El presidente del Gobierno pretende activar una maniobra legislativa, que los juristas consultados consideran fraude de ley o fraude constitucional, para tratar de aprobar contra viento y marea los dos decretos de vivienda que la mayoría absoluta del Pleno del Congreso tumbó el pasado viernes. El Consejo de Ministros, según adelantaron ayer fuentes de La Moncloa, tiene previsto aprobar nuevamente los dos decretos de vivienda, introduciendo retoques en su redactado, a fin de remitirlos nuevamente al Legislativo, algunas de cuyas funciones a partir de mañana, estarán en manos de la Diputación Permanente del Congreso, un órgano en el que la soberanía nacional está menos representada y el equilibrio de mayorías cambia respecto al Pleno.
El objetivo sería convalidar, al menos la primera de las dos normas, aprovechando que en la Diputación Permanente Junts sólo cuenta con un voto, de manera que su posición ya no sería decisiva para rechazar el texto como sí lo fue en la votación del Pleno de la Cámara.
El texto de los decretos se modificaría mínimamente para tratar de presentarlos como diferentes a los tumbados el viernes e intentar esquivar así un palmario fraude de ley. Sin embargo, los juristas consultados sostienen que, incluso con modificaciones no sustanciales, la maniobra seguirá incurriendo en fraude por cuanto el objeto de las normas sigue siendo el mismo, con el añadido de que ahora lo que se hace es un uso instrumental de la Diputación Permanente para satisfacer las aspiraciones del Gobierno rechazadas por el Pleno.
La Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando las Cortes han sido disueltas, está integrada por 69 miembros. Su reparto de escaños es el siguiente: PP, 27; PSOE, 25; Vox, seis; Sumar, seis; PNV, uno; EH Bildu, uno; ERC, uno; Junts, uno y Grupo Mixto, uno correspondiente en este caso a Podemos. Con esta distribución, el bloque que votó contra el primer decreto -PP, Vox, Junts-, en la Diputación estaría en minoría con 34 votos frente a los 35 del Gobierno y aliados.
Los juristas consultados por EL MUNDO consideran que esta maniobra incurriría en fraude constitucional porque el Gobierno utilizaría un mecanismo legal -las competencias de la Diputación Permanente para convalidar decretos- con una finalidad contraria al espíritu del ordenamiento jurídico, al tratar de subvertir una decisión adoptada por el Pleno con otra adoptada por un órgano de menor representatividad. En definitiva, tratar de torcer el brazo del Pleno a través de la Diputación denota una clara intención de contradecir la voluntad mayoritaria del Congreso. Las fuentes hacen hincapié en que la Diputación no es una cámara de segunda lectura ni de apelación y no puede ser utilizada para alterar las verdaderas mayorías ya expresadas en el Congreso.
Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, considera que esta artimaña es «un fraude constitucional como la copa de un pino». Una opinión que comparte la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez.
Aragón sostiene que la competencia de la Diputación Permanente respecto a los decretos leyes cuando las cámaras están disueltas es «excepcional» y sólo puede llevarse a cabo «cuando ese hecho de extraordinaria y urgente necesidad se da una vez disuelto el Congreso, no para el supuesto de que se devuelva a la Cámara lo que esta acaba de rechazar» con el objetivo de revertir una votación que el Gobierno ha perdido. En su opinión, se trata además de «un fraude al proceso electoral porque utiliza una artimaña inconstitucional como instrumento con fines electoralistas».
De la Nuez también habla de «fraude democrático». La secretaria general de la Fundación Hay Derecho ha insistido en X en este mensaje. «No había mayoría para convalidar los dos decretos y por eso se convocan elecciones. Por arte de magia, zas, los aprueba la Diputación Permanante». Eso, en su opinión, es «trilerismo trumpiano».
Igualmente Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes y ex letrado del Tribunal Constitucional ve «muy claro» el fraude. «Se utiliza una norma de cobertura, la potestad de convalidar decretos leyes , para volver a votarlos con otra composición del órgano. El Congreso votaría dos veces: una, el Pleno y otra, la Diputación, de forma contradictoria. La Diputación Permanente vela por los poderes del Congreso», añade, «pero no los sustituye».