Organismos públicos como el Banco de España, CNMV o la CNMC tienen ahora cúpulas nombradas con mandatos que se prolongan hasta más allá de 2030
Regala esta noticia Añádenos en GoogleJosé A. González y Cristina Cándido
11/10/2026 Actualizado a las 00:12h.El ... 16 de la calle Ibáñez, la calle Buenos Aires de Bilbao, el carrer de Calàbria o el Passatge de Bofill. También lo seguirán con máximo interés en las plantas nobles de Telefónica, Navantia, Indra, Redeia o Enagás. Ellos no se juegan escaños ni senadores, se juegan quizá algo más valioso: el sillón de algunas de las empresas más importantes del país. El Estado es accionista de diez compañías cotizadas, siete de ellas pertenecientes al Ibex-35, con participaciones que rondan conjuntamente los 50.000 millones de euros a precios de mercado. A eso se suma la galaxia de sociedades íntegramente públicas que orbitan alrededor de la SEPI, el brazo inversor del Gobierno. Dos mundos distintos jurídicamente, pero en la órbita de influencia de Moncloa.
nombrar a Marc Murtra. El relevo llegó después de que el Estado alcanzara el 10% de la operadora y la propia compañía lo vinculó a su «nueva estructura accionarial».En Indra el peso público volvió a hacerse visible un año después. Ángel Escribano recibió fuertes presiones desde, concretamente, la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 dirigida por Manuel de la Rocha, en plena crisis por la eventual integración de la empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering en el gigante español de defensa. La SEPI, primer accionista con un 28%, expresó públicamente su preocupación por el conflicto de interés; un día después se retiró la operación y el 1 de abril Escribano dimitió. Le sustituyó Ángel Simón. No eran episodios aislados. En 2021 la SEPI ya había impulsado la salida de Fernando Abril-Martorell de Indra bajo el argumento de que el primer ejecutivo debía contar con la «plena confianza de su principal accionista».
El Estado tiene presencia en diez cotizadas, siete de ellas del Ibex 35, y controla además una amplia red de sociedades públicas a través de la SEPI
Un año después, la salida de varios independientes del consejo provocó incluso una investigación de la CNMV. En Red Eléctrica, Jordi Sevilla dimitió en 2020 alegando «restricciones externas sobrevenidas» tras meses de fricciones regulatorias; y en Aena, Maurici Lucena llegó a la presidencia apenas mes y medio después de la moción de censura de 2018.
Desde que la SEPI reforzó su posición en Indra y entró en Telefónica, ambas compañías han acumulado además casi un centenar de movimientos entre altos cargos y consejeros. Los mecanismos no son idénticos, pero el patrón se repite: cuando el Estado tiene una posición accionarial relevante, su influencia sobre las cúpulas va mucho más allá de cobrar dividendos.
El brazo ejecutor
En el centro de ese mapa está la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. Su presidencia, a diferencia de lo que ocurre en una cotizada, sí depende directamente del poder político: la nombra el Gobierno mediante real decreto. Su capacidad no termina en las empresas que controla al 100%. También autoriza, a propuesta de su presidencia, el nombramiento de los consejeros que representan al holding público en sus participadas. En Telefónica, Carlos Ocaña representa a la SEPI y es además vicepresidente; en Redeia, el Estado tiene asiento propio en el consejo, ocupado por José Luis Navarro; y en Enagás, la voz de la sociedad estatal es Bartolomé Lora.
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movimientos de consejeros
se han registrado en Indra y Telefónica desde que la SEPI reforzó su posición en ambas compañías
Desde marzo de 2021 ese engranaje lo dirige Belén Gualda, ingeniera de Caminos y anteriormente presidenta de Navantia. Su posición llega además a las elecciones con un frente judicial abierto. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó el pasado junio investigarla, junto a otras 24 personas, dentro de una pieza del denominado caso Leire Díez. La causa continúa abierta y su condición de investigada no implica culpabilidad.
Un cambio de Gobierno colocaría, por tanto, la propia presidencia de SEPI entre los puestos más directamente expuestos a un relevo. Y existe un precedente particularmente elocuente. Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. Siete semanas después, el 19 de julio, el consejo de administración de la SEPI aprobó de una tacada el relevo de ocho presidentes de empresas públicas.
La SEPI relevó de una tacada a los presidentes de Correos, Navantia, Tragsa, Hunosa, Enusa, EFE, Saeca y Cetarsa el 19 de julio de 2018, apenas siete semanas después de la moción de censura
Los perfiles de algunos de los elegidos dejaban poco espacio para la ambigüedad sobre su procedencia. Serrano llegaba directamente de la jefatura de Gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE. Berlanga lo hacía con una trayectoria vinculada al socialismo valenciano. Aquella primera tanda fue solo el comienzo. Algunos de los nombrados aquel verano continúan hoy en sus puestos -Jesús Casas en Tragsa o Juan Andrés Tovar en Cetarsa- mientras que por otras presidencias han pasado varios nombres.