Julio Iglesias, en una imagen de archivo. E.E.
Tribunales Julio Iglesias reprocha a la fiscal que no garantice su derecho a defenderse y pide acceder a la denuncia de dos exempleadasEl abogado del artista afirma en un nuevo escrito que es "el único legitimado que no dispone de la denuncia", que sí conocen dos medios y una ONG.
Más información: La Fiscalía no acepta que Julio Iglesias pueda intervenir en las diligencias abiertas
María Peral Publicada 21 enero 2026 10:10h Actualizada 21 enero 2026 10:10hLas claves nuevo Generado con IA
La defensa de Julio Iglesias critica que la fiscal de la Audiencia Nacional no le permite acceder a la denuncia presentada por dos exempleadas por presuntos abusos.
Las exempleadas acusan a Iglesias de tocamientos indeseados, agresiones sexuales y condiciones laborales abusivas entre enero y octubre de 2021 en República Dominicana y Bahamas.
El abogado de Iglesias sostiene que la fiscalía debe garantizar el derecho a la defensa desde el inicio del proceso y cuestiona la jurisdicción española para investigar los hechos.
La defensa argumenta que la denuncia ha sido difundida públicamente y que solo Iglesias, como denunciado, no tiene acceso a ella, lo que considera una vulneración de sus derechos.
El defensor del cantante Julio Iglesias ha reaccionado a la negativa de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, de no permitirle intervenir en las diligencias preprocesales abiertas hace dos semanas tras la denuncia presentada por dos exempleadas.
La denuncia, adelantada por eldiario.es y Univisión, se refiere a presuntos tocamientos indeseados, agresiones sexuales, vejaciones, actitudes de control y condiciones esclavistas de trabajo que se habrían desarrollado de enero a octubre de 2021 en las residencias de Iglesias en la República Dominicana y Bahamas.
El abogado José Antonio Choclán ha presentado este miércoles un nuevo escrito, conocido por EL ESPAÑOL, en el que considera que Durántez no está velando por el derecho de defensa de Julio Iglesias.
A su juicio, la fiscal tiene el deber de garantizar el derecho a la defensa desde la incoación de las diligencias, ya desde el momento inicial de dirimir la jurisdicción española para investigar unos hechos que no han sido denunciados en los lugares donde supuestamente se cometieron.
"No procede en el momento presente admitir la personación pretendida, habida cuenta que estamos en un momento inicial, en el que prima facie [a primera vista] hemos de determinar la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos denunciados", indicó Durántez en un decreto del pasado lunes.
La fiscal contestaba así a la petición de la defensa de personarse en las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía.
"Se desprende del decreto notificado que la Fiscalía no va a practicar diligencia alguna, sino solo comprobar a partir del propio texto de la denuncia (prima facie) la jurisdicción de la Audiencia Nacional", señala el defensor en su escrito.
"Sin embargo, aunque así fuera, para dilucidar la mera cuestión procesal (la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional) es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal".
Y ello "ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias, y la manifiesta falta de jurisdicción de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial".
El decreto de la número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es irrecurrible. Por ello, el letrado señala que "nos reservamos el ejercicio de las acciones que procedan en solicitud del oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales que consideramos vulnerados".
Añade que es "un hecho notorio" que la denuncia de las dos extrabajadoras de Julio Iglesias es conocida no solo por la Fiscalía sino también "por terceros distintos de las denunciantes, a saber, como mínimo, la organización internacional Women’s Link Worldwide y al menos dos medios de comunicación".
"Se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado", se queja, "lo que resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional".
Por ello, reclama a Durántez que, "presentando un indudable interés legítimo, se nos proporcione copia de la denuncia".
Julio Iglesias es "el único legitimado que no dispone de copia de la denuncia, que, sin embargo, ha accedido de modo notorio a terceros", reprocha.
Jurisdicción
La defensa sostuvo en un primer escrito dirigido a la fiscal el pasado lunes que no puede invocarse la necesidad de la reserva de la información "en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia".
"Al haber convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático, que suscita el debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer", sostenía.
La defensa también considera que los Tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer de esa denuncia.
A su juicio, el criterio de atribución de la jurisdicción consistente en la comisión de delitos en el extranjero por un ciudadano español "es siempre subsidiario, siendo preferente el de territorialidad (lugar de comisión)".
De este modo, solo cuando no se pueda perseguir el hecho por el Estado del lugar de comisión podrá considerarse la posible jurisdicción española, defiende.
Además, "ninguno de los delitos que incorpora la denuncia publicada pertenece al repertorio de aquellas infracciones penales que pueden ser perseguidas por los tribunales españoles, sea cual fuere el lugar de comisión, y también resulta notorio que las víctimas son españolas ni residen habitualmente en España".
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Por ello, la defensa de Iglesias sostiene que la Fiscalía debe remitir "sin más trámite" a las denunciantes a los Tribunales "a los que corresponde conocer preferentemente el asunto", que son los de los lugares de presunta comisión de los hechos.