Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura, condenado por el caso del 'hermanísimo', ha presentado este jueves un escrito de alegaciones en la Audiencia Provincial de Badajoz en la que pide que se aclare que si su pena de 18 años de inhabilitación a cargo público se limita exclusivamente al cargo de presidente de la Diputación de Badajoz. De esta manera, intenta que su sentencia por dos delitos de prevaricación no se extienda a otros empleos públicos fuera de este organismo provincial y pueda así a trabajar o contratar con cualquier Administración pública o a ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de la condena en otra administración.
Hay que recordar que Gallardo se presentó como cabeza de lista en las pasadas elecciones autonómicas de Extremadura, que se adelantaron al mes de diciembre, aunque sobre él pesaba la condición de investigado y dimitió al día siguiente de conocerse los resultados, donde el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia en esta comunidad autónoma. Poco después, y por sorpresa, porque había asegurado lo contrario, presentó su denuncia como diputado regional. Luego, este pasado mes de julio, llegaría la sentencia en su contra -la máxima de once procesados- al acumular dos delitos (9 años cada uno) por prevaricación administrativa. En concreto, según el fallo, las penas conllevaban la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años por cada uno de ellos.
En el escrito de su defensa, Gallardo solicita una aclaración de la sentencia, toda vez que una de las acusaciones, ‘Hazte Oír’, y también el sindicato ‘Manos Limpias’ habían también pedido aclarar dicho aspecto del fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial. En el primer caso, la asociación pedía expresamente que se aplicara el artículo 42 del Código Penal, para que la inhabilitación se extienda a "los mismos u otros análogos o para el puesto de funcionario en general o para contratar o trabajar para la Administración, o para cualquier cargo público, en cualquier Administración Pública, durante el tiempo de la condena".
Sin embargo, la defensa del ex líder socialista extremeño considera que la petición "rebasa con creces el ámbito de la pena del artículo 42 del Código Penal y no puede ser atendida, toda vez que la inhabilitación especial que allí se regula, a la hora de ser definida en cuanto a su extensión, ha de conectarse con la función raíz o a la actividad que está en el origen del delito, no con los desempeños puramente ocasionales", según una sentencia del Tribunal Supremo.
En cuanto a Manos Limpias, la defensa de Gallardo recuerda que este sindicato, en su recurso, quiere que se le aplique la condena al ex líder socialista por la participación también en la contratación en 2024 de Luis Carrero, el amigo de David Sánchez, en el puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas Transfronterizos en la Diputación de Badajoz, un delito por el que Gallado ha quedado excluido.
De forma paralela, este jueves también ha presentado un escrito la defensa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la que ratifica -como hizo Manos Limpias- como resalta el abogado Luis Cortés, que su cliente no participó en el proceso para la adjudicación de Coordinador de las Actividades Musicales del Conservatorio, por lo que la Audiencia no le condenó. Sí quería la revisión de esta parte el resto de acusaciones. En el primer día del juicio, resalta el letrado, se llegó a reconocer "la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal", por lo que, a su juicio, volver a revisar esta cuestión en la sentencia sería un "flagrante abuso del Derecho". El hermano del presidente del Gobierno fue condenado por un delito de prevaricación -9 meses de inhabilitación- por el cambio de dicho a puesto a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.