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Promoción de viviendas en Málaga Sur Política andaluza Gobierno y Junta de Andalucía negocian para no acabar en el Constitucional por la ley de viviendaAmbas administraciones abren una comisión bilateral para resolver discrepancias técnicas en 16 artículos y una disposición de la normativa autonómica
Sevilla
Lunes, 13 de abril 2026, 17:52
... periodo de interlocución técnica entre ambas administraciones. El objetivo es evitar que el Gobierno de España interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada en diciembre del año pasado. Este movimiento administrativo se produce tras detectarse discrepancias de calado en 16 artículos y una disposición final de la normativa aprobada por el Parlamento andaluz en una votación salió adelante con el apoyo exclusivo del Grupo Popular y el posicionamiento en contra del toda la oposición parlamentaria, desde Vox hasta el PSOE y el resto de la izquierda.El foco del conflicto normativo se centra en cuestiones fundamentales para el desarrollo del sector inmobiliario. Entre los puntos señalados por el Ejecutivo central se encuentran las definiciones de vivienda y sus tipologías, recogidas en el artículo 4, además de los mecanismos de colaboración público-privada para la promoción de vivienda protegida o asequible. El Gobierno central cuestiona también el uso de suelos calificados como equipamiento comunitario público para fines residenciales compatibles, una de las apuestas de la normativa andaluza para dinamizar el parque de viviendas, aumentar la oferta disponible y conseguir de esa manera una reducción de precios en un mercado muy tensionado.
Controversia técnica
Asimismo, la controversia técnica se extiende a la regulación del Registro de Agentes Inmobiliarios Especializados del Sector Residencial de Andalucía. El Gobierno ha puesto reparos a la forma en que se estructura la inscripción en dicho registro y a las funciones de estos profesionales. Por otro lado, la gestión del parque público y los criterios para la concesión de construcción y gestión de alojamientos dotacionales de titularidad pública, detallados en los artículos 89, 90 y 96, forman parte del paquete de preceptos que ahora deben ser analizados por el grupo de trabajo bilateral.
El Gobierno central cuestiona el uso de suelos calificados como equipamiento comunitario público para fines residenciales compatibles
Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige Rocío Díaz, la respuesta ha sido de firmeza técnica. En la Consejería subrayan que la ley se redactó con un rigor jurídico meticuloso y bajo la supervisión constante de sus propios servicios legales. Para la Junta de Andalucía, las dudas que plantea el Ministerio de Política Territorial no afectan al fondo ni al espíritu de la norma, sino que se circunscriben a aspectos formales. Según la administración autonómica, el marco normativo diseñado de la mano de los agentes sociales y económicos del sector permanece intacto y confían en que el proceso de diálogo aclare cualquier incertidumbre competencial.
No obstante, el listado de discrepancias incluye también la disposición final tercera, un punto clave que modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la comunidad autónoma. Esta disposición regula aspectos tan sensibles como el procedimiento de selección de los adjudicatarios y la calificación provisional de las viviendas. Para el Gobierno central, estos cambios deben ajustarse escrupulosamente al marco básico estatal, mientras que la Junta defiende su potestad para agilizar estos trámites administrativos en un contexto de alta demanda de vivienda en todo el territorio andaluz.
Grupo de trabajo
El mecanismo activado ahora implica la designación de un grupo de trabajo especializado que deberá proponer soluciones normativas a la subcomisión de seguimiento. Este proceso es habitual cuando existen dudas sobre la invasión de competencias estatales o autonómicas, pero adquiere un relieve especial en el actual escenario político andaluz. El acuerdo ya ha sido comunicado oficialmente al Tribunal Constitucional para que conste la voluntad de ambas partes de resolver el conflicto por la vía de la negociación, tal como prevé el artículo 33.2 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del alto tribunal.
Mientras los técnicos de ambas administraciones se preparan para el intercambio de documentos y propuestas de modificación, la Ley de Vivienda de Andalucía sigue su curso, aunque con la sombra de esta revisión pendiente. La resolución de estas discrepancias determinará si el texto final de la ley debe ser retocado en el Parlamento para ajustarse a las exigencias constitucionales o si, por el contrario, la Junta logra convencer al Estado de la plena legalidad de sus planteamientos. Por el momento, el diálogo sustituye al litigio en un asunto que afecta directamente a la planificación urbanística y al acceso a la vivienda en las ocho provincias de la comunidad.
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