Gallardo rechaza ser senador autonómico y pide a su abogado que el 'caso Hermanísimo' se siga juzgando en la Audiencia

Miguel Ángel Gallardo, el día de su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura, en la sede de Mérida. EP

Mantiene su escaño en la Asamblea autonómica de Extremadura para no añadir a su "muerte política" también "la civil". Pero se opone a la idea impulsada desde el PSOE de Ferraz para elevar la causa al Supremo.

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Miguel Ángel Gallardo ha rechazado ser designado senador autonómico y ha pedido que el 'caso Hermanísimo' siga siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Gallardo dimitió como líder del PSOE de Extremadura tras los malos resultados electorales, pero mantendrá su acta de diputado para representar a sus votantes.

El 'caso Hermanísimo' investiga la creación de un puesto supuestamente a medida para el hermano de Pedro Sánchez, por lo que Gallardo está acusado de prevaricación y tráfico de influencias.

Gallardo insiste en que quiere ser juzgado como un ciudadano normal y rechaza maniobras políticas para retrasar o cambiar el tribunal del juicio.

Miguel Ángel Gallardo dimitió hace una semana como líder del PSOE extremeño, tras los malos resultados de las elecciones del 21-D.

En la reunión en la que presentó su renuncia como secretario general, informó de que mantendría su acta de diputado "en representación de los 136.000 ciudadanos" que le votaron. Pero, según ha podido saber EL ESPAÑOL, rechazó la maniobra de ser designado senador por representación autonómica.

Esta estrategia venía impulsada por su propio partido, desde Madrid, para llevar el llamado caso Hermanísimo al Tribunal Supremo. Esa iniciativa pretendía retrasar la fecha del juicio contra Gallardo y contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El inicio de la vista oral está fijado el 28 de mayo de 2026, ante la Audiencia Provincial de Badajoz. No obstante, debido a su renovada condición de aforado, al haber sido reelegido diputado autonómico, Gallardo podría provocar —o, al menos, intentarlo— que el juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt).

El político regional ha informado al PSOE de que no quiere ser senador autonómico "al menos, de momento". Y nunca antes de que se celebre el juicio.

Según fuentes de su entorno, "quiere seguir en Extremadura, para cumplir el mandato de las urnas". Y quiere ser juzgado en la Audiencia Provincial, "porque nunca ha querido beneficiarse de ningún trato de favor, o protegerse políticamente".

De hecho, según ha podido confirmar este diario, Gallardo ya ha dado órdenes a su abogado para que haga "lo que sea necesario" con el objetivo de que la vista oral siga siendo competencia de la Audiencia Provincial pacense. "Le da igual dónde le juzguen, porque está seguro de su inocencia", aseguran las mismas fuentes.

Tanto es así que, por el momento, más de una semana después de las elecciones extremeñas, su letrado no ha presentado ningún escrito ante la Audiencia ni comunicado a este órgano judicial que su cliente ha obtenido un acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.

"Muerte política y civil"

Gallardo lamenta su "muerte política" tras ser acusado de los delitos de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias.

El proceso en su contra tiene su origen en la creación, en 2017, del puesto de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz, presuntamente, hecho a medida del hermano del presidente del Gobierno.

Pero, al mismo tiempo, Gallardo, quien era presidente de la Diputación de Badajoz en aquel año, se niega a aceptar "su muerte civil".

Por eso, el dirigente quiere mantenerse en su escaño, a pesar de que va a ser juzgado por el caso Hermanísimo. Rechazará cualquier maniobra que, viniendo de la dirección del PSOE, alimente la idea de que él maniobra para favorecer al hermano de Pedro Sánchez.

"Está convencido de que saldrá inocente, porque el caso es un invento que nunca debió llegar a juicio", relata su entorno. Y, por tanto, se la quiere jugar como un ciudadano normal ante la Justicia, insisten las mismas fuentes.

