Junts asestará este jueves otro duro golpe a Pedro Sánchez. El partido independentista catalán votará en contra del real decreto del Gobierno que contempla el llamado "escudo social" y, con ello, provocará que éste sea rechazado por segunda vez en un mes con la mayoría alternativa que forma con PP, Vox y UPN. Pues ya decayó a finales de enero cuando el Ejecutivo presentó este paquete de medidas mezclado con la subida de las pensiones.
Así lo ha anunciado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que en su cara a cara con Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha ratificado que mañana su formación votará no, para disgusto del presidente.
La justificación que ha dado Nogueras es que el Gobierno "ha vuelto" a "mezclar" las medidas del "escudo social" con una moratoria antidesahucios, que su partido rechaza tal y como está redactada por considerar que avala las "okupaciones". "Nosotros no engañamos, vamos a votar que no", ha asegurado Nogueras, que ha advertido a Sánchez que "escudo social sí y okupaciones no".
Sánchez, visiblemente molesto, ha replicado a Nogueras que la moratoria antidesahucios que hay en el real decreto "nada tiene que ver" con la okupación y que se trata de "desalojos devenidos de vulneración social". Por eso ha terminado lamentando que Junts se dedique a "copiar" el discurso de la ultraderecha con este tipo de posiciones.
La moratoria antidesahucios del texto que se vota este jueves es diferente a la que se contemplaba en el primer real decreto que fue tumbado a final de enero, donde se prohibía en todos los casos el desahucios de las personas que dejaran de pagar el alquiler. Esto no sólo era rechazado por PP o Junts, que votaron en contra del paquete, sino también por otras fuerzas como PNV o CC, que votaron a favor a pesar de eso para salvar la subida de las pensiones.
Por eso, una vez que el Gobierno se vio obligado a reabrir el contenido del real decreto y de separar de éste la subida de las pensiones, el PSOE llegó a un acuerdo con el PNV para modificar la moratoria de modo que los pequeños propietarios no se vieran perjudicados por la prohibición de echar a los inquilinos en caso de impagos del alquiler.
En concreto, Moncloa y los nacionalistas vascos pactaron una redacción que exime a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad, descargando en los servicios sociales esta responsabilidad.
El texto exonera de esta obligación a los propietarios que tienen una o dos viviendas, siendo una de ellas la habitual y otra la que tienen en alquiler.
En el caso de un propietario en situación de vulnerabilidad con tres o más viviendas, el desahucio puede llevarse al cabo porque se entiende que se equipara la situación de vulnerabilidad de arrendador y arrendatario.