El Tribunal de Instrucción número 4 de Cartagena (Murcia) ha citado a declarar como imputados a los cargos de Vox que usaron la firma digital de José Ángel Antelo para ratificar su propio cese como portavoz del grupo parlamentario regional. Algo que ex vicepresidente de la Región Murcia denunció como una «falsificación».
La citación, a la que ha accedido EL MUNDO, sitúa como investigados a A. H. y a A. P., asesor y coordinadora del grupo parlamentario, precisamente, por un presunto delito de «falsificación de documentos». Este delito, según el artículo 390 del Código Penal, "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años".
El juez Raúl Sánchez Conesa también cita, como testigo, a Virginia Martínez, que fue la única diputada del grupo parlamentario que se negó a suscribir el cese de Antelo, que ahora es miembro del Grupo Mixto.
Esto último resultó crucial, porque se necesita el voto unánime de los parlamentarios para poder cesar al portavoz. Al no tenerlo, Vox usó la firma de Antelo para consumar su propio cese.
Fue el 3 de marzo de este año cuando los diputados de Vox en la Asamblea de Murcia acordaron, «por mayoría absoluta», relevar a Antelo del cargo de portavoz y expulsarle del grupo parlamentario. La decisión de reemplazarlo, según informó el partido en un comunicado, se trasladó a la Mesa de la Asamblea «para su toma en consideración a todos los efectos». Sin embargo, Antelo denunció pública y judicialmente que se «falseó» el uso de su firma digital personal, de la que él era el único responsable, «y no el partido», para hacer efectivo su relevo.
«Han falsificado mi firma, ver para creer», escribió Antelo en su perfil en redes sociales. «Parece una broma, pero desgraciadamente no lo es. Utilizar la firma de una persona para que solicite su propio cese demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar», señaló en ese momento el diputado.
«Nadie ha firmado en nombre de Antelo, eso es rotundamente falso», señaló el diputado autonómico Rubén Martínez, elegido para sustituir al dirigente en la portavocía de Vox en la Asamblea. «No se ha falseado absolutamente nada. El certificado del grupo parlamentario corresponde al grupo parlamentario, es del grupo parlamentario», sostuvo, señalando que hasta ahora Antelo era la «persona física detrás de» ese certificado por ser el portavoz, pero no su titular.
Antelo asegura justo lo contrario, que él tenía toda la responsabilidad personal de aquellas cosas que firmase como portavoz del partido. Ése es el debate jurídico. «Lo que está haciendo Antelo es secuestrar la voluntad del grupo parlamentario», opina, por el contrario, Martínez.
Hay que recordar que las presuntas irregularidades de los diputados de Vox ya hicieron sonar las alarmas en la Mesa de la Asamblea. De hecho, la letrada del parlamento autonómico paralizó en su momento la tramitación de dicho escrito y dejó constancia en un informe de las posibles responsabilidades delictivas de los hechos.
Antelo siempre se ha mostrado convencido de que este tipo de decisiones «no se toman de forma aislada» y de que quienes materializaron estos hechos actuaban «siguiendo instrucciones superiores». O sea, de la dirección nacional de Vox. «Los trabajadores cumplen órdenes; quienes deben responder son quienes las dan. La responsabilidad política no puede esconderse detrás de terceros», llegó a decir.
A su juicio, «nadie en su sano juicio utiliza la firma de otra persona sin su consentimiento», y menos para proceder a su propio cese sin tener la unanimidad de los votos, pues estas actuaciones atentan contra «los principios más elementales del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica».