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Un informe culpa en exclusiva a Renfe, exculpa a Adif y CAF y señala a Transportes por modificar mal un contrato que se eleva a 218 millones.
Los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas se publican generalmente con retraso, por lo que no suelen servir para reparar los eventuales daños causados por decisiones pasadas adoptadas por el Gobierno.
En febrero de 2023, la que fuera ministra de Transportes, Raquel Sánchez (hoy presidenta de Paradores), forzó la dimisión de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo, y del presidente de Renfe, Isaías Taboas. Fueron cabezas de turco del fiasco de la compra de trenes de ancho métrico encargados por Renfe a CAF en 2019 que no cabían por las antiguas vías de Feve a su paso por Cantabria, Asturias y País Vasco debido al cálculo erróneo de gálibos (alto y ancho de un tren).
El Tribunal de Cuentas acaba de arrojar luz sobre aquella polémica crisis política mal explicada que hoy sigue teniendo efectos sobre el presupuesto público. El órgano fiscalizador del Estado sostiene que la culpa exclusiva de aquel desastre fue de Renfe, autora de unos pliegos que "contenían prescripciones técnicas de imposible ejecución, incurriendo en causa de resolución, según los propios pliegos, y en un posible vicio de nulidad de pleno derecho".
El Tribunal de Cuentas exculpa a la Secretaría de Estado de Isabel Pardo, a Adif y al fabricante vasco. "Renfe Viajeros sabía en febrero de 2021 de la imposibilidad de aplicar los gálibos exigidos en los pliegos por la información que recibió de Adif, pero no resolvió el contrato", detalla el informe, en referencia a la inexplicable resistencia de Renfe a rescindir el pedido. "El 6 de noviembre de 2020, antes de formalizar el contrato, CAF había recibido de Adif toda la información sobre la incompatibilidad con la vía de los gálibos recogidos en los pliegos, sin proceder en ese momento a la resolución del contrato", continúa el documento, que también ataca al Ministerio de Transportes, ya bajo la batuta de Óscar Puente por permitir modificar el contrato de CAF y ampliar su prepuesto, hasta alcanzar el precio de 218 millones de euros. A día de hoy, los trenes de CAF aún están en fase de construcción con un plazo máximo de entrega hasta noviembre de 2028.
"La modificación del contrato, que se formalizó en noviembre de 2024, no es ajustada a derecho y se acompañó de un informe jurídico carente de motivación", denuncia el Tribunal de Cuentas sobre la decisión de Renfe, ya bajo la presidencia de Raül Blanco, posteriormente también cesado por Óscar Puente.
La modificación del contrato de CAF, realizada en noviembre de 2024, incrementó el precio de adjudicación en 19,4 millones y elevó el precio total a 181,6 millones (más IVA). Además, la opción de siete trenes adicionales acordada por el Gobierno con las autonomías afectadas en 2025 encareció el contrato hasta 218,8 millones de euros.
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