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Hacienda mantendrá su nueva financiación autonómica pese al rechazo de las CCAA y el casos en la Agencia Tributaria

Hacienda mantendrá su nueva financiación autonómica pese al rechazo de las CCAA y el casos en la Agencia Tributaria
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Los inspectores de Hacienda se sienten traicionados por Jesús Gascón. La nueva financiación apunta a una fragmentación de la Agencia Tributaria. Más información: La renuncia de la directora de la AEAT aflora la guerra interna ante las cesiones a Cataluña y la inacción por la corrupción.

Arcadi España, ministro de Hacienda. Europa Press Europa Press

Economía Hacienda mantendrá su nueva financiación autonómica pese al rechazo de las CCAA y el casos en la Agencia Tributaria

Los inspectores de Hacienda se sienten traicionados por Jesús Gascón.

La nueva financiación apunta a una fragmentación de la Agencia Tributaria.

Más información:La renuncia de la directora de la AEAT aflora la guerra interna ante las cesiones a Cataluña y la inacción por la corrupción.

Publicada 5 julio 2026 01:23h Las claves

Las claves Generado con IA

El Gobierno está decidido a llevar adelante su reforma de la financiación autonómica antes de que finalice el año, a sabiendas de que se va a chocar contra el muro de todas las comunidades autónomas del PP. Pero lo que no esperaba era una rebelión interna en la Agencia Tributaria y los inspectores fiscales del Estado que amenaza con ser más grave todavía.

Presupuestos y financiación son las dos grandes apuestas económicas de un Gobierno en decadencia, que tendrá muy complicado conseguir que pasen por el filtro del Congreso. Pero en el caso de la financiación, la tormenta se ha desatado de antemano con la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, y lo que es peor, las dudas que afloran sobre su sustitución.

Quien coja ahora ese cargo va a tener un dilema con pocas salidas: si entra en el juego político de aplicar una financiación a la catalana, puede romper la agencia y enfrentarse a inspectores y personal de una de las instituciones que mejor funcionan a nivel nacional. Y si no lo hace, se puede romper el Gobierno que le va a nombrar.

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La reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para marcar la senda de estabilidad de cara a los Presupuestos, con casi todas las autonomías de régimen común en contra, puede ser un camino de rosas comparada con la bronca que se puede montar, desde dentro y desde fuera de Hacienda, con la financiación autonómica acelerada que se prepara.

Aunque en el primer encuentro, en la reunión posterior que se quiere celebrar antes de agostopara dar el visto bueno a un nuevo sistema de reparto, cuyos detalles nadie conoce aún, la tensión puede alcanzar otra dimensión.

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Cabe recordar que el CPFF siempre aprueba lo que plantea Hacienda, porque sus representantes ostentan el 51% de los votos. Pero es que desde la propia vicepresidencia económica del Gobierno ya cuentan con el rechazo del PP a todo lo que se plantee y están dispuestos a seguir adelante con el calendario previsto.

Desde el propio entorno socialista hay voces que ven en todo este caos una huida hacia adelante del Ejecutivo.

Poner encima de la mesa los Presupuestos y la nueva financiación serviría para llegar a fin de año con contenido (como les reclaman PNV y ERC), pese a la escasa convicción de que ni una ni otra van a pasar el filtro del Congreso.

De otro lado, un fracaso en cualquiera de las dos iniciativas este otoño (o en las dos) es una buena excusa para acabar antes con la legislatura y abrir el periplo electoral a primeros del año que viene.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se vio sin argumentos frente a sus colegas, los inspectores de Hacienda del Estado, al revelar la consejera catalana de Economía, Alicia Romero, que el modelo estaba listo para tramitarse y certificar la llegada de 4.700 millones más a Cataluña.

El encuentro entre Gascón y su colega de la Generalitat se tomó en el colectivo de inspectores casi como una traición, después de la confianza que se había dado al secretario de Estado y su promesa de que no haría falta romper la Agencia Tributaria para aplicar la nueva financiación autonómica a la catalana.

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En apenas tres días, los inspectores, que son la columna vertebral de la Agencia Tributaria, cerraban filas con su directora general -que no ha querido ser la que divida la institución-, y colocaban en el paredón a Gascón, por el "oscurantismo ante algo que puede ser una aberración y una barbaridad", en palabras de la presidenta de los inspectores, Ana de la Herrán.

Todo el mundo conocía que había una prueba piloto en marcha con el impuesto de matriculaciones para compartir la base de datos y ver cómo se podía compartir la gestión de un tributo con las CCAA. Pero lejos de conocer los resultados y analizarlos, "todo se pone en marcha y nosotros no sabemos nada de nada", señala.

A estas alturas de la cuestión, nadie duda en la Agencia Tributaria de que la cesión de datos y el sistema para compartir la gestión sin romper su unidad, que se vendió hace un año, no es más que un paso intermedio para modificar la estructura de la Agencia y traspasar funciones, medios y personal a Cataluña más adelante.

Se frenó la proposición de ley de ERC para segregar la AEAT, pero ahora es evidente que "hay intención de hacerlo, se ha dicho y se ha escrito, lo que nos obliga a ver cuáles son las consecuencias", advierte De la Herrán.

Menos prisas

Aprobar la nueva financiación autonómica conlleva modificar la Ley Orgánica que la avala (LOFCA) y la ley sobre cesión de tributos, algo que complicaría aún más el proceso parlamentario, con el PP atrincherado en el Senado para darle la vuelta.

Desde Génova tienen muy claro que toda la estructura regional del partido se va a oponer de forma unánime a un sistema de financiación que ha sido pensado sólo para compensar a Cataluña, por más que beneficie mucho también a Valencia y Andalucía, entre otras.

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Incluso servicios de estudios más liberales, como Fedea, han asegurado que la propuesta que hay sobre la mesa no es mala como inicio de una negociación que puede cambiar el desastre actual de reparto del dinero público con entregas a cuenta.

Pero esa discusión pausada no cuadra con las prisas socialistas, que pretenden tenerlo todo listo para aplicar en 2027. Así se podrá regar con más dinero a las CCAA antes de unas hipotéticas elecciones generales y de las municipales y autonómicas del mes de mayo.

El senador del PP, Gerardo Camps, recogía el malestar de todo su partido al recordar al ministro de Hacienda, Arcadi España, la "censura" que desde su partido se aplica sobre la propuesta de financiación autonómica, que sólo busca "mantener unido a un bloque de Gobierno que cada día presenta más grietas” y que subordina las decisiones económicas a la supervivencia de Pedro Sánchez.

Para el PP, la nueva financiación se tiene que discutir de forma multilateral, no primero con Cataluña y luego con todas las demás.

El Gobierno está dispuesto a ajustar caso por caso, en 2027, una vez que se ponga en marcha la nueva maquinaria, pero desde la formación popular dudan que eso sea garantizar los principios de igualdad y solidaridad que deben planear sobre el nuevo sistema.

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