Gallardo ha llegado a alegar, sobre los resultados del 21-D, que "si hemos perdido 100.000 votos", a causa de las "imposibles" circunstancias en las que afrontó las elecciones, será que "los que sí me votaron, quieren que los represente", a pesar de todo.

La decisión de Gallardo no busca sólo ser "un gesto de dignidad política". Es también un reconocimiento de la realidad judicial en la que está inmerso: las opciones de mover el juicio fuera de la Audiencia Provincialde Badajoz suponían un insólito embrollo jurídico.

Por un lado, el auto de apertura de juicio oral, fechado el pasado mayo, fija la competencia de la Audiencia de Badajoz para enjuiciar el caso Hermanísimo. Además, el TSJExt anuló, por "fraude de ley", la "maniobra" de Gallardo de aforarse tan sólo unas horas antes de que la juez instructora firmase dicha resolución.

Ahora, el político está, de nuevo, aforado. Y ya sin "fraude de ley" mediante. Y, por el momento, la Audiencia pacense es el tribunal designado para encargarse del juicio.

Un acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fechado en el año 2014, indica que es el auto de apertura de juicio oral en el que fija qué órgano judicial es el encargado de juzgar un caso que afecta a un aforado.

No obstante, este criterio está pensado para los casos en los que un político renuncia a su fuero, no para cuando, gracias a unas elecciones, lo obtiene. Para esta situación tan inédita —la de Gallardo— no existe acuerdo alguno firmado por el Supremo.

Las fuentes jurídicas consultadas están divididas: unas abogan por aplicar el principio perpetuatio iurisdictionis y no alterar la competencia ya fijada. Pero otras advierten que, de mantenerse la situación actual, se produciría la situación inédita de ver a un aforado siendo juzgado por un órgano distinto al TSJ.

La Audiencia de Badajoz, por su parte, también podría salir al paso, al tener noticia de que Miguel Ángel Gallardo, al que planea juzgar, vuelve a ser aforado tras las elecciones del 21-D.

Recusaciones para demorar

La fecha del juicio del caso Hermanísimo también ha sido objeto de especulaciones que el entorno de Gallardo quiere atajar. Salvo sorpresa, la vista oral arrancará, finalmente, el 28 de mayo de 2026, tres meses más tarde de lo previsto inicialmente.

El retraso responde exclusivamente a problemas de agenda de los letrados de la defensa.

A pesar de que la Audiencia Provincial, en un inicio, había señalado la vista oral para febrero de 2026, una causa con 11 acusados —además de Gallardo y David Sánchez, se sentarán en el banquillo varios funcionarios— facilitó retrasar el juicio.

Los abogados de algunas defensas alegaron tener otros señalamientos en esas fechas y que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se debían respetar.

Ante la imposibilidad de celebrar el juicio en febrero, la Audiencia tuvo que cuadrar agendas y buscar el siguiente hueco disponible. Y no apareció hasta finales de mayo.

Pero el camino hasta el banquillo sigue enfangado. Mientras Gallardo intenta "acabar con esto cuanto antes", las defensas técnicas de otros imputados han enturbiado el procedimiento.

Semanas atrás, los abogados del hermano de Pedro Sánchez y de la exjefa de Recursos Humanos de la Diputación recusaron, sin éxito alguno, a los magistrados de la Audiencia. Les acusaron de "falta de imparcialidad" por haber avalado decisiones previas de la jueza instructora.

Estas maniobras dilatorias han tensado la relación entre las defensas. Gallardo quiere desmarcarse de esa estrategia y su instrucción al letrado que lo representa es clara: ir a juicio "cuanto antes" y ante la Audiencia.

El exlíder socialista, que nunca fue del gusto del sanchismo, se sabe un peón de la estrategia del partido, y se vio atrapado en la convocatoria anticipada de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del PP. Y si la sentencia es absolutoria, podrá esgrimir su resistencia como una victoria moral ante Ferraz.

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