Los empresarios Julio Martínez Martínez (amigo de Zapatero) y Víctor de Aldama.
Tribunales 'Julito' Martínez, pendiente de la condena de Aldama: un test que le hará decidir si colabora en la investigación a ZapateroAsesores del antiguo amigo del expresidente socialista le recomiendan hablar con la Fiscalía para sondear el horizonte penal del empresario, estrategia en la que juega un papel relevante la nueva defensora, la exfiscal Márquez de Prado.
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María Peral Publicada 1 junio 2026 02:23h Las clavesLas claves Generado con IA
José Luis Rodríguez Zapatero y Julio, Julito Martínez, han sido amigos desde hace más de 15 años. "Ahora no tienen relación", aseguran fuentes que conocen la situación desencadenada por el proceso penal sobre los fondos públicos que habría desviado a paraísos fiscales la aerolínea Plus Ultra tras recibir un rescate de 53 millones de euros.
Un rescate en el que, según las investigaciones iniciales del juez José Luis Calama, habría intervenido la red de influencias "liderada" por el expresidente del Gobierno.
Rodríguez Zapatero y Julio Martínez "se vieron hace pocas semanas", un encuentro extraordinario porque el expresidente socialista ha cortado la comunicación con su antiguo amigo, "no le ha cuidado", algo que las fuentes consultadas consideran "un error".
Martínez era calificado por los directivos de Plus Ultra como una "lacayo" de Zapatero, pero tiene toda la información sobre los contactos con la aerolínea previos al rescate, la estructura societaria que pagaba al expresidente y a sus hijas, la relación con el régimen político y empresarial de Venezuela.
Martínez, en un estado emocional complicado tras el estallido del caso Plus Ultra y su propia detención el pasado 11 de diciembre, está en shock desde los registros a las oficinas de Zapatero y Whathefav, la empresa de sus hijas, el 19 de mayo.
El empresario no se esperaba la decisión judicial de dar a un exjefe de Gobierno, el apoyo del presidente Sánchez, el referente ético del PSOE, la condición de investigado por graves delitos de corrupción.
Julito confiaba en que Zapatero le ayudara "moviendo sus influencias". Pero ahora el propio expresidente está en peligro. Y también lo están sus hijas. Ellas son prioritarias.
En este contexto, algunos asesores que rodean a Martínez le recomiendan que sondee con la Fiscalía Anticorrupción un eventual pacto que despeje su horizonte penal. No está (aún) decidido y habrá que esperar a que preste declaración Zapatero, citado por el juez José Luis Calama para los días 18 y 19 de este mes.
Pero el fichaje de María Dolores Márquez de Prado como defensora de Julio Martínez es una noticia inquietante para el expresidente del Gobierno.
Abogada desde hace 19 años tras una insistente petición de su marido, el exmagistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Javier Gómez de Liaño, Márquez de Prado ha sido, sobre todo, fiscal y conoce a la perfección cómo funciona el Ministerio Público y cómo combinar una defensa técnica con un posible acercamiento a Anticorrupción.
Julio Martínez, José María Bueno (un letrado de la confianza del empresario, al que llamó para que le asistiera el día de su detención) y ahora Márquez de Prado están pendientes de otro factor relevante con nombre propio: Víctor de Aldama.
Este empresario está a la espera de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la trama de corrupción por la que, además de Aldama, están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García.
A diferencia de estos últimos, Víctor de Aldama optó por 'tirar de la manta'.
Concretó el papel de Ábalos y Koldo en los contratos de mascarillas por los que han sido juzgados, ha facilitado los documentos del pago de un piso de lujo alquilado a una amante del exministro, fue el primero que habló ante el juez del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como implicado en el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de Transportes, aportó información concreta sobre obras públicas que ahora investigan la UCO de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.
Pantallazo aportado por Aldama con la mano de Koldo García E.E.
Esa colaboración le valió una petición de pena notablemente inferior a la de Ábalos y García por parte del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares encabezadas por el PP (que ejercerá el mismo papel en la causa abierta a Zapatero).
El representante del Ministerio Público pidió 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para su segundo, mientras que para Aldama solicita siete años.
En su informe final, además, Luzón consideró "posible" la aplicación de la circunstancia atenuante de confesión de forma muy cualificada, como propugna la acción popular. Esta acusación bajó de siete a cinco años y dos meses de prisión su petición de pena para Aldama, con la particularidad de que no reclama más de dos años de prisión por ninguno de los delitos.
Esto abriría la puerta a la aplicación de una previsión excepcional del Código Penal que permite suspender la ejecución de las penas que individualmente no excedan de dos años, dependiendo de las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado.
Si el Tribunal Supremo acogiera la posición de la acusación popular, Aldama podría eludir el ingreso en prisión por este procedimiento penal.
El fiscal Luzón y el letrado de la acusación popular Alberto Durán./
En su intervención final, Luzón enfatizó que "la incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito, mediante la rebaja o exención de la pena, es una necesidad sentida, cada vez más, en política criminal para tener prueba de delitos que, de otra forma, difícilmente puede ser alcanzada".
"Si queremos luchar contra las organizaciones criminales", subrayó, "debemos recompensar a quienes salen del entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción".
La sentencia sobre el caso Ábalos y, en concreto, la condena que recaería sobre Aldama lanzarán un potente mensaje para Martínez y otros implicados en la investigación al expresidente Zapatero, entre ellos los empresarios venezolanos a los que afecta el proceso.
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