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Varios inversores con laudos favorables por un total de 690 millones de euros inician los requerimientos legales para embargar bienes españoles. Entre las opciones, analizan incluso la posibilidad de intervenir cobros y pagos ligados a la participación de la selección española en el Mundial.
Los inversores afectados por los recortes a las primas de las renovables dan un paso clave en su ofensiva legal para el cobro de sus laudos. Varios inversores que han ganado arbitrajes por un total de unos 690 millones de euros se han unido en una acción coordinada para iniciar los requerimientos legales para el embargo de bienes de España en Estados Unidos, un país donde han conseguido registrar siete laudos en el último año.
Entre estas resoluciones, destaca la de NextEra, que le concedía una indemnización de 290,6 millones de euros. Los demás laudos tienen que ver con los casos de Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), Watkins (79,5 millones), Rreef (74 millones), 9Ren (44 millones), Cube (40,2 millones) e InfraRed (35 millones). Los derechos de cobro de algunos de estos arbitrajes, como el de Watkins y Rreef, pertenecen al fondo Blasket.
El registro de estos siete laudos por parte de la Corte de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que implica su reconocimiento como sentencias plenamente ejecutables en el país, ha abierto la puerta a que los inversores recurran a mecanismos procesales destinados a identificar y, eventualmente, embargar activos del Estado español en el país.
Estos inversores ya han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales adicionales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde creen que existen activos susceptibles de embargo.
De forma adicional, han puesto en marca procedimientos formales de descubrimiento de activos -discovery orders, como se conoce este procedimiento en inglés- y se han emitido requerimientos judiciales dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos vinculados al Estado, a las que se requiere la aportación de documentos.
Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo.
Según explican los inversores, estos requerimientos se han dirigido por ahora a instituciones financieras y empresas participadas por el Estado español como Sepi, Renfe, Enaire e Ineco. El foco se dirige incluso a sociedades involucradas en la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.
En este sentido, analizan la posibilidad de intervenir cobros o incluso el eventual pago de facturas que pueda realizar la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación con la estancia en el país del equipo nacional, que disputará sus dos primeros partidos de la competición en la ciudad de Atlanta.
Estas medidas, que son habituales en procedimientos de ejecución internacional, buscan hallar bienes o derechos del Estado español en terceros países que puedan ser objeto de ejecución.
Los avances de los inversores en Estados Unidos se producen en paralelo a los logrados en tribunales de Singapur, Reino Unido, Bélgica y Australia, donde también han logrado sentencias favorables en los últimos meses y donde también buscarán la ejecución de estos laudos.
CINCO VÍAS PARALELAS
- Además de Estados Unidos, los inversores han abierto vías en otros cuatro países para cobrar sus laudos. Entre ellos se encuentran Singapur y Australia, donde un Tribunal Federal ordenó la ejecución de cuatro laudos por un valor total de 469 millones.
- En Bélgica se han aprobado varios procedimientos de embargo, que han bloqueado 482 millones en los flujos de pago que Eurocontrol debía transferir a Enaire.
- En Reino Unido, los intereses de demora acumulados con los acreedores crecen al 8%, tras una sentencia que dictó hace un mes el Supremo británico.
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