El Gobierno publica una lista con las principales cláusulas ilícitas detectadas en contratos de alquiler de viviendas
Regala esta noticia Añádenos en Google Cartel de 'Se Alquila' en un piso. (Antonio Tanarro) 22/05/2026 a las 07:09h.Gastos de gestión del contrato, más de un mes de fianza o dos meses de garantía e incluso vincular la devolución de la fianza al ... cumplimiento de la duración total del arrendamiento. Estas son algunas de las prácticas abusivas que más se repiten en los contratos de alquiler de viviendas, según una lista que dio a conocer este viernes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La lista de Consumo incluye seis prácticas abusivas comunes. La primera hace referencia al pago de honorarios por parte del arrendatario a la inmobiliaria por gestionar o formalizar el contrato de alquiler. En segundo lugar, se encuentra el pago de más de un mes de fianza o dos meses de garantía, que es el máximo fijado por la ley.
Asimismo, la ley de vivienda reconoce como abusivas aquellas cláusulas no negociadas individualmente. Por tanto, resulta determinante que el contenido contractual haya sido efectivamente negociado por el arrendatario y no impuesto de forma unilateral.
Incumplir el contrato sale caro
Las otras tres cláusulas abusivas tienen que ver con la interrupción o incumplimiento del contrato de alquiler. Así, Consumo considera ilícito pactar indemnizaciones desproporcionadas por demora en el desalojo y retener parte de la fianza depositada por el arrendatario si no se cumple el contrato hasta el final. A partir de los seis meses de estancia en la vivienda, el inquilino tiene derecho a rescindir el contrato sin penalizaciones adicionales.
Por último, también se consideran nulos los gastos asumidos por el arrendatario si el incumplimiento del contrato de alquiler deriva en un proceso judicial.
Además de ejercer labores de vigilancia, Consumo remitirá en los próximos días estas cláusulas tanto a las organizaciones representativas del sector arrendador, como patronales e inmobiliarias, como a las entidades representativas de los arrendatarios. El objetivo es contribuir a prevenir posibles vulneraciones y favorecer una correcta aplicación de la ley, aseguraron fuentes del Ministerio.
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