La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres que eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas. La operación se ha saldado con la detención de 16 personas y la clausura de once prostíbulos. Las víctimas permanecían bajo un régimen de esclavitud en el que debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, realizar servicios sin preservativo y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.
Los arrestos se distribuyen en Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1). Entre los detenidos se encuentra la principal responsable de la red, quien ya ha ingresado en prisión provisional. La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha desmantelado una organización criminal que captaba a mujeres de origen chino y latinoamericano para imponerles este régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y a ofrecer servicios a domicilio, controlando su actividad en todo momento.
Falsas ofertas de masajistas La investigación comenzó tras detectarse en Zaragoza un piso donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. Habían sido captadas como masajistas o estilistas mediante anuncios en redes sociales y aplicaciones chinas de mensajería instantánea. Las mujeres, en situación de necesidad económica y, en ocasiones, de irregularidad en España, aceptaban las propuestas laborales sin conocer la verdadera naturaleza de la actividad que acabarían desempeñando.
Cámaras y suplantación de identidad Una vez en los locales, las víctimas estaban permanentemente vigiladas a través de cámaras de videovigilancia. Estaban obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio y sin preservativo, y debían entregar íntegramente todas las ganancias al entramado. Solo recibían el 50% de los beneficios una vez que la organización consideraba saldada la supuesta deuda contraída inicialmente.
Para facilitar su entrada en España, las víctimas captadas en sus países de origen recibían documentación falsa proporcionada por la red. Una vez en el país, se les suministraban tarjetas de residencia y trabajo de mujeres en situación regular para suplantar sus identidades en caso de inspecciones en los prostíbulos o controles policiales. Los explotadores gestionaban al menos once prostíbulos en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza (algunos en colaboración con otros socios), y rotaban constantemente a las víctimas entre ellos para maximizar los beneficios. Además, el entramado creaba prostíbulos clandestinos desde cero: alquilaban locales o pisos, los gestionaban hasta consolidar una cartera de clientes y luego los traspasaban a otros gestores a cambio de grandes sumas de dinero.
Katanas y patrimonio embargado En los registros realizados, los agentes han incautado 35.000 euros en efectivo, armas prohibidas tipo katana, diversas sustancias estupefacientes, potenciadores sexuales, 24 terminales móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación delictiva. Asimismo, la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria permitió detectar un sistema estructurado de ocultación y dispersión de fondos para blanquear los beneficios en el circuito económico legal. Por ello, la autoridad judicial ha acordado el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y la intervención de ocho cuentas bancarias.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de estos delitos, la Policía Nacional recuerda que tiene habilitados el teléfono 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es, cuya llamada no queda reflejada en la factura telefónica.