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Begoña Gómez Efe Hazte Oír eleva hasta 24 años de cárcel su petición de pena para Begoña GómezAfirma que tras la llegada de Sánchez a Moncloa la imputada «aumentó su proyección institucional» y su «capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados»
Lunes, 20 de abril 2026, 13:39 | Actualizado 13:57h.
... la síntesis del duro escrito de conclusiones que la acusación popular unificada, encabezada por la asociación Hazte Oír, presentó este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y en el que solicita contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una pena total de 24 años de prisión.En el documento remitido al juzgado, la acusación sostiene que la investigada, desde el acceso de su cónyuge a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018, dio un «giro radical a nivel profesional». Según el texto, Gómez «se prevalió conscientemente de su condición» de esposa de Pedro Sánchez y «ejerció una presión moral eficiente» tanto ante la Administración pública como ante empresas privadas con el objetivo de obtener un beneficio profesional propio. El escrito subraya que la acusada incrementó su «capacidad de influencia» y fue «consciente en todo momento» de las «posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas» debido a sus vínculos personales. «Aumentó su proyección institucional» y su «capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados», insiste el texto.
La petición más alta -8 años de prisión- corresponde a la malversación por el supuesto uso de la asesora de Moncloa para su cátedra
La petición de penas se desglosa en seis años por tres delitos de tráfico de influencias, cuatro años por corrupción en los negocios, seis años por apropiación indebida y ocho años como inductora de un delito de malversación. Este último cargo está directamente relacionado con la contratación de Cristina Álvarez como personal eventual de Presidencia del Gobierno para ejercer funciones de asistente de Gómez. Sobre este punto, la acusación afirma que la esposa del presidente ejerció una «presión moral eficiente sobre la voluntad de los intervinientes» en el nombramiento, logrando que no se valorara la «falta de experiencia laboral previa» ni la «falta de titulación» de Álvarez, cuyo desempeño «no comprendía nunca la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral, universitaria o societaria» de la investigada.
Para la propia Cristina Álvarez, la acción popular reclama una condena de 22 años de prisión, considerándola autora de malversación y cooperadora necesaria en el resto de los ilícitos. Por su parte, para el empresario Juan Carlos Barrabés se solicitan seis años de cárcel por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El escrito detalla que Barrabés mantuvo reuniones en el complejo de La Moncloa a invitación de Gómez «con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder», y que la investigada firmó cartas de apoyo a la UTE liderada por el empresario en procesos de adjudicación de Red.es. Según Hazte Oír, tanto la firmante como el receptor «eran conscientes de la trascendencia y capacidad de influencia de tal firma» sobre los funcionarios encargados de resolver las licitaciones.
El software
En cuanto al delito de apropiación indebida, la acusación se centra en el registro a nombre de Gómez de la marca y el dominio de la plataforma tecnológica desarrollada para la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El escrito mantiene que lo hizo con la intención de «controlar de forma exclusiva, apropiarse y explotar en beneficio personal o de terceros» un software generado en el ámbito universitario. Se incide además en que impulsó dicha cátedra «pese a no ser licenciada universitaria» y sin un proceso de selección «equiparable al ordinario» de la institución.
Dada la relevancia del procedimiento, que se dirimirá ante un jurado popular, la acusación popular ha solicitado asimismo la imposición de medidas cautelares para los tres encausados, consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional sin permiso judicial y la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado. Además, interesa que Pedro Sánchez sea citado a declarar en calidad de testigo durante la vista oral.
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