La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este martes. Efe
Política Julito, el amigo de Zapatero, ilocalizable: el BOE lo citará a la 'comisión Koldo' y se arriesga a una pena de cárcel si no acudeEl PP forzará la citación por edicto en el BOE de 'Julito', el amigo de Zapatero que cobró de Plus Ultra y le pagó "consultorías", tras dos intentos fallidos de Interior para localizarle y entregarle la citación.
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Alberto D. Prieto Publicada 5 marzo 2026 12:43h Actualizada 5 marzo 2026 12:49hLas claves nuevo Generado con IA
Julio Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, está "ilocalizable" para el Ministerio del Interior.
El Senado se prepara ahora para llamarle a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El empresario se arriesga a una pena de cárcel si no acude a la comisión de investigación del caso Koldo.
Así lo anunció este miércoles la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.
Los populares lo citarán a través del BOE después de que el Departamento deFernando Grande-Marlaska haya comunicado, por segunda vez, que no ha sido capaz de localizarlo para que declare el próximo 9 de marzo.
Ya había sido citado para el 26 de febrero pasado, pero Interior no logró dar con él, según alegaron oralmente responsables del Ministerio a la Mesa de la comisión de investigación.
Zapatero admite que sabía que 'Julito' Martínez trabajaba para Plus Ultra cuando le pagaba a él como consultor"Hasta aquí hemos llegado", zanjó García ante los medios en Salamanca. "Se acabaron las excusas del Gobierno para que Julito, el amigo de Zapatero que le pagó en consultorías fantasma lo que había cobrado del rescate de Plus Ultra, no rinda cuentas en el Senado", añadió.
Los populares consideran que las "asesorías globales" de Zapatero quedaron desacreditadas en la comisión como "meros corta-pega sacados de internet".
Este periódico tuvo acceso al informe del PP, que sometió al análisis de la Inteligencia Artificial los dosieres firmados por el expresidente que así lo acreditarían.
El PP recuerda, además, que ya hubo una primera citación frustrada del amigo de Zapatero. Entonces, Interior se dijo incapaz siquiera de intentar localizarlo, alegando que "hay muchos Julios Martínez Martínez en España" y que no podía identificar al que investiga la comisión Koldo.
Los populares consideran que esa negativa evidencia la "falta de colaboración" del Gobierno con la labor de control del Senado. "El juego del gato y el ratón ha llegado a su fin", advirtió García.
"No vamos a dejar que el Gobierno tome el pelo a los españoles para que no se sepa la verdad de los negocietes personales y familiares de Zapatero".
Según la portavoz, el expresidente, que fue acorralado el pasado lunes en su comparecencia ante el interrogatorio de Fernando Martínez Maíllo, hizo un “negocio redondo” gracias al rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
El Estado inyectó 53 millones a la compañía a través del fondo de la SEPI. "Medio millón fue a la empresa de su amigo y su amigo le facturó la misma cantidad a Zapatero por asesorías fantasma", denunció García.
La portavoz popular detalló incluso el precio de esos informes. "Casi 3.000 euros por folio de asesoría", subrayó.
Para los populares, el esquema de Plus Ultra es el ejemplo de "un negocio redondo para Zapatero, su familia y el sanchismo, pero un agujero negro para los españoles que ven cómo el dinero de sus impuestos se dedica a los negocios personales de los dirigentes sanchistas".
Maíllo califica de "estafa" los informes de Zapatero para 'Julito' Martínez tras analizarlos con IA : "Son un corta y pega"Ahora, el Senado quiere que ese "pagador" de Zapatero dé explicaciones ante la comisión Koldo sobre el rescate y el papel del expresidente.
Por eso, el PP quiere que su tercera citación se haga ya por edicto en el BOE, con todas las consecuencias legales.
El Código Penal castiga a quien, debidamente citado ante una comisión de investigación de las Cortes, no comparezca sin causa legítima.
Lo hace en su artículo 502.1, con pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses por un delito de desobediencia grave.
En el PP subrayan que no es la primera vez que el Senado se ve obligado a recurrir al BOE para salvar la falta de colaboración del Gobierno.
Ocurrió con el ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, citado por su relación con el llamado caso Begoña, en el que la esposa de Pedro Sánchez está imputada por cinco delitos.
Interior alegó entonces también dificultades para localizarlo pese a tratarse de un empresario con domicilio conocido y presencia pública relevante.
Finalmente, la comisión le llamó por edicto y le advirtió igualmente de las responsabilidades penales de no comparecer.
El mismo patrón se repitió con Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar.
Todos estos protagonistas comparten algo más que su relación con tramas de presunta corrupción.
Están vinculados al entorno político y personal más cercano al presidente del Gobierno: su esposa, su número dos orgánico y el expresidente que hoy ejerce de principal consejero de Sánchez.
Zapatero, además, es el enviado especial del presidente a las negociaciones con Carles Puigdemont en Suiza.
Y actúa como enlace del Gobierno con dictaduras como la china y la venezolana, según denuncian reiteradamente los populares.
Por eso, el PP acusa al Ejecutivo de proteger a quienes podrían comprometer ese círculo de poder.
Y señala directamente al Ministerio de Marlaska por una cadena de supuestas "casualidades" que siempre acaban en la misma conclusión: los testigos incómodos no aparecen.