- Hacienda reserva más de 3.800 millones para las CCAA fuera de la nueva financiación autonómica
- Editorial. Financiación injusta y forzada para las comunidades autónomas
- España desbloquea 4.000 millones del superávit de las CCAA para vivienda o infraestructuras
El nuevo sistema de reparto de los fondos creado por Hacienda es más arbitrario e imprevisible.
Uno de los pocos consensos que había entre las comunidades autónomas para la reforma del modelo de financiación de las regiones del régimen común era su simplificación para hacerlo más previsible. Sin embargo, el Gobierno terminó haciendo todo lo contrario para poder encajar las exigencias del separatismo catalán -el nuevo modelo se negoció únicamente con el inhabilitado líder de ERC, Oriol Junqueras- y maquillar la entrega de mayores fondos a la Generalitat que preside Salvador Illa en detrimento de las comunidades más pobres.
La existencia de distintos fondos para asignar los recursos de acuerdo a criterios como el gasto sanitario, el gasto en educación, las variables geográficas, la despoblación o el impacto del cambio climático reserva un amplio grado de discrecionalidad al Ministerio de Hacienda a la hora de repartir entre las distintas regiones el dinero disponible. Lo cual impide a los gobiernos autonómicos realizar proyecciones a medio plazo de qué recursos dispondrán para realizar inversiones estratégicas y genera sospechas fundadas de un reparto "político" para favorecer a los aliados del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esto explica el rechazo de la mayoría de las autonomías al modelo propuesto por Arcadi España, que salvo ligeras modificaciones es idéntico al pactado por su antecesora, María Jesús Montero, con Junqueras, y que ésta presentó a los gobiernos regionales como un plato precocinado sin posibilidad de ser modificado. Sin embargo, el voto mayoritario en contra de las comunidades autónomas, incluidas dos gobernadas por el PSOE -Asturias y Castilla-La Mancha- complica todavía más una ratificación parlamentaria para la que Sánchez no sólo no tiene los apoyos necesarios después de que Junts haya anunciado su rechazo frontal, sino que ha visto cómo en los últimos días crece el malestar entre las propias filas socialistas.
Para tratar de ganarse el favor de más ejecutivos regionales (sólo Cataluña y Canarias votaron a favor del nuevo modelo), Hacienda ha incrementado su oferta económica. Por un lado, permitiendo a las comunidades con superávit usarlo para infraestructuras, eficiencia energética y vivienda. Por otro, creando otro fondo dotado con 3.800 millones de euros que se repartiría en base a la "población flotante" (la que se desplaza de una región a otra a lo largo del año) o la pérdida de masa forestal. Dos medidas que hacen todavía más imprevisible y arbitrario el reparto de los recursos públicos.
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