- EXPANSIÓN
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), como órgano especializado del Consejo General de Economistas, ha recopilado las principales novedades aprobadas con efectos en el ejercicio 2025 y las que están por venir en 2026: todas las claves sobre la fiscalidad que en 2026 afectará a trabajadores, autónomos, profesionales y empresas.
Expansión les ofrece los próximos días en varias entregas la Guía de todos los impuestos que llegan en 2026: cómo afecta la nueva fiscalidad a profesionales, empresas y autónomos en este documento elaborado por Expansión con la colaboración del Consejo General de Economistas-Reaf.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el ejercicio 2025 introduce modificaciones de alcance muy diverso: desde la esperada reducción para rendimientos artísticos obtenidos de manera excepcional hasta el incremento del tipo marginal del ahorro para las rentas más elevadas.
Los agricultores y ganaderos afrontan cambios relevantes en deducciones e índices de módulos, mientras que los partícipes de planes de pensiones dispondrán de mayor flexibilidad para rescatar aportaciones antiguas.
Continúan además incentivos vinculados a la transición energética, como las deducciones por compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, y se clarifican aspectos tan sensibles como la obligatoriedad de declarar para perceptores de prestaciones por desempleo.
A esto se añade un conjunto de efectos temporales derivados del fallido Real Decreto-ley 9/2024, cuya no convalidación ha obligado a interpretar el alcance de sus medidas durante los primeros días del año.
Para 2026, el IRPF también llega con matices importantes: nuevas precisiones sobre la exención en indemnizaciones por despido, ampliación de las rentas exentas en anualidades por alimentos y extensión del tratamiento favorable a determinadas indemnizaciones por daños personales alcanzadas mediante mediación o mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
En el Impuesto sobre Sociedades, también cambian las reglas. En 2025 la reserva de capitalización se refuerza con porcentajes más altos y un nuevo esquema que premia la creación de empleo, mientras que las microempresas verán implantado un sistema de tipos progresivos más bajos.
A medio plazo, la digitalización del IVA en la Unión Europea avanzará mediante la Directiva ViDA, que transformará la gestión del impuesto y traerá cambios profundos en facturación, plataformas digitales y comercio transfronterizo.
Otros tributos tampoco permanecen estáticos. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana actualiza sus coeficientes máximos para adaptarse a la evolución del mercado inmobiliario, la RIC amplía su ámbito material a nuevas inversiones en vivienda protegida, y la tasa de basuras continúa generando debate social en numerosos municipios ante la necesidad de repercutir al ciudadano el coste real del servicio. En el ámbito aduanero, España culmina su transición digital con la desaparición del DUA y la implantación obligatoria del sistema H1.
La doctrina administrativa y la jurisprudencia han aportado además novedades de gran calado. El Tribunal Supremo ha corregido criterios restrictivos sobre el arrendamiento como actividad económica o sobre la deducibilidad de las retribuciones a administradores; también se deberá de pronunciar sobre aspectos relevantes en cuanto a la deducibilidad o no de los gastos contables que generan los bienes no afectos, el TEAC ha flexibilizado la afectación de vehículos usados por profesionales; y la Dirección General de Tributos ha establecido criterios relevantes en materia de ayudas sanitarias a trabajadores y tributación del pan sin gluten. Todas estas decisiones redefinen criterios tradicionales y ofrecen mayor seguridad jurídica en ámbitos que venían siendo fuente habitual de conflicto.
Finalmente, la entrada en vigor de Verifactu se retrasa un año más y fija un calendario definitivo para 2027, lo que otorga un margen adicional de adaptación a empresas y profesionales pero confirma, al mismo tiempo, la dirección irreversible de la reforma digital del sistema de facturación.
En conjunto, el contribuyente deberá afrontar un marco con más incentivos, más digitalización y también más exigencias técnicas, en un contexto en el que la seguridad jurídica depende cada vez más del seguimiento continuo de los criterios administrativos y jurisprudenciales.
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