Inician una campaña para incluir al Sáhara en la Ley de Memoria y que España repare a las víctimas de la represión

Una bandera de 'Sáhara Libre', en la T1 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Un centenar de entidades aseguran que los ataques de Marruecos contra los saharauis no habrían sido posibles sin la desprotección de España. Acudirán al Ministerio de Memoria Democrática para formalizar su petición.

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Más de un centenar de organizaciones españolas y saharauis, han pedido al Gobierno que incluya el Sáhara Occidental en la Ley de Memoria Democrática en busca de "verdad, justicia y reparación".

Así lo exponen en un manifiesto al que ha accedido este periódico, donde piden a la Comisión de la Verdad acceder a los archivos oficiales, que se investigue lo ocurrido y que las víctimas participen en ese proceso.

La Comisión de la Verdad es el órgano creado por la ley para investigar y documentar los abusos de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Estas asociaciones darán un paso más este jueves: acudirán al Ministerio de Memoria Democrática con una denuncia por violaciones de derechos humanos durante la guerra de Ifni (1957) y la dictadura.

La denuncia la impulsan la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara).

El objetivo, según las entidades, es que las conclusiones de ese Comité de la Verdad incorporen medidas concretas que "reparen la memoria de quienes padecieron la represión en el Sáhara Occidental, asegurando su reconocimiento oficial y la asunción de responsabilidades por parte del Estado español".

"Esto complementaría el proceso de memoria democrática española y reconocería que el abandono expuso a la población saharaui a graves violaciones de derechos humanos", afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL Abdeslam Aomar Lahsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis.

"El abandono español y la posterior ocupación marroquí dejaron a la población saharaui en una situación de vulnerabilidad extrema, con decenas de miles de refugiados huyendo hacia campamentos en Tinduf (Argelia) y otros enfrentando la represión en los territorios ocupados", denuncia Lahsen.

De hecho, las reivindicaciones actuales parten de un informe realizado por este líder activista en 2025, Saharauis, las otras víctimas del franquismo y el postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, donde se analiza la responsabilidad de España y se considera que el pueblo saharaui sigue bajo su responsabilidad en cuanto a potencia administradora del Sáhara Occidental.

En el acto del jueves entregarán ejemplares de este estudio a cada uno de los 20 miembros que conforman la Comisión de la Verdad.

Esta investigación, apoyada por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa), documenta distintos episodios represivos sufridos por la población saharaui.

Entre ellos la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla y múltiples desapariciones ocurridas durante la retirada española, como la del líder saharaui Mohamed Basir, conocido como Basiri y considerado el primer gran mártir del movimiento de liberación saharaui, precursor del Frente Polisario.

"Marruecos llevó a cabo una campaña de exterminio sistemático contra la población saharaui, especialmente tras la invasión iniciada el 31 de octubre de 1975, que incluyó ataques aéreos indiscriminados contra campamentos de refugiados en Um Draiga, Tifariti y Amgala", reza en el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional, dictado por Fernando Grande-Marlaska, entonces juez y ahora ministro del Interior.

En ese mismo texto jurídico se reconoce que España "tenía la responsabilidad de proteger a la población de dicho territorio no autónomo del que es potencia administradora de iure".

En las aulas

En noviembre de 1975, en plena agonía de Francisco Franco, España firmó los Acuerdos Tripartitos con Marruecos y Mauritania para entregar el Sáhara Occidental, "pero estos acuerdos nunca fueron reconocidos por Naciones Unidas, como confirma el auto 40/2014", defiende Abdeslam Aomar.

Por lo tanto, asegura que España tiene las obligaciones, "como recogen los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas", de "promover el bienestar y la autodeterminación del pueblo saharaui y obviamente proteger a la población saharaui contra cualquier abuso".

Sin embargo, España se considera desligada de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la Administración del Sáhara Occidental "desde la carta enviada el 26 de febrero de 1976 por el representante permanente de España ante Naciones Unidas al secretario de Naciones Unidas".

Así lo expuso el Gobierno en 2020 en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la entonces diputada Inés Sabanés, de Más País Equo.

Entre las peticiones de memoria histórica también está incluir en los currículos educativos el estudio del colonialismo español en el Sáhara, que desapareció de los manuales después de 1976.

Precisamente, el PSOE ha presentado una iniciativa en la Comisión Constitucional del Congreso y una moción en el Senado para reforzar la memoria democrática en el ámbito educativo.

El plan incluye una revisión de los programas educativos para profundizar en las consecuencias de vivir bajo regímenes dictatoriales y en las distintas formas de violencia ejercidas durante el franquismo.

Abdeslam asegura que el grado de reparación "dependerá en última instancia de la voluntad política española y por lo tanto del equilibrio y de fuerzas políticas del Estado español claramente favorables en la actualidad al pueblo saharaui".

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