputado, de José Luis Rodríguez Zapatero y de la posición que adopten los socios y aliados del Gobierno. Entonces será el momento de plantear una censura a los socialistas. O no.
De hecho, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, algunos de los portavoces que sostienen el gobierno de coalición progresista empezaron a flaquear en su defensa al expresidente. Hasta Gabriel Rufián advirtió en uno de sus habituales numeritos, que la posición de ERC podía cambiar. Ondeando los 85 folios de la resolución de la Audiencia Nacional, afirmó que "estoy jodido" y que "si esto es verdad, es una mierda". Con su estilo cheli lanzó un nuevo aviso al Ejecutivo, muy diferente a las insinuaciones de lawfare que él, otros aliados independentistas y varios miembros del PSOE y del Consejo de ministros con que se despacharon el lunes.
La lectura detallada de la resolución del magistrado José Luis Calama pone los pelos de punta. Es demoledora en cuanto a hechos e indicios de los delitos presuntamente cometidos por Zapatero.Lo suficiente como para que hasta el propio Sánchez evitará una defensa a ultranza de su gran valedor y se limitara a recordar la presunción de inocencia y a enumerar los logros obtenidos por el expresidente durante sus dos mandatos. Pero no se le ocurrió arremeter, como en otras ocasiones, contra la Justicia.
También los representantes del PNV y de Junts mostraron su preocupación e incluso la portavoz de Podemos, Ione Belarra afirmó en unas declaraciones a TVE que la cosa no pintaba bien. Son demasiados casos de corrupción que se han venido sucediendo durante el mandato de Sánchez como para no alarmarse. Dejaron pasar los procesamientos de Ábalos, García y Cerdán, agarrándose a que eran situaciones personales y advirtiendo que si se demostraba financiación irregular en el PSOE, dejarían de apoyarle. Pero no se imaginaban la imputación del personaje que más ha hecho en favor del independentismo catalán y vasco.
Aun así, desde Ferraz y desde las sedes de los partidos que apoyan al Gobierno siguen defendiendo que cualquier cosa es mejor que la llegada al poder de la derecha y la ultraderecha. Un mantra que les sirvió en las generales de 2023 y que se ha demostrado inútil en los cuatro comicios autonómicos de los últimos meses. Tiene que pasar algo muy importante para la izquierda radical y los independentistas retiren su apoyo al PSOE. Y la imputación por primera vez en democracia de un expresidente del Gobierno, lo es.
Por eso, es importante darse una pausa. Como los centrocampistas con más talento del fútbol que pisan el balón, observan a 360 grados y esperan el momento para dar el pase para el contraataque, o esperar una mejor ocasión para jugarlo. Es lo que toca ahora, no solo porque los acontecimientos pueden ser muy favorables para el PP en los próximos días, sino también porque sería un error seguir las instrucciones de Santiago Abascal que ya ha pedido una moción de censura.
Este tiempo de reflexión debería servir también para fijar una hoja de ruta respecto a las relaciones con Vox. Las elecciones al Parlamento de Andalucía, aunque han supuesto un triunfo holgado para Juanma Moreno, les ha dejado con la miel en los labios al no conseguir la deseada mayoría absoluta. Ahora, tras no tener más remedio que dar entrada a los de Abascal en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP tiene que decidir si fuerza la situación para gobernar en solitario o cede a las exigencias de Vox.
Es un dilema que no han sabido resolver en Génova, probablemente porque es muy difícil de resolver. A estas alturas, no parece que el PP vaya a ser capaz de recuperar los millones de votos que se fueron a Vox y, por lo tanto, lograr mayorías absolutas en las próximas citas electorales. Es duro de asimilar, pero en algún momento tendrán que asumir que no les queda más remedio que pactar con un partido claramente tóxico para los populares y para España. Pero acaso ¿no son tóxicos EH Bildu o los independentistas catalanes?
El bloque de la derecha, PP y Vox, obtuvo el 45% de los votos en las generales de 2023 y tiene mayoría en prácticamente todas las comunidades autónomas. El 55,4% en Andalucía, el 54,4 en Castilla y León, el 53,4 en Aragón, el 60,3 en Extremadura, el 47,3 en Asturias, el 51,1 en Baleares, el 49,5 en Canarias, el 49,2 en Cantabria, el 47,5 en Castilla La Mancha, el 49,6 en Galicia, el 53,9 en La Rioja, el 56,2 en Madrid, el 62,1 en Murcia y el 48,4 en la Comunidad Valenciana. Tan solo flaquean en Cataluña, con el 19,7% de los votos, el País Vasco, con el 11,3 y en Navarra con el 39,8.
Ayer Feijóo recordó que el PP gobierna en territorios que suponen el 75% de la población española, aunque en la mayoría de los casos en coalición con Vox. A lo mejor hay que hacer de la necesidad virtud, como Sánchez, defender la coaliciones con el partido radical e imponer luego la fuerza de su mayoría para las acciones de gobierno.
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