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Interior gasta casi 4 millones en maletas antidrones para las cárceles con equipos que sólo funcionan 5 horas seguidas

Interior gasta casi 4 millones en maletas antidrones para las cárceles con equipos que sólo funcionan 5 horas seguidas
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El contrato contempla el uso de equipos que no ofrecen una cobertura permanente, salvo que exista algún sistema alternativo. Más información: La firma que vendió a Interior las pistolas defectuosas opera desde un paraíso fiscal

Marlaska, junto al secretario general de Instituciones Penitenciarias, en la visita a una cárcel de Madrid, en una imagen de archivo. Europa Press

España PRISIONES Interior gasta casi 4 millones en maletas antidrones para las cárceles con equipos que sólo funcionan 5 horas seguidas

El contrato contempla el uso de equipos que no ofrecen una cobertura permanente, salvo que exista algún sistema alternativo.

Más información: La firma que vendió a Interior las pistolas defectuosas opera desde un paraíso fiscal

Publicada 26 agosto 2026 06:30h Las claves

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El Ministerio del Interior ha destinado cerca de cuatro millones de euros a dotar de sistemas antidrones a los centros penitenciarios.

Lo ha hecho mediante un contrato tramitado por el procedimiento de emergencia que, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha terminado proporcionando a las cárceles equipos portátiles con una limitación de uso de cinco horas consecutivas.

El contrato fue adjudicado a Telefónica Ingeniería de Seguridad, actualmente denominada Telefónica Defensa y Seguridad, al amparo de un expediente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La declaración de emergencia fue aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2025.

No obstante, los primeros sistemas comenzaron a llegar a los centros penitenciarios durante la primavera de 2026.

La documentación interna sobre el material describe el dispositivo como una "maleta antidrón portátil", acompañada de un equipo de inhibición y una antena.

En las instrucciones remitidas por la empresa a los centros se especifica que se trata de un dispositivo de detección portátil, "no un dispositivo fijo estacionario", que debe apagarse después de su utilización y que no puede emplearse durante más de cinco horas consecutivas. También se recomienda realizar un reseteo diario.

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La limitación resulta especialmente relevante porque los sistemas se han adquirido para proteger instalaciones penitenciarias frente a una amenaza que puede producirse en cualquier momento.

La propia documentación contempla, por tanto, un equipo que no ofrece una cobertura permanente, salvo que exista algún sistema alternativo fuera de esas cinco horas.

Sin embargo, el sistema todavía no ha sido utilizado, según señalan fuentes penitenciarias: "Están en un almacén cogiendo polvo. Nadie sabe utilizarlo ni es operativo. Cuando entra el dron no avisa, descarga y se va. ¡Ni te enteras!".

La adquisición ha generado además sorpresa en la propia Institución Penitenciaria, que habría quedado al margen de la operación.

Según fuentes sindicales, el contrato se habría realizado a espaldas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hasta el punto de que ni siquiera el director de Seguridad de los Servicios Centrales, José Luis López Novo, tenía conocimiento de la contratación.

Este responsable es precisamente el encargado de coordinar los medios y sistemas de seguridad de los centros penitenciarios.

Las mismas fuentes aseguran que la llegada de estos equipos ha provocado "sorpresa, asombro y extrañeza" entre los responsables penitenciarios, al considerar que el material adquirido no responde a las necesidades reales de protección de las cárceles.

A ello se añade otra cuestión sobre la instalación. En una de las documentaciones examinadas aparece una anotación manuscrita que sitúa finalmente el equipo en zonas bajas próximas al Cuerpo de Guardia y a pocos metros de una toma eléctrica, pese a que el requerimiento inicial contemplaba ubicaciones elevadas y zonas sensibles del centro.

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El sindicato reclama conocer si ese cambio responde a limitaciones técnicas del propio sistema y qué consecuencias tiene sobre su capacidad de detección e inhibición.

También existen dudas sobre la formalización de la recepción del material. Un acta de material en depósito fechada en junio de 2026 recoge la entrega de la maleta de detección, el equipo de inhibición y la antena con sus respectivos números de serie.

El documento señala que la recepción del material ya se habría producido previamente por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad y que la recepción definitiva se produciría automáticamente una vez transcurrido el periodo de garantía si no existe reclamación en el plazo establecido.

Sin embargo, en la copia del acta examinada por el sindicato el espacio reservado para la firma "por el cliente" aparece en blanco.

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) reclama que se aclare si los centros penitenciarios realizaron una validación técnica formal de los equipos y quién certificó su funcionamiento.

El procedimiento utilizado para contratar el sistema también está en el centro de las preguntas. Al tratarse de una tramitación de emergencia, la Administración pudo recurrir a una adjudicación directa sin una licitación ordinaria con concurrencia de ofertas.

TAMPM considera necesario conocer cuál fue la memoria que justificó la emergencia, qué criterios técnicos y económicos se utilizaron y si se consultó a otras empresas antes de adjudicar el contrato.

Tu Abandono, principal organización sindical de funcionarios de prisiones, es quien ha puesto estas cuestiones en conocimiento de este periódico y reclama explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría de Estado de Seguridad.

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La organización sostiene que llevaba años reclamando sistemas eficaces de protección frente a los drones y que no cuestiona la necesidad de proteger las cárceles, sino las condiciones en las que se ha ejecutado esta adquisición.

“No cuestionamos que las prisiones necesiten protegerse frente a drones; cuestionamos que se presente como una gran solución de seguridad lo que, según la propia documentación de la empresa, es un equipo portátil con importantes restricciones de uso y sin una recepción técnica claramente formalizada por parte de la Administración”, señala un portavoz de TAMPM.

El sindicato reclama además que Interior publique la memoria justificativa de la emergencia, detalle los criterios utilizados para la adjudicación y el precio del contrato, concrete los centros incluidos, explique qué cobertura existe fuera de las cinco horas de funcionamiento y aclare la formación que recibirá el personal encargado de operar o convivir con estos sistemas.

TAMPM pide finalmente una evaluación independiente de la eficacia real de los equipos frente a los drones y que se acredite formalmente la recepción técnica del material por cada centro penitenciario. “Los trabajadores de prisiones necesitamos seguridad real, no anuncios”, sostiene la organización.

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